El Ministerio Público ya presentó acusación y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público. Pero el avance del expediente permanece condicionado por una indefinición en la Corte Suprema de Justicia.
El punto central que mantiene trabado el proceso es una recusación contra miembro del Tribunal de Apelación que debe ser resuelta por la máxima instancia judicial. La misma se encuentra en la Sala Constitucional, a cargo del ministro Víctor Ríos, que es el único que falta expedirse sobre el incidente, según manifestaron fuentes judiciales.
Recordemos que la sucesión de recusaciones y apartamientos obligó a buscar nuevas integraciones de las salas de la Corte, prolongando la definición de cuestiones que resultan indispensables para que el expediente pueda avanzar hacia la etapa de juzgamiento. En abril pasado, la defensa de uno de los imputados recusó al ministro Luis María Benítez Riera, alegando que un hermano del magistrado había trabajado en el banco Atlas entre el 2006 y el 2010. Para entonces, los ministros Carolina Llanes y Gustavo Santander ya se habían apartado del expediente.
La situación genera especial preocupación porque el Ministerio Público ya formuló acusación contra los directivos y pidió formalmente elevar el caso a juicio oral. Según la acusación fiscal, Zaldívar enfrenta cargos como supuesto coautor de lavado de dinero, mientras que los miembros del Directorio Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán, fueron incluidos en la investigación con diferentes grados de participación atribuidos por el Ministerio Público. La expectativa de pena planteada por la Fiscalía parte de cinco años y podría alcanzar hasta diez años, dependiendo de las circunstancias que eventualmente sean demostradas durante el juicio.
La causa también tuvo otros obstáculos. En abril, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó los planteamientos de las defensas y ratificó la validez de la querella adhesiva presentada por la Conmebol. La Justicia también confirmó la admisión de la imputación contra Zaldívar y otros procesados, consolidando la continuidad del proceso penal.
Una investigación que comenzó con el FIFAgate
Los antecedentes del caso se remontan al escándalo internacional conocido como FIFAgate y a las investigaciones sobre la administración del otrora presidente de la Conmebol Nicolás Leoz. Una auditoría forense realizada posteriormente sobre las cuentas de la Confederación identificó transferencias de fondos institucionales hacia cuentas vinculadas al exdirigente. De acuerdo con la investigación fiscal, entre diciembre del 2000 y abril del 2013 se produjeron operaciones mediante las cuales fondos de la Conmebol fueron transferidos o retirados para terminar en cuentas particulares de Leoz.
La investigación local tomó impulso después de las actuaciones derivadas del FIFAgate. En enero del 2016 se produjo un procedimiento en la sede de la Conmebol, en el marco de pedidos de cooperación internacional, mientras que los indicios surgidos de las investigaciones fueron posteriormente remitidos al Ministerio Público. La primera denuncia penal relacionada con el caso fue presentada en junio del 2017 y, posteriormente, la Conmebol formuló una nueva denuncia contra directivos del banco Atlas en febrero del 2021.
El capítulo que involucra directamente a Atlas se concentra en operaciones financieras realizadas con fondos vinculados a Leoz. La investigación fiscal señala depósitos de importantes sumas de dinero efectuados en el 2013, entre ellos operaciones que totalizarían alrededor de USD 5,1 millones y G. 16.000 millones, sin que se hayan activado las alertas antilavado por parte del ente bancario. También son objeto de análisis estructuras fiduciarias que, según la denuncia, involucraron aproximadamente USD 2,16 millones y más de G. 23.000 millones.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que esos recursos tendrían vinculación con fondos presuntamente desviados de la Conmebol y que las operaciones realizadas posteriormente podrían configurar mecanismos destinados a recibir, administrar u ocultar el origen de esos activos. La acusación por presunto lavado de dinero deberá ser finalmente sometida a un juicio oral, donde corresponderá determinar la responsabilidad individual de cada acusado.
Banco Atlas y las chicanas
Banco Atlas (cuyo presidente Miguel Zaldívar es esposo de la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo) ha recurrido a distintos mecanismos procesales (chicanas) para cuestionar las actuaciones judiciales. En marzo, por ejemplo, presentó también un recurso extraordinario de casación contra una resolución que había confirmado la admisión de la imputación. Posteriormente se sucedieron recusaciones contra magistrados y camaristas, algunas de las cuales terminaron elevándose a la Corte Suprema.
Para la Conmebol, la prolongación del expediente representa un problema adicional, el transcurso del tiempo en una causa que lleva varios años bajo investigación. La propia organización ya había expresado públicamente su preocupación por el riesgo de prescripción y por las demoras en la investigación.
Así, el caso banco Atlas-Conmebol enfrenta ahora una instancia decisiva. La resolución de la recusación pendiente en la Corte Suprema es necesaria para destrabar el camino procesal y permitir que la acusación fiscal pueda avanzar hacia el juicio oral solicitado. Mientras la máxima instancia judicial no defina la cuestión, un expediente que nació de uno de los mayores escándalos de corrupción del fútbol internacional continúa sin llegar al escenario donde las pruebas, las acusaciones y las defensas deberán ser confrontadas públicamente ante un tribunal.
El juicio oral, si finalmente se habilita, será el momento en que la Justicia deberá determinar si las operaciones cuestionadas constituyeron efectivamente lavado de dinero y, sobre todo, si existe responsabilidad penal de Miguel Zaldívar y de los demás miembros del Directorio acusados.