Cuando el banco Atlas, bajo la presidencia de Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, marido de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color (medio que sigue sin publicar estos y otros antecedentes judiciales vinculados con lavado de dinero y adulteración de software) incorporó en el 2021 siete oficinas de Paraqvaria a un fideicomiso de garantía, no estaba recibiendo simples paredes con un certificado registral. Aceptaba bienes para respaldar una operación de aproximadamente USD 1.550.000. Y detrás de esos inmuebles ya existía una historia económica que, según la hipótesis fiscal, conducía hasta Matrix Realty y Darío Messer.
Ahí está la pregunta que ABC se niega a realizar: ¿qué miró realmente el banco antes de aceptar la garantía?
La posición de Atlas es conocida. Paraqvaria figuraba como propietaria y las unidades estaban libres de gravámenes. El banco sostuvo que desconocía el contrato privado mediante el cual Matrix Realty habría adquirido las oficinas en el 2015 por USD 1.274.000. Eso explica por qué el documento no apareció en Registros Públicos. Pero un fiduciario profesional no administra solamente títulos: también debe evaluar la calidad jurídica y económica de los activos.
El registro muestra quién figura como dueño y si existe un embargo o una hipoteca. La debida diligencia debe permitir conocer con quién se realiza la operación, cómo se formó su patrimonio y si existen señales que justifiquen profundizar la revisión.
Atlas recibió las oficinas el 19 de julio del 2021. Paraqvaria actuó como fideicomitente, Finexpar –actual Zeta Banco– como acreedor beneficiario y Atlas como fiduciario. Para entonces, Messer ya había sido detenido y condenado en Brasil por lavado. Matrix Realty era vinculada públicamente con su estructura patrimonial en Paraguay.
Banco Atlas debe demostrar qué información pidió a Paraqvaria. ¿Revisó sus balances? ¿Examinó facturas y contratos? ¿Preguntó cómo fueron financiadas las oficinas? ¿Identificó negocios anteriores con Matrix Realty? ¿Solicitó una declaración sobre derechos de terceros?
La coincidencia económica era significativa. Durante el 2014 Matrix Realty transfirió USD 1.274.000 para un proyecto con Paraqvaria. En febrero del 2015 apareció un contrato de compraventa por exactamente el mismo importe sobre las siete oficinas y sus estacionamientos. La Fiscalía sostiene que la inversión fue reconvertida en unidades inmobiliarias. Rafael Casabianca cuestiona esa interpretación, afirma que no existió un segundo pago y asegura que firmó bajo presión.
El conflicto no estaba visible en una anotación registral. Podía encontrarse en la historia contable y comercial de Paraqvaria. Esa es la zona que debe iluminar el legajo interno del banco Atlas.
Allí tendría que constar quiénes controlaban la sociedad, qué documentos presentó el cliente, cómo justificó los bienes, qué evaluación realizó el área jurídica y qué análisis produjo el cumplimiento. También debe aclararse si alguna referencia a Matrix Realty apareció durante la revisión y qué hizo el banco con ese dato.
El control tampoco podía terminar con la firma. En el 2022 Paraqvaria inició nuevas negociaciones y cambios societarios, en el 2023 los inmuebles fueron tasados nuevamente y en el 2024 surgieron reclamos sobre las oficinas. El conocimiento del cliente es dinámico: si cambian los accionistas o aparecen controversias, corresponde actualizar el riesgo.
La Fiscalía deberá determinar quién conocía el contrato, quién omitió comunicarlo y con qué propósito. Pero Atlas tampoco fue un espectador: la entidad presidida por “Miki” Zaldívar aceptó los inmuebles, constituyó el patrimonio autónomo y administró la garantía durante años.
El BCP debe establecer si la diligencia aplicada fue razonable, qué revisó cuando Atlas reportó el conflicto y si corresponde abrir una actuación administrativa.
Al final, la pregunta es sencilla: antes de aceptar siete oficinas con una historia millonaria detrás, ¿el banco Atlas verificó únicamente quién figuraba como propietario o también investigó de dónde venían realmente esos bienes?