En el complejo tablero de las contrataciones tecnológicas del Estado paraguayo, ganar una licitación no depende exclusivamente de presentar la mejor oferta económica o la solución técnica más avanzada. Para los actores dominantes del mercado, la verdadera batalla suele librarse en el terreno del procedimiento administrativo. La reconstrucción del historial licitatorio de Softshop SA revela el funcionamiento de lo que en el sector se conoce como el “Manual de paralización”: un aceitado mecanismo de protestas, impugnaciones y solicitudes de suspensión interpuestas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con un objetivo estratégico claro: bloquear la llegada de competidores y forzar la continuidad de los servicios prestados por el grupo.
El derecho a la protesta es una garantía fundamental del sistema de compras públicas, diseñada para proteger la legalidad y corregir arbitrariedades en las evaluaciones. Sin embargo, cuando la impugnación se convierte en una conducta recurrente frente a cada proceso donde la corporación o sus firmas satélites no resultan favorecidas, la herramienta de control institucional pasa a actuar como un efectivo freno de mano corporativo.
La anatomía del bloqueo en tres pasos
La estrategia de litigiosidad administrativa desplegada en licitaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) sigue una secuencia operativa milimétricamente calculada:
La objeción preventiva a los pliegos: En las etapas iniciales de la convocatoria se presentan consultas y observaciones hiperespecíficas buscando moldear las especificaciones técnicas a la medida de la tecnología propia. Si la institución no cede a las modificaciones propuestas, la firma sienta las bases para la siguiente fase.
La protesta con medida de suspensión: Al momento en que el comité de evaluación emite un dictamen favorable a una empresa rival, el grupo activa una batería de recursos administrativos ante la DNCP. La clave de esta movida no es solo el fondo de la protesta, sino la exigencia de dictar medidas cautelares de suspensión del proceso.
El congelamiento del mercado: La sola apertura de un sumario de protesta e investigación previa en la DNCP paraliza la firma del contrato y el inicio de los trabajos por parte del ganador. Este “limbo institucional” se extiende durante semanas o meses mientras se sustancian los traslados y dictámenes.
El efecto dominó: El competidor ahogado y la prórroga obligada
El impacto de esta táctica de desgaste no se mide únicamente en los folios del expediente administrativo; se refleja en las decisiones operativas de las instituciones contratantes. Para una empresa competidora –especialmente firmas medianas o internacionales sin una espalda financiera local masiva–, mantener congelada una oferta durante meses implica costos operativos elevados, vencimiento de pólizas de mantenimiento de oferta y parálisis de capital de trabajo.
Para la institución pública convocante, el dilema es aún más grave. Si el llamado corresponde a un sistema informático crítico (como el agendamiento del IPS o el centro de facturación de la Ande), el Estado no puede darse el lujo de apagar los servidores mientras la DNCP resuelve la maraña de impugnaciones.
Es allí donde el “Manual de paralización” logra su rendimiento más rentable: ante la imposibilidad de avanzar con el nuevo adjudicado debido a la protesta en curso, la institución se ve forzada a recurrir a adendas de emergencia o renovaciones directas con el proveedor histórico. De esta manera, el recurso administrativo interpuesto para “cuestionar una irregularidad” termina garantizando la extensión del negocio para quien impugna.
Cuestionar la forma para evitar discutir el fondo
Un elemento característico de las impugnaciones impulsadas por la estructura del edificio España es el foco en aspectos meramente formales de las propuestas competidoras. Errores menores en el foliado de las ofertas, discrepancias en la traducción de certificaciones internacionales o tecnicismos de formato son elevados al rango de “incumplimientos insubsanables” para exigir la descalificación del rival que ofreció menor precio o mejor tecnología.
El abuso de la vía administrativa desvirtúa la libre competencia garantizada por la Ley de Contrataciones Públicas. Cuando el sistema permite que la litigiosidad constante paralice adjudicaciones legítimas, el precio que paga la ciudadanía se mide en servicios públicos obsoletos y presupuestos sobreinflados.
Desentrañar esta gimnasia procedimental es indispensable para comprender por qué el grupo logra mantener un control hegemónico sobre las plataformas tecnológicas del país. En nuestra próxima entrega, analizaremos cómo esta estrategia se potencia mediante el accionar coordinado de las nueve empresas vinculadas, que actúan en tenaza para multiplicar las impugnaciones y dominar las mesas de evaluación.