La operación tiene como antecedente una inversión realizada en el 2014. Matrix Realty aportó USD 1.274.000 para un proyecto inmobiliario desarrollado con Paraqvaria. El dinero fue entregado en cuatro desembolsos: USD 600.000, USD 604.000, USD 40.000 y USD 30.000. La suma alcanzó exactamente USD 1.274.000.
El proyecto no avanzó como estaba previsto. El 28 de febrero del 2015, ambas empresas firmaron un contrato de compraventa mediante el cual se estableció que, con los mismos USD 1.274.000 ya entregados, Matrix Realty se quedaba con siete oficinas de la Torre II de Paraqvaria y sus respectivos estacionamientos. La Fiscalía sostiene que la inversión inicial se transformó directamente en la adquisición de esos inmuebles.
Rafael Casabianca, representante de Paraqvaria, declaró posteriormente ante la Fiscalía y detalló los desembolsos realizados por Matrix Realty. Sin embargo, en enero del 2020 no mencionó el contrato de compraventa del 2015 referido a las siete oficinas. Esta omisión impidió que el Estado incautara o decomisara los derechos que Messer tenía sobre esos bienes.
El contexto judicial de Messer se agravó en esos años. El escándalo estalló plenamente en el 2018, fue arrestado en Brasil en el 2019 y posteriormente condenado por lavado de dinero. En Paraguay, la Senabico tomó el control de sus empresas, entre ellas Matrix Realty.
En ese escenario, el 19 de julio del 2021, Paraqvaria entregó las siete oficinas al banco Atlas para constituir un fideicomiso de garantía por aproximadamente USD 1.550.000. Los inmuebles que, según la hipótesis fiscal, estaban relacionados con la inversión realizada por Matrix Realty pasaron así a respaldar una operación administrada por la entidad bancaria.
El banco Atlas sostiene que Paraqvaria figuraba como propietaria de los inmuebles en los Registros Públicos y que estos aparecían libres de gravámenes. La entidad argumenta, por ello, que no tenía forma de conocer el contrato privado celebrado con Matrix Realty.
Pero esa explicación deja planteada una cuestión central para la investigación: ¿qué controles económicos y societarios aplicó el banco antes de aceptar los inmuebles como garantía?
La discusión ya no se limita a determinar quién figuraba como propietario registral. También se debe establecer qué información fue revisada durante el proceso de debida diligencia. El material plantea preguntas concretas, si fueron examinados balances, facturas y contratos; si se investigó cómo fueron financiadas las oficinas; si Matrix Realty aparecía en la documentación de Paraqvaria, y qué verificó el área de Cumplimiento antes de aceptar los bienes.
A ello se suman conversaciones del 2024, posteriormente protocolizadas y hechas públicas, en las que Casabianca afirmó que la Fiscalía y la Senabico ya conocían el contrato y que las oficinas podían utilizarse libremente. La imputación fiscal sostiene una versión diferente, que el documento fue ocultado deliberadamente y que no fue comunicado oportunamente.
La contradicción es uno de los puntos centrales del expediente. Si las autoridades conocían el contrato, surge la cuestión de por qué los bienes no fueron incautados o decomisados. Si no lo conocían, queda pendiente determinar cómo esos activos llegaron a un fideicomiso bancario sin que su vinculación con Matrix Realty fuera detectada.
Hasta ahora, por este caso, la Fiscalía no imputó al banco Atlas por haber ocultado intencionalmente los bienes. Sin embargo, la entidad deberá exhibir la documentación relacionada con sus controles de auditoría y debida diligencia para demostrar qué verificaciones realizó antes de aceptar los inmuebles como garantía.
Una mancha más al tigre
Recordemos que el Ministerio Público también acusó a Zaldívar y a otros directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero en el caso Nicolás Leoz y la Conmebol y solicitó que la causa avance a juicio oral. La Fiscalía cuestiona operaciones millonarias, la debida diligencia aplicada y la aprobación de fideicomisos en un contexto en el que el caso FIFAgate había modificado el nivel de riesgo de los clientes. El banco niega las irregularidades y sostiene que los fondos eran lícitos y trazables.
El expediente de Paraqvaria incorpora, por tanto, una nueva interrogante sobre los procedimientos de control aplicados por el banco Atlas. La titularidad registral de los inmuebles constituye uno de los argumentos de la entidad, pero la investigación busca determinar si, además de los registros públicos, fueron examinados los antecedentes económicos y documentales relacionados con los bienes.
La cuestión de fondo no es únicamente quién aparecía como propietario en los registros. También es qué información estaba disponible, qué documentación fue revisada y qué señales pudieron haber sido identificadas antes de que los siete inmuebles ingresaran al fideicomiso.