Miguel Ángel “Miki” Zaldívar continúa al frente del banco Atlas pese a estar acusado por el Ministerio Público por lavado de dinero en una causa de dimensión transnacional. La investigación está vinculada con fondos atribuidos al fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz y con el FIFAgate.
La Fiscalía sostiene que Zaldívar y otros integrantes del Directorio participaron en operaciones relacionadas con esos recursos y cuestiona los controles aplicados por la entidad para prevenir el lavado de dinero. La investigación terminó con una acusación formal y un pedido de juicio oral contra integrantes de la máxima conducción del banco.
La acusación alcanza operaciones realizadas dentro del banco Atlas, fideicomisos administrados por la entidad, decisiones atribuidas a miembros de su Directorio y controles que formaban parte de las obligaciones del propio banco.
Zaldívar y otros directivos acusados continúan vinculados a la conducción de la entidad del Grupo Zuccolillo. La situación plantea además una cuestión para el Banco Central del Paraguay, organismo encargado de supervisar el sistema financiero.
La legislación permite al BCP investigar administrativamente a presidentes, directores y otros responsables de entidades financieras cuando existen actos u omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones que infringen normas bancarias y financieras.
El artículo 95 de la Ley Orgánica del BCP establece que, ante una falta grave, pueden aplicarse sanciones que incluyen la remoción del cargo y la inhabilitación de tres a diez años para volver a desempeñarse como presidente, director o administrador de una entidad sometida a supervisión del Banco Central.
La Ley General de Bancos también establece condiciones de probidad, idoneidad y experiencia para quienes integran los directorios y fija responsabilidades por operaciones irregulares y omisiones frente a incumplimientos dentro de las entidades.
La Justicia investiga la responsabilidad penal. El Banco Central puede determinar, por su parte, si existieron infracciones administrativas dentro de una institución sometida a su control.
La acusación fiscal presentada el 30 de abril del 2026 incorporó un nuevo elemento respecto de la conducción del banco Atlas. Hasta enero, el BCP había informado que no existían sumarios administrativos en curso contra la entidad. Esa respuesta fue anterior al requerimiento conclusivo mediante el cual tres fiscales solicitaron llevar a Zaldívar y a otros acusados a juicio oral.
El BCP debe determinar qué ocurrió con los fideicomisos relacionados con Leoz, qué información tenía el Directorio, qué alertas existían, qué controles fueron aplicados y si las decisiones adoptadas cumplieron las normas bancarias, antilavado y de gobierno corporativo.
Existe además un antecedente. En el 2017, el propio Banco Central concluyó un sumario administrativo contra el banco Atlas y calificó como falta grave la conducta de la entidad y de varios de sus administradores. Entre ellos estaba Miguel Ángel Zaldívar. El regulador aplicó una multa al banco y sanciones individuales a Zaldívar y a otros integrantes de aquella conducción.
La Justicia deberá resolver la responsabilidad penal de los acusados. El Banco Central debe determinar si las conductas descriptas por la Fiscalía también constituyen incumplimientos de las normas financieras y antilavado.
Zaldívar y los demás directivos acusados deben apartarse de la conducción del banco Atlas. El BCP debe ejercer las facultades que la ley le otorga como organismo supervisor.