César Addario Soljancic (*)
Comencemos este artículo con una historia de ejemplo simulado; María, de 34 años, vive en un asentamiento periurbano de Asunción y combina el trabajo doméstico por horas con la venta de empanadas los fines de semana. Su ingreso mensual promedia G. 2 millones al mes, con dos hijos en edad escolar, el alquiler, el transporte y la canasta básica consumen casi la totalidad de lo que entra al hogar. En el Chaco central, un productor mediano de soja que cultiva 120 hectáreas enfrenta precios internacionales volátiles y costos de flete que erosionan su margen, mientras los grandes operadores concentran la logística y el acceso al financiamiento.
Ambas realidades –la trabajadora urbana informal y el productor rural intermedio– ilustran la misma fractura estructural: el producto interno crece, pero la capacidad de planificar, invertir en capital humano o acumular activos productivos sigue restringida para la mayoría de los hogares y de las unidades económicas de escala media.
Los datos nacionales confirman la magnitud del desajuste. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, marzo del 2026), la pobreza total se situó en 16,0% en el 2025, frente al 19,6% registrado en el 2024. Eso representa 213.000 personas menos en situación de pobreza monetaria, lo cual es un éxito muy grande del Gobierno Nacional que merece mayor difusión y aplausos.
La pobreza extrema alcanzó 2,4%. Sin embargo, la vulnerabilidad –hogares cuyos ingresos se ubican entre la línea de pobreza y 1,5 veces esa línea– afecta a aproximadamente el 40% de la población. La elasticidad ingreso-pobreza es de -0,22 en el ámbito rural frente a -0,48 en el urbano, lo que revela una transmisión mucho más débil del crecimiento hacia los hogares rurales.
En el mercado laboral, la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC-INE 2025) registra que el 62,5% de los ocupados se encuentra en informalidad. La brecha salarial entre trabajadores formales e informales alcanza el 68%.
El coeficiente de Gini se ubicó en 0,444 en el 2024, apenas inferior al 0,45 del 2010; el 20% más rico concentra el 50,4% del ingreso total y el 10% superior gana veinte veces más que el 10% inferior. La desigualdad rural (Gini 0,475) supera a la urbana (0,423). En el sector agroexportador, el 10% de las fincas de mayor tamaño concentra el 65% de la superficie sojera. El salario real promedio creció 4,4% en el 2025, pero el salario mínimo real apenas cubre el 55% de la canasta básica familiar de Asunción.
El crecimiento agroexportador eleva el producto agregado, pero su elasticidad sobre la pobreza rural permanece baja porque la tierra, el capital y el acceso a los mercados de exportación están altamente concentrados. Los productores de menor escala enfrentan costos de transacción elevados, acceso limitado al crédito formal y barreras de escala que les impiden capturar rentas de productividad.
En el mercado laboral, la informalidad del 62,5% no constituye un residuo cultural, sino el resultado de un armazón regulatorio que eleva el costo marginal de la formalización por encima del beneficio percibido para gran parte de las microempresas y de los trabajadores de baja calificación.
Cuando el 20% superior captura más de la mitad del ingreso, la demanda agregada de bienes y servicios de calidad media se debilita, limitando la expansión de empresas intermedias que podrían generar empleo formal. El aumento del 4,4% en salarios reales parte de una base demasiado baja y no cierra la brecha formal-informal del 68%, porque la productividad marginal del trabajo en el segmento informal permanece deprimida por falta de acceso a tecnología, capacitación y financiamiento.
El resultado es un equilibrio de baja formalización y alta vulnerabilidad que el simple incremento del producto interno no logra desplazar. La movilidad social cotidiana –la posibilidad de que un hogar invierta de manera previsible en educación, salud o un activo productivo– se ve así sistemáticamente restringida, tanto en los territorios urbanos periféricos como en las zonas rurales intermedias.
En primer lugar, se requiere simplificar radicalmente el régimen de formalización laboral y empresarial: un esquema único de aportes proporcionales al ingreso, con umbrales bajos y procedimientos digitales de un solo paso, reduce el costo de entrada y permite que microempresas y trabajadores independientes migren gradualmente hacia la formalidad. En segundo lugar, es necesario liberalizar el mercado de tierras y de arriendo rural mediante registros catastrales digitales transparentes y contratos de arrendamiento de largo plazo plenamente ejecutables, de modo que productores medianos puedan escalar sin enfrentar barreras artificiales de acceso al capital.
En tercer lugar, deben eliminarse las distorsiones en el mercado de crédito: reducir los requisitos de garantía que privilegian activos inmobiliarios de gran tamaño y fomentar la competencia entre intermediarios financieros para que el capital fluya hacia proyectos de productividad media.
Adicionalmente, el gasto público educativo debe reorientarse hacia programas de formación técnica de corta duración alineados con la demanda de mercado –logística, mantenimiento de maquinaria agrícola, servicios digitales–, financiados con recursos liberados de subsidios ineficientes. Finalmente, se necesita un marco de competencia efectiva en los eslabones de comercialización agropecuaria para que los márgenes no se concentren exclusivamente en el 10% de operadores de mayor escala.
Estas medidas no amplían el tamaño del Estado; rediseñan las reglas para privilegiar la flexibilidad, la competencia y la predictibilidad. Al reducir los costos de transacción y alinear los incentivos con la productividad, se crea el espacio para que el crecimiento se traduzca en movilidad efectiva. Si la elasticidad ingreso-pobreza rural se eleva hacia niveles urbanos mediante mayor acceso a tierra y crédito, y si la informalidad desciende entre 10 y 12 puntos porcentuales en un horizonte de cinco años, aproximadamente 180.000 a 220.000 hogares adicionales cruzarían el umbral de vulnerabilidad hacia ingresos estables.
Nuestro ejemplo de María: ella podría destinar de manera previsible el 15-20% de su ingreso a educación y salud en lugar de afrontar shocks mensuales. El productor mediano del Chaco vería reducidos sus costos de financiamiento y de comercialización, elevando su margen neto y permitiéndole reinvertir en tecnología de riego o maquinaria, lo que a su vez genera demanda de empleo calificado local.
En la vida cotidiana esto significa que una familia de cuatro miembros en un distrito rural o periurbano pueda planificar la compra de una moto, el pago de una carrera técnica o el ahorro para un terreno propio sin que un mes de enfermedad o de mal clima agrícola destruya el equilibrio. Más ciudadanos con capacidad efectiva de elegir y de acumular, empresas con incentivos claros para crecer en formalidad y territorios que dejan de ser meros proveedores de materias primas para convertirse en espacios de movilidad social. Esa es la única arquitectura que convierte el crecimiento en oportunidades medibles para la mayoría.