La llegada del ingeniero Miguel Ángel Báez Reyes a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) introdujo una posición más cautelosa respecto del estudio que recomendó elevar gradualmente las tarifas para adecuarlas a los costos reales del sistema.
El informe presentado durante la administración del anterior titular de la energética estatal, Félix Sosa, proyecta que la tarifa media de la Ande debería pasar de unos USD 49,2 por MWh a USD 68,6 por MWh durante el período 2026-2030, lo que implica un incremento acumulado cercano al 40%. El estudio contempla diferencias según el nivel de tensión y no significa, automáticamente, que todos los usuarios deban afrontar una suba de 40% en sus facturas.
Báez Reyes, sin embargo, evitó asumir ese porcentaje como una decisión tomada. Consultado sobre el desfasaje tarifario calculado por su antecesor, sostuvo que la nueva administración todavía debe realizar su propio estudio para los consumidores finales. “El estudio todavía no lo hicimos”, señaló, y explicó que una vez concluido podrán determinar “si se aumenta o se deja igual, y en qué proporción”.
La declaración marca una diferencia sustancial respecto de la interpretación de que el denominado 40% constituiría un aumento inminente para los hogares. No existe, por ahora, una decisión de aplicar ese porcentaje a la tarifa residencial. El nuevo titular de la Ande pretende primero establecer cuánto cuesta realmente suministrar electricidad a cada segmento y cuál debería ser el precio necesario para garantizar la sostenibilidad financiera de la estatal.
Pero no está cerrada una suba
Pero Báez Reyes tampoco cerró la puerta a una eventual suba. Por el contrario, planteó la necesidad de “sincerar” la estructura tarifaria. Según explicó, la Ande necesita cubrir sus costos y cumplir con las condiciones de rentabilidad sobre sus inversiones previstas en la legislación. En ese contexto, afirmó que “los usuarios debemos pagar lo que realmente corresponde”.
La frase introduce un elemento clave en la discusión. La nueva administración no parece defender el congelamiento indefinido de las tarifas actuales, sino una revisión basada en criterios técnicos. La cuestión pendiente es determinar cuánto de esa brecha debe ser absorbida por los usuarios residenciales y cuánto puede compensarse mediante mayor eficiencia, reducción de pérdidas, crecimiento de la demanda y mejores condiciones para los grandes consumidores.
Una nueva tarifa para la industria
En paralelo al análisis residencial, Báez Reyes anunció un nuevo esquema tarifario para las industrias que pretendan instalarse en Paraguay. La intención es terminar con negociaciones individuales y establecer valores transparentes según el nivel de tensión al que se conecte cada empresa.
La Ande estudia tarifas para conexiones en 500 kV, 220 kV, 66 kV y 23 kV, de modo que cualquier proyecto industrial pueda conocer anticipadamente cuánto deberá pagar. El criterio implica que una empresa conectada a mayor tensión tendrá una tarifa diferente porque también evita determinadas inversiones en transformación y distribución.
Esta definición adquiere especial relevancia después de la controversia generada por las condiciones tarifarias planteadas para proyectos de alto consumo energético. Báez Reyes rechazó la idea de establecer precios diferenciados para una empresa determinada y sostuvo que las reglas deben ser iguales y transparentes para todos los inversionistas.
El objetivo declarado es encontrar un equilibrio entre atraer inversiones, aprovechar la abundante energía eléctrica del Paraguay y evitar que contratos de largo plazo con tarifas inferiores a los costos terminen debilitando las finanzas de la Ande.
El problema de fondo es financiero. La Ande necesita recursos para ampliar redes, mejorar la calidad del servicio, atender el crecimiento de la demanda y afrontar las inversiones necesarias para acompañar la industrialización del país.
Pero cualquier aumento de la tarifa residencial tendría un impacto directo sobre millones de usuarios y podría repercutir sobre la inflación y el costo de vida. Por eso, la decisión posee una dimensión económica y también política.
El próximo estudio de la Ande será, por tanto, determinante. Si confirma una brecha importante entre los costos reales y los precios actuales, el Gobierno deberá decidir cómo cerrarla, mediante aumentos tarifarios, reducción de costos, mejoras de eficiencia, mayores ingresos de los grandes consumidores o una combinación de todas estas herramientas.
Por ahora, la única certeza es que el “tarifazo” del 40% no está aprobado, pero tampoco puede afirmarse que la tarifa residencial permanecerá congelada.