Pese al avance del PIB y la baja de la pobreza al 16%, la alta informalidad (62,5%) y la baja productividad impiden que la bonanza llegue al presupuesto familiar. El modelo agroexportador concentrado frena la mejora del ingreso real en la mayoría de los hogares.
En el asentamiento rural de Caaguazú, doña Rosa limpia soja en una parcela de tres hectáreas que arrienda cada temporada. A los 48 años, con tres hijos, su jornada empieza antes del amanecer y termina cuando la luz se apaga.
En 2024 su ingreso familiar equivalía a 1,8 canastas básicas; en 2025, pese al auge agroexportador, apenas alcanzó 1,9. El aumento del precio internacional de la soja no llegó a su mesa: el contrato de arrendamiento se ajustó al alza y el transporte local se encareció. Su hijo mayor, de 22 años, trabaja en una fábrica de Asunción sin contrato escrito; cobra el 60 % de lo que gana un formal por la misma tarea y pierde días cada vez que el patrón decide “ajustar costos”.
Doña Rosa no es un caso aislado. Es el rostro de cientos de miles de paraguayos que ven el PIB crecer mientras su propia economía familiar permanece estancada. El mismo patrón se repite en microempresas de Ciudad del Este, en transportistas informales del Chaco y en jóvenes que migran a la capital buscando una movilidad social que el mercado laboral formal les niega.
Según el INE (marzo 2026), la pobreza monetaria total bajó de 19,6 % en 2024 a 16,0 % en 2025: 213.000 personas menos. La pobreza extrema se ubicó en 2,4 %. Sin embargo, 985.000 paraguayos siguen por debajo de la línea de pobreza y el 40 % de la población permanece en vulnerabilidad.
La elasticidad ingreso-pobreza es de apenas –0,22 en zonas rurales frente a –0,48 en urbanas. El crecimiento agroexportador se concentra: el 10 % superior de las fincas controla el 65 % de la superficie sojera. En el mercado laboral, la EPHC-INE 2025 registra 62,5 % de ocupados en informalidad, una tasa de desocupación abierta promedio de 5,2 % entre 2023 y 2025, y un subempleo por insuficiencia de horas de 3,4 %.
La brecha salarial formal-informal alcanza el 68 %. La curva de Phillips local sitúa el NAIRU cerca del 6 %, lo que confirma un componente estructural elevado. Estos números no son abstractos: significan que el crecimiento agregado no se traduce en mejoras generalizadas de ingreso real para la mayoría de los hogares.
El divorcio macro micro se explica por un modelo de descomposición simple: ΔPobreza = β₁·ΔPIB + β₂·ΔDesigualdad + ε, donde β₁ = –0,35. La baja elasticidad no es un misterio estadístico. La heterogeneidad productiva —brecha de productividad formal-informal de 3,8 veces— explica el 62 % de esa debilidad mediante una descomposición tipo Oaxaca-Blinder adaptada.
La productividad total de factores creció apenas 0,8 % anual promedio entre 2015 y 2025. Los años promedio de escolaridad llegan a 9,8, pero la calidad medida por PISA se ubica en el percentil 15 regional. El mecanismo es claro. El sector formal enfrenta rigideces regulatorias y costos de cumplimiento que desalientan la expansión de empleo de calidad.
El informal absorbe mano de obra, pero genera rendimientos marginales bajos porque carece de acceso pleno a crédito, tecnología y contratos exigibles. El crecimiento agroexportador, impulsado por precios internacionales y escala, eleva el PIB, pero su multiplicador hacia los hogares de menores ingresos es reducido: los grandes productores capturan la mayor parte de la renta mientras los pequeños arrendatarios y asalariados rurales enfrentan mercados de tierra y trabajo imperfectos.
La informalidad del 62,5 % no es solo un problema de “falta de protección”; es el resultado de un sistema de incentivos donde formalizarse implica costos fijos altos y beneficios inciertos. Cuando el desempleo estructural se sitúa cerca del 6 %, los ajustes de demanda agregada tienen poco efecto sobre la pobreza. La transmisión falla porque el tejido productivo está dualizado: un segmento de alta productividad convive con otro de baja productividad que emplea a la mayoría.
Sin mecanismos de mercado que premien la acumulación de capital humano y la reasignación eficiente de recursos, el crecimiento permanece encapsulado. La respuesta no consiste en ampliar transferencias discrecionales ni en rigidizar aún más el mercado laboral.
Consiste en completar la arquitectura institucional que permita que los precios y los contratos transmitan información y recompensen el esfuerzo.
Debemos empezar por la simplificación radical del régimen tributario y laboral para micro y pequeñas unidades: un impuesto único sobre ingresos brutos con umbrales claros y costos de formalización cercanos a cero, con esta reforma del mercado de tierra y de arrendamientos que fortalezca derechos de propiedad y reduzca costos de transacción, de modo que los pequeños productores puedan capitalizarse o salir con liquidez hacia actividades de mayor productividad con una reorientación de la inversión en capital humano hacia habilidades demandadas por el mercado —formación técnica corta, certificación de competencias y vouchers educativos— en lugar de años de escolaridad de baja calidad.
La apertura competitiva del sistema financiero para que el crédito llegue a tasas que reflejen riesgo real y no rentas regulatorias y la eliminación de barreras de entrada en sectores de servicios y comercio que hoy protegen a incumbentes y perpetúan la informalidad.
Estas medidas no requieren grandes presupuestos públicos; requieren reglas predecibles, contratos exigibles y competencia. El objetivo es elevar la elasticidad ingreso-pobreza hacia valores cercanos a –0,5 tanto en zonas urbanas como rurales, cerrar la brecha de productividad formal-informal y llevar el NAIRU por debajo del 5 %. Solo así el crecimiento deja de ser un número agregado y se convierte en un proceso de reasignación continua de recursos hacia usos de mayor valor. Cuando la arquitectura funciona, doña Rosa puede firmar un contrato de arrendamiento de mediano plazo con cláusulas claras, acceder a crédito de bajo costo para semillas y tecnología, y destinar el margen adicional a la educación técnica de sus hijos.
El joven de Asunción pasa de un empleo informal con salario 68 % inferior a uno formal con cobertura y trayectoria. En el territorio, las estancias medianas aumentan su productividad y generan empleo local de calidad; la movilidad social deja de depender del azar migratorio y se convierte en una posibilidad real de acumulación. Medible: una reducción de la informalidad de 10 puntos porcentuales elevaría el ingreso promedio de los hogares del quintil inferior en aproximadamente 18-22 % en un horizonte de cinco años, según las elasticidades observadas.
La pobreza total podría descender por debajo del 12 % y la vulnerabilidad del 40 % al 28 %, siempre que la PTF se acerque al 2 % anual. Para las empresas, menor dualismo significa cadenas de valor más profundas y menor rotación de personal. Para los territorios, mayor retención de talento joven y menor presión migratoria.
El resultado cotidiano es concreto: más horas de sueño, mejor nutrición infantil, capacidad de ahorro para enfrentar shocks y, sobre todo, la certeza de que el esfuerzo individual encuentra recompensa en el mercado. Esa es la economía con rostro: no un PIB que crece en abstracción, sino un sistema de incentivos que convierte el crecimiento en oportunidades verificables para cada ciudadano, cada empresa y cada territorio.
(*) https://cesaraddario.com/ Economista, analista económico de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.