Para la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el problema no pasa simplemente por recaudar más, sino por la manera en que el Estado administra los recursos que ya tiene disponibles.
“Lo decimos con claridad: el problema es el gasto, no la inversión”, sostiene el pronunciamiento del gremio industrial. La frase resume el eje de la posición empresarial y apunta a la necesidad de revisar el gasto público antes de plantear nuevos sacrificios al sector privado.
Los industriales cuestionan que, sin esfuerzos concretos de racionalización del gasto, se pretenda aumentar la presión sobre quienes trabajan, producen e invierten. Considera inadmisible trasladar al sector privado las consecuencias de una gestión estatal que, según advierte, arrastra problemas de eficiencia.
El planteamiento no es presentado como una reacción circunstancial. La UIP recuerda que desde la reforma del 2003 se viene hablando de mejorar la eficiencia en la administración del Estado y que ese compromiso quedó reflejado en acuerdos, discursos y promesas de sucesivos gobiernos. Sin embargo, sostiene que las decisiones estructurales continúan postergándose.
Como ejemplo, menciona el frustrado intento de reforma de la Caja Fiscal ocurrido meses atrás. Para el gremio, ese episodio constituye una nueva evidencia de que las decisiones difíciles siguen siendo aplazadas, aun cuando las consecuencias terminan acumulándose sobre las finanzas públicas.
El pronunciamiento contiene además una crítica al manejo histórico del Presupuesto General de la Nación. La UIP afirma que el presupuesto fue durante años “botín del mal gasto y de decisiones administrativas irresponsables”, decisiones que, aunque pudieron resultar políticamente convenientes, terminaron siendo perjudiciales para el país y lo condujeron a la zona de riesgo en la que hoy se encuentra.
En ese contexto, la entidad industrial busca cambiar el eje de la discusión. En lugar de centrar el debate en cuánto más se puede recaudar, plantea discutir cuánto se puede gastar mejor y dónde existen ineficiencias.
La postura también representa una advertencia al ámbito legislativo. La UIP anuncia que rechazará toda iniciativa que implique un aumento de impuestos y, al mismo tiempo, convoca a un debate “serio, responsable y sin dilaciones” sobre una reforma estructural del gasto público.
La señal del sector productivo es doble. Por un lado, marca un límite frente a cualquier intento de elevar la carga impositiva sin una revisión previa del gasto. Por otro, reclama que la discusión fiscal deje de concentrarse exclusivamente en la generación de nuevos ingresos y avance hacia una transformación de la estructura estatal.
El planteamiento adquiere relevancia en un escenario en el que las necesidades fiscales del Estado vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de aumentar la recaudación. La UIP sostiene que esa no puede ser la respuesta automática. Antes de pedir un nuevo esfuerzo a empresas y trabajadores, considera indispensable demostrar que el Estado está
dispuesto a revisar sus propias estructuras, eliminar gastos innecesarios y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Para la UIP, el camino pasa por ordenar las cuentas públicas mediante decisiones que mejoren la eficiencia y reduzcan el desperdicio de recursos, antes que por exigir un mayor esfuerzo tributario a empresas y trabajadores.
El mensaje final del sector industrial busca instalar una línea roja en el debate fiscal, “una reforma estructural del gasto público tendrá acompañamiento; un aumento de impuestos sin cambios de fondo, no”.