Pliegos con nombre y apellido: la trampa de la oferta única. Cuatro instituciones públicas terminaron entregando G. 7.543.808.180 a una misma empresa, Softshop SA, en licitaciones donde no existió un solo competidor en la mesa. La coincidencia no es casualidad, es el síntoma de un sistema de compras diseñado para asfixiar la libre competencia. Cuando los pliegos de bases y condiciones describen soluciones de forma tan restringida que conducen, con precisión casi nominal, hacia un solo proveedor, la licitación pública deja de ser una contienda transparente para convertirse en una adjudicación directa disfrazada de legalidad.
La anatomía de estas cuatro contrataciones revela cómo la exigencia de marcas específicas, licencias propietarias o compatibilidades exclusivas vacía el mercado alrededor del adjudicado histórico, convirtiendo al Estado en un rehén corporativo.
El BNF y la caja de los G. 6.339 millones
El caso de mayor volumen económico se dio en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el llamado para el Servicio de Centro Alterno de Alta Disponibilidad (ID 445254), adjudicado por G. 6.339.619.200. Este único contrato representa el 84% del paquete analizado.
En esta licitación, la banca pública aceptó avanzar y comprometer miles de millones de guaraníes en un proceso completamente desierto de rivales. Las especificaciones del pliego impusieron requerimientos de arquitectura e infraestructura premoldeados para los sistemas que la misma firma ya venía operando, cerrando en la práctica el paso a cualquier otro integrador internacional o local con soluciones equivalentes.
El árbitro atrapado: la DNCP y el candado Veeam
El segundo caso lleva una carga de ironía institucional difícil de disimular. La propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) –el organismo rector que debe velar por la libre concurrencia y la transparencia– adjudicó G. 495.600.000 para la renovación y ampliación de licencias de copias de seguridad (ID 462093).
El objeto del llamado quedó atado a la marca Veeam. Al estar protegida la representación o comercialización bajo la órbita del proveedor tradicional, la mesa de apertura contó con una sola propuesta: la de Softshop SA. Que el propio “árbitro” del sistema promueva llamados cerrados a una marca sin evaluar o permitir alternativas equivalentes demuestra hasta qué punto el “candado de marca” está naturalizado en la burocracia estatal.
AFD y CAH: la continuidad como pretexto
En la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el procedimiento ID 460492 asignó G. 349.272.000 para el Soporte técnico del software Business Analytics. Exigencias de certificaciones del fabricante y conocimientos sobre instalaciones previas levantaron una barrera infranqueable para otros competidores, garantizando que nadie más pudiera cotizar.
El patrón se repitió en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) con el mantenimiento preventivo de servidores Power Series y almacenamiento (ID 442471), por G. 359.316.980. Una tecnología de matriz IBM, un servicio condicionado por la infraestructura preexistente y, nuevamente, un solo sobre en la mesa: el de Softshop.
La arquitectura del traje a medida
Veeam, Business Analytics, Power Series y un centro de alta disponibilidad. Aunque se trate de tecnologías distintas, los cuatro casos comparten el mismo resultado perverso: ningún competidor pudo o se atrevió a presentar oferta.
Un pliego no necesita nombrar explícitamente a una empresa para direccionarle un contrato. Basta con armar un “traje a medida”: combinar años de experiencia específica, certificaciones exclusivas, marcas registradas, autorizaciones de fabricantes y plazos de entrega que solo el proveedor actual reúne.
Cuando las instituciones se limitan a convalidar estos llamados sin exigir estándares abiertos ni buscar activamente la competencia, pierden la capacidad de negociar precios y pagan sobrecostos impuestos por la falta de pujas en el mercado. Cuatro llamados, cuatro tecnologías encorsetadas, G. 7.543 millones y un solo ganador. La trampa del único oferente sigue siendo el camino más corto para privatizar el dinero público sin romper una sola regla en el papel.


