Hasta ahora, las denuncias se han centrado en certificaciones de obras, contrataciones y millonarios pagos cuya legalidad deberá ser determinada por el Ministerio Público. Pero existe otra dimensión del caso que podría resultar incluso más trascendente, el negocio financiero generado por la administración de los recursos del Fondo de Jubilaciones, que está a cargo del fiduciario, en este caso el banco Atlas.
Desde el 2017 –año en que se firmó el contrato– el fideicomiso administró un flujo extraordinario de dinero proveniente de los aportes obligatorios de trabajadores y empleadores. No se trataba de recursos fiscales comunes, sino de fondos previsionales cuyo único propósito debía ser garantizar la atención médica y las futuras jubilaciones de cientos de miles de asegurados. El monto supera los G. 828.800 millones, alrededor de USD 150 millones.
En tal sentido, cada mes ingresaron al esquema fiduciario miles de millones de guaraníes destinados a financiar hospitales e infraestructura sanitaria. Sin embargo, antes de transformarse en pagos a contratistas, ese dinero permanecía bajo administración financiera. Allí aparece una interrogante que hasta hoy no ha sido respondida públicamente, ¿qué rentabilidad produjo ese capital mientras estuvo bajo administración y quién captó realmente ese beneficio?
Toda administración fiduciaria implica el cobro de comisiones y la gestión temporal de recursos de terceros. En operaciones de gran volumen, el rendimiento financiero derivado del manejo de esos fondos puede representar montos significativos. Precisamente por ello resulta indispensable conocer cuánto dinero administró efectivamente el fideicomiso durante cada ejercicio, cuál fue el saldo promedio disponible, cuánto percibió el fiduciario banco Atlas (empresa del Grupo Zuccolillo junto a ABC Color, Inmobiliaria del Este, Shopping Mariscal López, Biggie y otras) en concepto de honorarios y cuál fue el rendimiento económico generado mientras los recursos permanecieron inmovilizados antes de cada desembolso.
Responder estas preguntas permitiría establecer el verdadero costo financiero del contrato para el IPS.
La cuestión adquiere aún mayor relevancia porque existen antecedentes que revelan importantes observaciones sobre la ejecución del fideicomiso. Auditorías internas detectaron presuntas deficiencias en los controles, pagos que requieren aclaración y procedimientos que hoy forman parte de investigaciones. Pero, estos hallazgos representan apenas una parte de la historia.
El otro capítulo permanece prácticamente inexplorado, el balance financiero completo del fideicomiso.
¿Cuánto costó realmente administrar ese patrimonio? ¿El IPS recibió alguna compensación equivalente por mantener recursos inmovilizados? ¿Se evaluaron otras alternativas antes de adjudicar el contrato? ¿Existió un estudio que demostrara que este esquema era más conveniente que otras opciones disponibles en el sistema financiero?.
Las respuestas son esenciales porque el dinero administrado pertenecía al Fondo de Jubilaciones. Cada guaraní utilizado para cubrir costos financieros, comisiones o estructuras administrativas dejó de estar disponible para fortalecer la infraestructura hospitalaria o mejorar la sostenibilidad del sistema previsional.
Por ello, la investigación ya no debería limitarse exclusivamente a determinar si hubo pagos indebidos o sobrecostos en determinadas obras. También debería reconstruir el circuito completo del dinero desde el momento en que ingresaba al fideicomiso hasta su destino final.
Seguir la ruta del dinero permitiría responder preguntas que hoy permanecen abiertas, ¿cuánto ganó cada actor involucrado?, ¿quién asumió realmente los riesgos del contrato?, ¿quién obtuvo los mayores beneficios económicos durante toda la vigencia del fideicomiso? y, sobre todo, ¿el diseño contractual, protegió adecuadamente los intereses de los aportantes?
La documentación financiera del fideicomiso podría ofrecer respuestas precisas. Estados de cuenta, movimientos bancarios, saldos diarios, informes de gestión fiduciaria, liquidaciones de comisiones y reportes contables permitirían reconstruir con exactitud el impacto económico del contrato.
Esa información no solo interesa a los organismos de control. También pertenece al ámbito del derecho de acceso a la información de los asegurados, porque fueron sus aportes los que alimentaron el patrimonio administrado.
Mientras la atención pública continúa enfocada en las obras inconclusas y los pagos cuestionados, quizás la pregunta más importante permanezca sin respuesta, si el fideicomiso movilizó durante años recursos previsionales por cientos de miles de millones de guaraníes, ¿quién terminó siendo el verdadero beneficiario económico del esquema?
Esa respuesta probablemente no se encuentre en las certificaciones de obra ni en los contratos de construcción. Está, muy posiblemente, en la contabilidad del fideicomiso y en la trazabilidad de cada guaraní administrado. Seguir esa ruta puede ser la clave para comprender el alcance financiero real de uno de los contratos más controvertidos en la historia reciente del IPS.
Sugestivo silencio
Es importante señalar que, en reiteradas ocasiones, hemos intentado obtener información sobre el contrato de fideicomiso IPS-banco Atlas con el actual director jurídico de la previsional, abogado Pablo Morínigo, sin tener respuestas del mismo, lo que habla poco de la transparencia que pregona el presidente del IPS, Dr. Isaías Fretes.