César Addario Soljancic (*)
Tengamos este ejemplo para iniciar; María, dueña de una pequeña empresa de transporte de carga en una zona rural del interior, pasa gran parte de su jornada calculando rutas y costos. Cada semana sus camiones pierden horas en caminos deteriorados, pagan más combustible y enfrentan riesgos de averías que encarecen el servicio. Sus clientes, productores locales, terminan pagando fletes más altos y pierden competitividad frente a quienes operan cerca de los grandes centros.
María quisiera contratar dos conductores más y renovar parte de la flota, pero los márgenes ajustados se lo impiden. En la ciudad, la familia de Carlos –un joven técnico egresado– evalúa mudarse para acceder a mejores oportunidades laborales, pero la conectividad deficiente y los tiempos de traslado hacen que quedarse en su región sea más seguro, aunque menos prometedor.
Ambas situaciones reflejan cómo las limitaciones de infraestructura y logística restringen decisiones cotidianas de inversión, contratación y movilidad personal. A nivel nacional, la disciplina fiscal muestra resultados claros y verificables. En enero del 2026 el déficit fiscal se ubicó en solo 0,2% del PIB. El resultado primario del 2025 cerró en -0,1% del PIB y el global en -2,0%. Para el 2026 se proyecta un déficit de -0,2 %, muy por debajo del techo de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La deuda pública total descendió de 41,3% del PIB en el 2025 a 36,4% proyectado para el 2026, con la componente externa en 31,0%. Durante el 2025, el 78% del incremento presupuestario se destinó a gasto corriente –principalmente salarios públicos y transferencias condicionadas–, mientras la inversión pública ejecutada permaneció por debajo del 4% del PIB. Estas cifras configuran una arquitectura institucional basada en reglas cuantificables que preserva la solvencia y genera credibilidad. El bajo déficit y la trayectoria descendente de la deuda crean un entorno de menor incertidumbre que reduce la prima de riesgo y facilita la planificación privada.
Sin embargo, la composición del gasto limita la transmisión hacia la economía real. Las estimaciones disponibles indican que el multiplicador fiscal de la inversión pública se ubica entre 1,8 y 2,2: genera demanda directa de bienes y servicios del sector privado, reduce costos de transporte y energía para toda la economía, y eleva la productividad del capital existente.
En contraste, las transferencias corrientes y el gasto en salarios muestran multiplicadores de entre 0,6 y 0,9: su efecto se concentra en consumo inmediato y se disipa rápidamente sin crear activos duraderos ni alterar la senda de crecimiento potencial. Por sectores, la inversión en transporte y logística suele exhibir efectos más amplios por sus encadenamientos productivos; la destinada a energía y conectividad genera externalidades que benefician tanto a grandes como a pequeñas unidades.
La inversión en capital humano muestra retornos elevados en el mediano y largo plazo al mejorar la empleabilidad. Cuando el gasto prioriza el consumo corriente, las señales de precio y de esfuerzo permanecen menos nítidas. Las empresas como la de María enfrentan costos operativos elevados que reducen su capacidad de expandirse; familias como la de Carlos ven restringidas sus opciones de movilidad laboral.
La disciplina fiscal evita presiones inflacionarias y preserva recursos futuros, pero sin recomponer el gasto hacia inversión de alto retorno, el efecto multiplicador sobre decisiones privadas de contratación, inversión y localización territorial se mantiene limitado.
La misma solidez fiscal abre espacio para una reorientación estratégica del gasto. Se trata de priorizar la ejecución eficiente de inversión pública en infraestructura, logística, energía y capital humano básico, complementada por esquemas de participación privada –incluyendo concesiones y privatizaciones selectivas de activos o servicios donde el sector privado puede aportar mayor eficiencia, innovación y capital adicional–.
La credibilidad institucional permite avanzar en estas reformas sin comprometer la trayectoria fiscal ni generar riesgos de solvencia. Al mismo tiempo, la ausencia de presiones fiscales sobre el banco central fortalece la autonomía de la política monetaria, que puede mantener condiciones de estabilidad de precios con tasas de interés más predecibles y favorables para el crédito privado. Esta combinación –reglas fiscales creíbles, recomposición del gasto hacia multiplicadores altos y mayor participación privada eficiente– alinea incentivos: el sector público construye plataformas productivas y el privado responde con inversión, contratación y expansión.
Los resultados medibles se reflejarían en la vida cotidiana. Empresas como la de María reducirían costos logísticos y de energía, ampliando márgenes para contratar personal y modernizar equipos. Familias como la de Carlos contarían con mejor conectividad y tiempos de traslado más razonables, ampliando las opciones reales de empleo y residencia.
Los territorios periféricos y rurales verían una reducción gradual de las brechas de productividad y oportunidad, con mayor retención de talento joven y cadenas de valor más integradas. A nivel agregado, el mayor multiplicador de la inversión y la eficiencia privada generarían más empleos formales, mayor acumulación de capital y una trayectoria de crecimiento más sostenida.
La disciplina fiscal dejaría de ser solo un ancla de estabilidad para convertirse en un mecanismo que multiplica las oportunidades accesibles: más decisiones de inversión y contratación viables para las empresas, mayor movilidad social y territorial para las personas, y servicios de mejor calidad en la vida diaria. La solidez macro ya está alcanzada. Completar la transmisión mediante una recomposición del gasto hacia inversión de alto retorno y una participación privada eficiente es el paso que convierte esa solidez en un motor efectivo de oportunidades reales para ciudadanos, empresas y territorios.
(*) https://cesaraddario.com/ Economista, analista económico de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.