Cristaldo recordó que en el 2003, cuando Paraguay se encontraba en default, se alcanzó un acuerdo entre el sector público, el sector privado y los actores sociales que contempló dos ejes: una reforma impositiva y la racionalización del gasto.
Según explicó, la reforma impositiva permitió aumentar la recaudación, formalizar la economía y acompañar un proceso de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Señaló que la economía pasó de USD 7.400 millones a unos USD 50.000 millones, mientras que la pobreza se redujo del 57% al 16%.
Sin embargo, afirmó que el segundo componente del acuerdo, referido a la racionalización del gasto, no tuvo el mismo avance. “Lastimosamente el tema de la racionalización del gasto no se ve, no se avanzó nada”, sostuvo.
El titular de la UGP señaló que el mal gasto incluye corrupción, prebendarismo y mala gestión. Afirmó que, salvo algunas instituciones, en este aspecto “el resto quedó como hace 20 años”.
Cristaldo cuestionó que, ante esta situación, se pretenda trasladar una mayor carga tributaria a quienes trabajan. “Mientras no se arregle el carnaval de gasto, no es moral ni éticamente correcto pedir más esfuerzo a la gente que trabaja”, manifestó.
Consultado sobre el eventual impacto de una suba de impuestos, sostuvo que su gremio no busca solamente defender los intereses del sector productivo, sino al país. En ese sentido, planteó que un incremento de impuestos podría afectar la recaudación y la dinámica económica.
“Si lo que se hizo en el 2003 fue bajar los impuestos y permitió un máximo de recaudación, vamos a subir los impuestos, ¿cuál va a ser el efecto? Va a bajar la recaudación, va a bajar la dinámica en la economía y ponemos en riesgo el proceso de desarrollo de Paraguay y podemos revertir el proceso y empezar a aumentar los pobres”, afirmó.
Cristaldo señaló además que desde el sector productivo consideran que el sistema tributario no debe ser modificado mediante parches destinados a determinados impuestos, actividades o rubros. Planteó que primero se debe ordenar el gasto y posteriormente evaluar cómo queda el sistema.
“Creemos que lo que se tiene que hacer es ordenar la casa, ordenar el tema del gasto y después veamos cómo queda y creo que va a sobrar plata”, expresó.
En relación con el costo de la ineficiencia y la corrupción, Cristaldo mencionó un cálculo atribuido al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el cual el mal gasto representa el 4% del PIB. Tomando como referencia un PIB de USD 50.000 millones, estimó ese monto en unos USD 2.000 millones.
También mencionó declaraciones del ministro del Interior sobre un supuesto perjuicio de USD 6 millones por día, aunque no precisó en la entrevista el contexto ni el alcance de esa cifra.
“Algo hace ruido, algo hay que arreglar primero para pedirle más esfuerzo a la gente”, sostuvo Cristaldo. Para graficar su posición, comparó la situación con cargar combustible en un tanque agujereado, porque, según afirmó, de esa manera no se puede avanzar lejos.