La abogada y exsenadora Norma Aquino sostuvo que el debate no debería concentrarse en ataques personales a través de campañas mediáticas, sino en esclarecer qué ocurrió con los fondos que debían ser destinados originalmente a infraestructura sanitaria.
Según señaló, auditorías, documentos oficiales y declaraciones de autoridades del IPS dan cuenta de una operación cercana a los G. 900.000 millones, destinada mediante un contrato fiduciario a cuatro proyectos: la terminación del Hospital Ingavi, la construcción de una Policlínica, un Hospital Día y el Hospital Hemato-Oncológico.
Los cuestionamientos sobre el fideicomiso no son nuevos. En 2024, una auditoría externa detectó que unos G. 828.000 millones vinculados al fideicomiso habían sido utilizados en operaciones que no estaban contempladas en el contrato. También sostuvo que desde 2022 se realizaron pagos relacionados con obras de mantenimiento que no formaban parte del objeto original del fideicomiso.
La discusión se profundizó con nuevas auditorías internas. Informes divulgados posteriormente señalaron que tres de las obras previstas no alcanzaban el 50% de ejecución y que otra ni siquiera había comenzado, mientras que se detectaron desembolsos relacionados con otros conceptos.
En enero de 2026, el IPS informó que sus auditorías habían identificado irregularidades que podrían implicar hechos punibles y que el Consejo de Administración debía analizar medidas respecto del banco Atlas como fiduciario y administrador de los fondos.
Aquino, más conocida como Yamy Nal, afirmó que entre 2022 y 2023 unos G. 641.000 millones fueron destinados a salarios, mantenimiento de oficinas y otros gastos que, según los informes, no correspondían al objeto del fideicomiso. También mencionó presuntas firmas no autorizadas, ausencia de garantías y dificultades para acceder a documentación requerida durante las verificaciones.
La controversia no se limita a establecer cuánto dinero fue transferido, sino también a determinar quién autorizó los desembolsos, bajo qué documentación, qué controles fueron aplicados y qué responsabilidades corresponden a cada una de las partes.
La situación de las obras constituye otro de los puntos sensibles. El fideicomiso tenía como finalidad financiar infraestructura sanitaria para los asegurados del IPS. Las auditorías y los informes divulgados durante los últimos años cuestionaron tanto el nivel de avance de las obras como la utilización de recursos en trabajos que no formaban parte del objeto contractual.
A esto se suma el reclamo por los intereses generados y el estado de las obligaciones pendientes. En junio de 2026, el presidente del IPS, Isaías Fretes, confirmó la existencia de compromisos por G. 126.000 millones para obras hospitalarias, de los cuales G. 98.000 millones correspondían al Hospital Hemato-Oncológico y G. 28.000 millones al Hospital Día o Buongermini. El IPS había transferido inicialmente G. 828.800 millones para el desarrollo de las cuatro obras contempladas en el fideicomiso.
En su mensaje, Yamy Nal vinculó la situación con las dificultades que enfrentan jubilados y pacientes que dependen de los servicios de salud del IPS. También afirmó que una parte importante (30%) de los pacientes oncológicos que concurren al Instituto Nacional del Cáncer (Incan) son asegurados de la previsional y reclamó que se esclarezca el manejo de los recursos que tenían que destinarse al hospital Hemato-Oncológico.
La exsenadora pidió además respuestas de la Fiscalía y cuestionó que no se haya esclarecido hasta ahora el destino del dinero. “¿Por qué no se entregan todos los documentos requeridos?”, planteó, refiriéndose principalmente a la falta de documentación sobre la inclusión del “Punto 5: Otros centros de salud”, al tiempo que reclamó una profunda investigación sobre el fideicomiso.
El Ministerio Público ya había intervenido en investigaciones relacionadas con el manejo de fideicomisos del IPS. En febrero de 2024, la Fiscalía realizó un allanamiento en la Caja Central de la previsional dentro de una causa que investigaba presuntas irregularidades en la utilización de recursos.
La pregunta instalada por la abogada Norma Aquino, por tanto, se suma a una controversia que lleva varios años y que todavía exige respuestas documentales como cuánto dinero ingresó al fideicomiso, cuánto fue lo efectivamente destinado a cada obra, qué pagos fueron autorizados, cuáles no correspondían al contrato, qué saldo permanece pendiente y quiénes deben responder por las decisiones adoptadas y los perjuicios eventuales al IPS.
“Distintos informes públicos señalan que los mismos grupos vinculados al banco Atlas, tras los hechos de 2025, no fusión, allanamientos, obligaciones pendientes y el dinero del IPS cuyo destino sigue desconocido, intentan instalar ‘tapas’ mediáticas y operaciones de venganza contra otras entidades, como el caso del banco ueno. Esto evidencia la profundidad del conflicto y la intención de desviar la atención de los hechos reales”, expresó tajante la exparlamentaria en su cuenta de X.
Finalmente, Yamy Nal cierra su posteo con la pregunta: “¿Qué pasó con la plata del IPS, señores banco Atlas-Zuccolillo?”, respuesta que deberá surgir de los contratos, las auditorías, los registros financieros y las investigaciones que viene realizando la Fiscalía a través de su Unidad de Delitos Económicos.