César Addario Soljancic (*)
Imaginemos a Juan, un pequeño productor ganadero de Caaguazú que, tras años de esfuerzo, logró expandir su rodeo gracias al boom exportador de carne. Su historia es la de miles de familias rurales que ven cómo los mercados internacionales recompensan su trabajo diario, pero que aún esperan que esa bonanza externa se convierta en empleos estables para sus hijos y en oportunidades concretas de ascenso en la vida cotidiana.
El dato nacional verificable es contundente: las reservas internacionales superaron por primera vez los USD 11.000 millones en 2025, con un crecimiento interanual del 11%, mientras la cuenta corriente se proyecta equilibrada en 0,0% del PIB para 2026.
Las exportaciones de bienes crecieron impulsadas por la carne (+25%) y la resiliencia de cereales y soja pese a precios internacionales volátiles. Sin embargo, la inversión extranjera directa (IED) se concentra en proyectos capital-intensive como Paracel, Atome y desarrollos energéticos, con un coeficiente de correlación de solo 0,28 entre IED y creación de empleo formal (BCP-INE 2022-2025).
La causa radica en un mecanismo económico bien conocido: una posición externa sólida genera estabilidad macroeconómica —menor riesgo cambiario, cobertura de importaciones superior a ocho meses y menor presión sobre las tasas de interés—, pero su transmisión hacia la microeconomía depende de la flexibilidad interna de los mercados.
Cuando la IED se canaliza hacia sectores intensivos en capital y tecnología importada, los multiplicadores de empleo se reducen drásticamente. Las señales de precios internacionales premian correctamente la especialización comparativa en commodities, pero las rigideces domésticas —costos no salariales elevados, trámites burocráticos y regulaciones que encarecen la contratación formal— impiden que esa liquidez externa fluya hacia cadenas productivas más intensivas en mano de obra.
El resultado es una fortaleza externa que protege el poder adquisitivo general pero no genera el derrame espontáneo que una economía de mercado abierta debería producir cuando los incentivos están alineados.
La solución pasa por una reforma pro-competencia que profundice la arquitectura de mercado: simplificación tributaria para medianas empresas, agilización de permisos para nuevas inversiones, apertura comercial selectiva en servicios y manufacturas, y un marco laboral que reduzca barreras a la formalización sin elevar artificialmente el costo de contratar.
Estas medidas no requieren mayor intervención estatal, sino precisamente lo contrario: dejar que las señales de precios y la búsqueda de ganancia guíen la asignación de recursos hacia actividades que combinen capital con mayor densidad laboral. Al mismo tiempo, políticas orientadas a la formación de capital humano —educación técnica alineada con demandas del mercado— permitirían que trabajadores y emprendedores locales se integren mejor en las cadenas globales que hoy dominan los grandes proyectos.
El beneficio sería medible y tangible en la vida cotidiana. Familias como la de Juan verían cómo la estabilidad de reservas y cuenta corriente se traduce en más empleos formales en sus comunidades, salarios reales crecientes y mayor capacidad para invertir en educación o vivienda.
Las pequeñas empresas ganarían predictibilidad para expandirse, los territorios rurales y semiurbanos reducirían brechas de migración forzada, y la movilidad social ascendente se aceleraría: jóvenes que hoy emigran en busca de oportunidades encontrarían trabajo calificado cerca de casa.
En números, un aumento moderado en la elasticidad empleo-IED hacia 0,5-0,6 podría generar decenas de miles de puestos formales adicionales en tres años, elevando el ingreso per cápita disponible y dinamizando el consumo interno sin comprometer la disciplina macroeconómica.
Esta nueva arquitectura —economía con rostro— no niega la importancia de la fortaleza externa alcanzada, sino que la pone al servicio de las personas. Las reservas récord y el equilibrio de la cuenta corriente son el fundamento técnico sólido sobre el cual puede construirse un sistema donde las ventajas comparativas en exportaciones agropecuarias se complementen con un tejido productivo más inclusivo.
Cuando los mecanismos de mercado operan sin fricciones innecesarias, la prosperidad deja de ser un agregado macro distante y se convierte en oportunidades concretas: más carne exportada significa más empleos en frigoríficos modernos; más reservas implican confianza para que el pequeño empresario pida crédito; más equilibrio externo reduce la inflación que erosiona el salario familiar.
En territorios como el Chaco o la región oriental, donde la producción primaria convive con potencial industrial ligero, esta transmisión ampliada permitiría diversificar sin abandonar las ventajas naturales.
Las empresas medianas, hoy limitadas por la concentración de IED en megaproyectos, podrían acceder a financiamiento internacional indirecto y competir en nichos de mayor valor agregado. Para el ciudadano promedio, el día a día cambiaría: menor incertidumbre al planificar el presupuesto mensual, mayor acceso a bienes importados a precios estables y una percepción real de que el esfuerzo individual —trabajar más, capacitarse, innovar— rinde frutos visibles en un entorno predecible.
El desafío actual no es debilitar la posición externa, sino liberarla. Una economía que responde a incentivos de mercado, con instituciones que minimicen distorsiones y maximicen la movilidad de recursos, convierte la solidez macro en progreso micro. Paraguay cuenta hoy con el ancla externa necesaria; falta completar la arquitectura interna para que esa fortaleza tenga rostro humano pleno.
El resultado sería un país donde las grandes cifras de reservas y balanza de pagos se traduzcan directamente en historias de éxito como la de Juan multiplicadas por miles: familias más prósperas, territorios más dinámicos y una sociedad donde las oportunidades cotidianas de progreso estén al alcance de quien esté dispuesto a aprovecharlas.
(*) https://cesaraddario.com/ Economista, analista económico de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.