La investigación fiscal por el presunto lavado de dinero vinculado al fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz coloca bajo análisis al banco Atlas e Inmobiliaria del Este SA (IDESA), empresas vinculadas al Grupo Zuccolillo.
Según la acusación del Ministerio Público, durante el 2013 Leoz realizó 15 depósitos en efectivo por USD 5.114.300 en el banco Atlas, en apenas cinco meses. Las operaciones no guardaban relación con sus movimientos anteriores ni con su perfil económico conocido. La Fiscalía sostiene que el banco no realizó la debida diligencia ni reportó las operaciones a Seprelad.
En el 2012 ya habían surgido denuncias y sospechas sobre el entorno de Leoz. En el 2013 dejó la presidencia de la Conmebol y en el 2015 Estados Unidos lo incluyó entre los investigados en el caso FIFAgate, con un pedido de extradición por delitos financieros.
Pese a ese contexto, el 11 de febrero del 2016 el banco Atlas celebró con Leoz dos contratos de fideicomiso. Los acuerdos involucraron certificados de depósito de ahorro por unos USD 2,16 millones y G. 23.014 millones. Para la Fiscalía, los fondos tenían origen en actividades ilícitas atribuidas a Leoz durante su gestión en la Conmebol.
Dos semanas después, el 26 de febrero del 2016, Leoz suscribió contratos de fideicomiso de administración inmobiliaria. Mediante estos acuerdos, 17 inmuebles, valuados inicialmente en unos USD 1,49 millones, quedaron bajo administración de IDESA y otra inmobiliaria.
Los inmuebles habían sido adquiridos entre el 2006 y el 2011, durante la presidencia de Leoz en la Conmebol. La Fiscalía investiga si fueron comprados con recursos de origen ilícito y qué grado de conocimiento y participación tuvieron quienes intervinieron posteriormente en su administración.
Los bienes fueron convertidos en loteamientos y sus rendimientos eran depositados en el banco Atlas. La Fiscalía amplió su investigación hacia IDESA y otras empresas vinculadas a la administración de los inmuebles.
El Ministerio Público deberá determinar qué sabían las empresas que recibieron, administraron o canalizaron los activos y qué controles aplicaron. También deberá establecer si las alertas fueron ignoradas por negligencia o si existió un mecanismo deliberado para dar apariencia de legalidad a bienes y fondos de origen presuntamente ilícito.