Los fondos de los trabajadores destinados a sostener las jubilaciones y prestaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) aparecen nuevamente bajo sospecha por la forma en que fueron utilizados dentro del esquema de obras financiadas mediante el fideicomiso con el banco Atlas.
Un documento de Auditoría Interna del IPS, que verificó en forma aleatoria los trabajos pagados con fondos del fideicomiso IPS-banco Atlas, expone un caso que, por su magnitud, obliga a preguntar cuánto control existió sobre cada desembolso y quién autorizó pagos de semejante dimensión.
El informe señala que, conforme al Acta de Recepción Provisoria Nº 2 – Avance Porcentual 26,44%, de fecha 31 de octubre del 2022, se pagó un total de G. 722.514.450 por el concepto de “Servicio de Poda, destronque y desraizado de árboles”, correspondiente a una superficie de apenas 510 metros cuadrados.
El propio cuadro incorporado al documento de Auditoría Interna identifica el trabajo con una cantidad de 510 m² y un precio unitario de G. 1.416.695, cuyo resultado arroja exactamente los G. 722.514.450 pagados. Es decir, se pagó G. 1,4 millones por cada metro cuadrado limpiado.
La cifra resulta particularmente llamativa porque se trata de un trabajo preliminar, no de una construcción de infraestructura hospitalaria ni de una obra de gran complejidad. Es decir, más de G. 700 millones fueron destinados exclusivamente a tareas de limpieza, poda, destronque y desraizado en un área de reducidas dimensiones.
Y aquí aparece la pregunta central, ¿qué controles se aplicaron antes de liberar ese dinero?
La propia Auditoría Interna recuerda en el documento las obligaciones legales relacionadas con la fiscalización. Cita el artículo 46 de la Ley Nº 1533/2000, “Que establece el régimen de Obras Públicas”, que dispone que la administración licitante debe nombrar los fiscalizadores necesarios para velar por la correcta ejecución de la obra.
También invoca el artículo 60 de la Ley Nº 1535/1999, de Administración Financiera del Estado, que establece que el control interno comprende el control previo a cargo de los responsables de la Administración.
La advertencia de Auditoría Interna adquiere especial relevancia en el contexto del fideicomiso IPS-Banco Atlas, mediante el cual recursos provenientes del sistema previsional fueron destinados al financiamiento de dicho servicio.
El problema no se limita entonces a determinar si una poda fue realizada o no, sino a establecer si el precio pagado guardaba razonabilidad con el trabajo ejecutado, si existieron controles previos suficientes y si los responsables cumplieron con su obligación de proteger el patrimonio previsional, principalmente el fiduciario, en este caso el banco Atlas, teniendo en cuenta que el mismo es el administrador y que la debilidad de los controles para los desembolsos habrían originado el despilfarro de los G. 828.800 millones de los fondos jubilatorios destinados al fideicomiso.
Cabe mencionar que los fondos jubilatorios no son una caja cualquiera. Son recursos acumulados con el aporte de trabajadores y empleadores destinados a garantizar prestaciones presentes y futuras. Cada guaraní que sale del sistema debería estar respaldado por una necesidad concreta, un presupuesto razonable, controles efectivos y documentación que permita demostrar que el dinero fue utilizado correctamente.
El caso de los G. 722,5 millones por 510 m² constituye, por ello, mucho más que una cifra llamativa, es un símbolo de la dimensión que puede alcanzar el despilfarro cuando los controles fallan.
La cuestión que queda planteada es inevitable, ¿cuántos otros pagos similares se realizaron bajo el fideicomiso y cuántos millones de los fondos jubilatorios pudieron haber sido comprometidos sin controles adecuados?.
La respuesta debe surgir de una investigación exhaustiva del Ministerio Público, operación por operación. Porque cuando se trata del dinero de los jubilados, la falta de control no es un simple error administrativo, sino que puede convertirse en una puerta abierta al despilfarro del patrimonio previsional.