La Fiscalía presentó en mayo la acusación contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar y otros directivos del banco Atlas por el presunto delito de lavado de dinero, en hechos vinculados con fondos de origen presuntamente ilícito relacionados con el caso Conmebol-Nicolás Leoz. Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Según la acusación, determinados fondos atribuidos a Nicolás Leoz fueron canalizados mediante certificados de depósito y estructuras fiduciarias dentro del banco Atlas. El Ministerio Público sostiene que existían señales de alerta y que no se activaron los controles antilavado.
Zaldívar ejerce la presidencia de una entidad bancaria sometida a la supervisión permanente de la Superintendencia de Bancos. La Ley N° 861/96 establece que no pueden desempeñarse como presidentes, directores o gerentes quienes hayan sido condenados por hechos punibles dolosos. Una acusación fiscal no equivale a una condena.
La misma legislación establece que los presidentes y directores deben reunir condiciones de probidad, idoneidad y experiencia, y somete la administración de las entidades financieras a las normas del BCP y la Superintendencia de Bancos.
La acusación plantea la necesidad de que el organismo regulador evalúe administrativamente los hechos investigados, los controles internos, la gestión de riesgos y las condiciones de gobierno corporativo del banco Atlas.
La causa penal continúa trabada por incidentes procesales y todavía no se realizó la audiencia preliminar que definirá si avanza a juicio oral.