El banco Atlas no recibió siete oficinas en una época en la que Darío Messer era apenas un cambista brasileño con negocios en Paraguay. Las aceptó en julio del 2021 cuando Messer ya había sido prófugo, estaba condenado en Brasil por lavado de dinero y Matrix Realty era públicamente relacionada con su estructura patrimonial. Por eso cuesta reducir toda la explicación a “los certificados registrales estaban limpios”.
El registro puede mostrar quién figura como propietario, pero no siempre revela quién pagó realmente por un inmueble o qué derechos económicos fueron acordados mediante contratos privados. Esa diferencia es central. Paraqvaria aparecía como titular formal de las oficinas, pero la Fiscalía sostiene que Matrix había adquirido derechos sobre ellas en el 2015, después de invertir exactamente USD 1.274.000.
El banco Atlas argumenta que desconocía aquel contrato. La pregunta es, ¿cuánto hizo para conocerlo?
Un fideicomiso de garantía no es una simple escribanía donde se reciben papeles y se archivan títulos. El fiduciario incorpora bienes a un patrimonio autónomo para respaldar una obligación. En este caso, las siete oficinas garantizaron una operación de aproximadamente USD 1.550.000. La calidad jurídica y económica de los inmuebles era, por tanto, parte esencial de la seguridad de la estructura administrada por Atlas.
El legajo tendría que mostrar si el banco examinó los balances de Paraqvaria, su contabilidad, facturas, contratos anteriores, accionistas, movimientos relevantes y declaraciones sobre posibles derechos de terceros. También debería revelar si preguntó cómo se financiaron las oficinas y si encontró alguna referencia a la empresa de Messer.
No se trataba de buscar un nombre desconocido dentro de una montaña de documentos. En el 2021, Matrix Realty ya conducía directamente a Messer. Y Messer ya conducía al lavado de activos.
La historia económica había dejado rastros. Durante el 2014, Matrix Realty realizó cuatro desembolsos por USD 600.000, USD 604.000, USD 40.000 y USD 30.000. El total fue de USD 1.274.000. En febrero del 2015 apareció un contrato por exactamente la misma suma, correspondiente a siete oficinas y sus estacionamientos. Según la tesis fiscal, el capital aportado fue convertido en derechos inmobiliarios.
¿Nada de eso aparecía en los balances, libros, facturas o antecedentes comerciales de Paraqvaria? ¿El banco preguntó de dónde provenían los bienes que recibía? ¿O comprobó solamente quién figuraba como dueño y decidió no avanzar un centímetro más?
El banco Atlas asegura que recién conoció el conflicto en febrero del 2025 y que, una vez informado, comunicó la situación al beneficiario del fideicomiso, al BCP y a las autoridades correspondientes. La explicación necesita documentos: fecha exacta de recepción, informe interno, evaluación de cumplimiento, comunicación al supervisor y medidas adoptadas sobre la garantía.
También debe explicar qué monitoreó entre el 2021 y el 2025. El fideicomiso continuó activo mientras Paraqvaria atravesaba nuevas negociaciones, cambios societarios y una tasación realizada en el 2023. La debida diligencia no termina el día de la firma. Un banco debe actualizar el conocimiento del cliente y del riesgo cuando la estructura cambia.
El problema para Atlas es que esta discusión no aparece aislada.
En el caso Nicolás Leoz, el Ministerio Público acusó a “Miki” Zaldívar y a otros directivos por presunto lavado y pidió juicio oral. La Fiscalía cuestiona depósitos millonarios, la calidad de los controles y la aprobación de fideicomisos cuando el FIFAgate ya había alterado radicalmente el perfil del cliente. El banco Atlas rechaza la acusación y sostiene que los fondos eran lícitos y trazables. La responsabilidad deberá definirse judicialmente, pero otra vez la pregunta gira alrededor de lo mismo: qué sabía el banco y cuándo decidió actuar.
El antecedente de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, agrega una sombra todavía más pesada. En el 2015, el banco Atlas concedió una línea de crédito millonaria a Biocombustible Brasilero SA, presidida por Gilberto Suárez, señalado por investigadores como supuesto prestanombre del narcotraficante. La operación estuvo respaldada por la estancia Cielo Azul, posteriormente sometida a actuaciones relacionadas con el esquema patrimonial de Da Rocha.
La Fiscalía abrió una investigación para determinar si existieron fallas de debida diligencia en el otorgamiento de créditos a personas o empresas relacionadas con aquella estructura. El banco Atlas sostiene que nunca operó con “Cabeza Branca”, que no conocía el vínculo, que Biobras demostraba solvencia y que la relación no podía ser detectada con la información disponible. Nuevamente aparece la misma defensa: el banco afirma que los papeles visibles no mostraban lo que había detrás.
¿Existe una política institucional destinada a recibir activos ilícitos? Son casos distintos y cada responsabilidad debe ser demostrada. Pero la reiteración permite formular una pregunta: ¿por qué el banco Atlas aparece repetidamente explicando que no pudo detectar a tiempo relaciones económicas que después terminaron vinculadas con investigaciones por corrupción, lavado o narcotráfico?
En el 2018, Mabel Rehnfeldt preguntaba cómo Messer había conseguido hacer “tabla rasa” de los mecanismos de prevención financiera. Era una pregunta válida y sigue siéndolo. Ocho años después, corresponde dirigirla hacia la entidad presidida por “Miki” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color.
Mabel Rehnfeldt debería aplicar al banco Atlas y al Grupo Zuccolillo el mismo rigor periodístico que exige cuando investiga a otros grupos de poder. Si frente a otros casos la cercanía, los vínculos y las responsabilidades vuelven insuficiente la explicación de que alguien “no sé”, esa misma lógica debería sostenerse también cuando los caminos conducen al grupo empresarial para el que trabaja.
El legajo de Paraqvaria puede despejar la sospecha. Si Atlas revisó balances, contratos, facturas, accionistas y origen económico de los inmuebles, debe mostrar qué encontró y por qué Matrix Realty no apareció. Si esas comprobaciones no existen, el certificado registral limpio dejará de parecer una defensa completa y comenzará a parecer una excusa conveniente.
La pregunta final ya no es únicamente si el banco Atlas conocía el contrato. Es si hizo todo lo necesario para conocerlo o si, como sugieren otros antecedentes, sus controles se volvieron extrañamente superficiales justo cuando mirar más profundamente podía complicar el negocio.