El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, suscribieron el acuerdo durante un acto realizado en el Palacio de Justicia. La iniciativa forma parte del proceso de transferencia de las funciones y responsabilidades vinculadas al Catastro a la máxima instancia judicial, iniciado en enero de este año tras la creación del RUN.
El proyecto apunta a garantizar una actualización permanente, confiable e integrada de la información catastral y registral de los bienes inmuebles. En términos prácticos, se pretende que el Estado pueda contar con una única base de información que permita conocer con mayor precisión la situación jurídica y física de cada propiedad.
El RUN fue creado mediante la Ley Nº 7.424/2025 y establece un sistema centralizado que integra la información del Catastro y del Registro de Inmuebles bajo administración del Poder Judicial. La apuesta es reducir la dispersión de datos, simplificar trámites, mejorar la calidad de la información y disminuir los tiempos necesarios para formalizar operaciones inmobiliarias.
El impacto esperado va mucho más allá de una reforma administrativa. La existencia de registros confiables constituye un elemento esencial para la seguridad jurídica, el acceso al crédito, la formalización de propiedades y la concreción de inversiones. Para empresarios y potenciales inversores, conocer con certeza quién es el propietario de un inmueble, cuál es su situación jurídica y si existen restricciones o conflictos sobre el mismo resulta determinante antes de comprometer capital.
Durante la presentación, Lovera sostuvo que la economía también se mueve a partir de expectativas y que la puesta en funcionamiento eficiente del sistema puede generar un cambio de percepción. “Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante”, señaló.
La transferencia también representa un desafío para la Corte Suprema, que deberá demostrar que la centralización permite efectivamente superar las históricas dificultades vinculadas a la información inmobiliaria. No bastará con trasladar competencias, el éxito del RUN dependerá de la interoperabilidad de los sistemas, la actualización permanente de los datos, la transparencia y la capacidad de respuesta frente a los usuarios.
En el acto participaron además el gerente general del MEF, Horacio Codas, la directora general de Gabinete Ejecutivo, Flavia Ayala Vuyk, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y autoridades de las instituciones involucradas.
El objetivo final es que la propiedad inmobiliaria deje de ser un terreno de incertidumbre burocrática y se convierta en una fuente de seguridad jurídica y dinamismo económico. Si el RUN logra integrar información confiable, reducir trámites y acelerar los procesos registrales, Paraguay podría dar un paso significativo hacia un mercado inmobiliario más transparente y un clima de negocios con menores niveles de riesgo.
La verdadera prueba, sin embargo, comenzará ahora: que la reforma se traduzca en resultados concretos para ciudadanos, empresas e inversores.