Daniel Correa (*)
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hizo algo que hacía tiempo debía hacer: sinceró una deuda incómoda. Unos USD 1.270 millones con proveedores de salud y obras públicas que, durante años, quedaron en los pliegues del sistema, parcialmente fuera del radar de los informes fiscales. Reconocer esa deuda es transparencia, y la transparencia siempre es bienvenida.
Pero ese reconocimiento tiene un costo contable inmediato: el déficit trepa a 3,2% del PIB este año y llegaría a 3,9% en el 2027, para recién volver al tope legal de 1,5% en el 2028. Sobre esa base, el Gobierno presenta su nuevo Plan de Convergencia Fiscal –que enviará al Congreso– como un esfuerzo responsable por “honrar las deudas” sin renunciar a la estabilidad. Suena bien. La pregunta es si estamos ante un verdadero plan de convergencia o, más bien, ante un plan para financiar el pasado.
El MEF ofrece una lectura tranquilizadora: sin el efecto de los atrasos, el déficit “real” ya estaría en torno a 2% del PIB este año, 1,9% en el 2027 y 1,5% en el 2028. Es decir, el salto a 3,2% y 3,9% no sería deterioro, sino sinceramiento.
El argumento es elegante, pero frágil. Porque aun descontando los atrasos, ese déficit subyacente ya supera el límite legal y no converge solo. No hay piloto automático que nos lleve del 2% al 1,5% sin decisiones difíciles. Y los ingresos no ayudan: la recaudación tributaria crece apenas 2%, muy por debajo del 8,5% proyectado, golpeada además por la apreciación del guaraní, que castiga la recaudación aduanera. En criollo: incluso sin atrasos, el Estado ya gasta más de lo que le entra de manera estructural.
¿Cómo se pagan esos USD 1.270 millones? Con cesión de derechos a las farmacéuticas y con nueva deuda —bonos o multilaterales— para el resto. En total, cerca de USD 1.000 millones entre ceder ingresos futuros y endeudarse para saldar deudas viejas.
Que quede claro: pagar a los proveedores es correcto y necesario. Nadie discute eso. Pero tomar deuda nueva para cubrir deuda vieja no es converger; es refinanciar el problema. Y si no se corrigen las causas que generaron esos atrasos –fallas en la gestión de contratos, ejecución sin previsión de caja–, nada impide que la historia se repita.
Acá está el punto que el Plan no dice con todas las letras. Si el objetivo es bajar el déficit al 1,5% en el 2028 sin tocar salarios, jubilaciones, medicamentos ni programas sociales –todas partidas rígidas o políticamente intocables–, ¿qué queda para ajustar?
Queda la inversión física y social. Rutas, puentes, infraestructura social. Es la partida más fácil de recortar y la que menos ruido genera en el corto plazo… pero también la que más hipoteca el crecimiento futuro. Un ajuste hecho sobre la inversión es un ajuste que se paga después, con menos productividad y peores servicios.
Y no puede quedar toda para el 2028. Si la meta es seria, el 2027 y el 2028 ya deberían mostrar recortes concretos de rubros superfluos: gastos de representación, honorarios extraordinarios, viajes sin sentido, compras innecesarias, estructuras duplicadas, privilegios que nadie extrañaría. No por lo que suman –que es poco–, sino por la señal que emiten. Una señal a la burocracia y a la política de que esta vez la convergencia va en serio. Difícilmente el sector privado y la ciudadanía crean en el ajuste si el Estado no empieza por su propia grasa.
Un plan que merezca ese nombre debería atacar las dos puntas, no solo el gasto. Del lado de los ingresos, y sin subir impuestos –en eso coincido con el Gobierno–, hay una agenda pendiente y potente. Primero, inventariar y evaluar con criterio costo-beneficio las exenciones y exoneraciones vigentes, porque no todas se justifican. Segundo, fortalecer la administración tributaria y aduanera para atacar la evasión en IVA, IRP y comercio fronterizo. Y tercero, ponerle metas cuantificadas a esa recaudación adicional: sin números, “mejorar la eficiencia” es apenas un deseo.
Del lado del gasto, el desafío es de calidad más que de tijera. La sostenibilidad fiscal no se logra recortando a ciegas, sino con una reforma profunda de programas y gasto público que hoy no mejoran el bienestar de la gente: subsidios mal focalizados, programas superpuestos, estructuras que se sostienen por inercia y no por resultados. Ahí está el margen real, y ahí no se toca a nadie que lo necesite. A eso hay que sumarle reformar la Caja Fiscal, profesionalizar las compras públicas –sobre todo en Salud– y blindar la inversión de los recortes de última hora.
Y del lado institucional, el debate hoy va en la dirección equivocada. En vez de discutir cómo elevar el tope de déficit en la LRF, la conversación debería ser cómo ponerle más cerrojos. El corazón del problema no es la inversión: es el gasto corriente, que viene creciendo a un ritmo que ninguna economía sostiene por mucho tiempo. Por eso la Ley de Responsabilidad Fiscal necesita una regla de gasto que le ponga techo: que el gasto corriente no pueda crecer por encima de la economía –o incluso por debajo, mientras dure la convergencia–.
¿Por qué importa tanto? Porque una regla así ordena sola. Obliga a que el ajuste caiga donde tiene que caer –en el gasto que se infla por inercia– y, de paso, protege la inversión, que deja de ser el fusible que salta cada vez que las cuentas aprietan. Sumado a disciplina en las modificaciones presupuestarias, sería la diferencia entre una regla fiscal que se respeta y una que se reforma cada vez que molesta.
El nuevo Plan es un avance en transparencia, y eso hay que reconocerlo. Pero, tal como está planteado, se parece más a un plan de financiamiento del pasado que a uno de convergencia hacia el futuro. La meta de volver al 1,5% en el 2028 no es imposible, pero hoy descansa en supuestos demasiado optimistas sobre ingresos y crecimiento.
La verdadera convergencia no se decreta con un porcentaje: se construye con instituciones que se ajusten al marco presupuestario, calidad de gasto (proyectos efectivos) y más recaudación sin más impuestos. Se demuestra recortando lo superfluo antes que lo esencial, poniéndole candado al gasto corriente y reformando lo que no sirve antes que lo que la gente necesita. Lo demás es contabilidad.
Por lo menos, así lo veo yo.
(*) Economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario.