La economía de nuestro país enfrenta un nuevo y preocupante desafío. Tras el contundente comunicado emitido por la Granja Bonanza, que alertó sobre el grave peligro que corre la soberanía alimentaria del país, el debate sobre el impacto económico del contrabando en la cadena porcina ha cobrado una fuerza inusitada. El documento denunció una severa distorsión en la comercialización interna de carne de cerdo, atribuida directamente al ingreso ilegal de productos desde Brasil.
Para entender la verdadera magnitud de esta crisis, desde la redacción del diario La Tribuna conversamos con los verdaderos actores del sector. Robert Bento, productor de 25 de Diciembre y vicepresidente primero de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC), fue tajante. Según explicó para nuestro medio, hace aproximadamente cuatro meses los márgenes de utilidad comenzaron a mermar drásticamente para los criadores. “Nosotros somos el eslabón más frágil dentro de la cadena y somos siempre los más castigados”, lamentó con frustración.
Mientras el productor primario sufre recortes severos en sus ingresos, en las góndolas de los supermercados el consumidor final sigue pagando precios sumamente altos. Bento destacó una enorme paradoja, ya que actualmente, Paraguay es altamente eficiente exportando carne de calidad premium a mercados internacionales muy exigentes, superando este mes de agosto los volúmenes totales enviados el año pasado. Sin embargo, el mercado interno está completamente saturado por ofertas irreales que evidencian el ingreso masivo e irregular de carne brasileña.
De la misma forma, indicó que la caída del precio al productor se debe a los costos que se manejan actualmente, ya que de percibir G. 12.000 a G. 13.000 en condiciones normales, hoy apenas reciben G. 9.000 por kilo vivo entregado a la industria.
Asimismo, manifestó que el riesgo laboral es inminente, pues las pequeñas granjas, que emplean entre 10 y 12 personas de forma directa, están al borde de la quiebra. Existen más de 60 establecimientos en esta misma situación crítica.
Bento urgió a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) a intervenir de forma inmediata, exigiendo trazabilidad objetiva y control estricto. También solicitó conformar una mesa de trabajo conjunta para proteger un estatus sanitario que costó muchísimo esfuerzo y años de sacrificio consolidar en el mercado.
Producir a pérdida
Felipe Martínez, reconocido productor porcino de San Estanislao que maneja un hato de 1.200 animales de ciclo completo (desde la maternidad hasta el engorde), confirmó esta dolorosa realidad. Explicó que, aunque se esperaba una leve baja estacional por fluctuaciones del dólar a nivel regional, la caída actual es sencillamente precipitada. “Desde el mes de febrero los precios vienen bajando, pero en los últimos meses el desplome fue total debido al contrabando desenfrenado”, afirmó.
El productor detalló de forma clara que, mientras Paraguay exporta gran parte de su producción a Taiwán, el consumo interno se llenó repentinamente de carne foránea. El cerdo en pie se está vendiendo en zonas de frontera a precios irrisorios, oscilando entre G. 7.000 y G. 8.000 el kilo, una cifra con la que los productores locales no logran cubrir ni siquiera el 70% del costo básico de la alimentación animal.
Martínez recordó a nuestros lectores que entre el 80% y el 85% del costo productivo para terminar un cerdo corresponde exclusivamente al balanceado en base a granos (maíz y soja), cuyos valores de mercado no han registrado bajas significativas en comparación con el año pasado. “No existe magia en esto. Entra carne brasileña casi un 50% más barata, inundando el mercado sin garantías claras sobre su origen o calidad”, sentenció con firmeza.
Martínez terminó diciendo que, si bien reciben el apoyo de los entes gubernamentales, esta situación los está golpeando con gran fuerza, pues pone en peligro no solo la rentabilidad, sino que obliga a retener animales en granja, generando un sobrecosto insostenible que empuja al abismo a toda una industria fundamental para el país.
3 - Exigencia de intervención estatal urgente: Los productores solicitan la acción inmediata de la Sedeco y otras instituciones para controlar las fronteras, garantizar la trazabilidad del producto y conformar una mesa de trabajo que proteja la soberanía alimentaria, el estatus sanitario y los empleos locales.