César Addario Soljancic (*)
La pregunta incómoda que circula en mesas, mercados y redes es legítima: si la inflación interanual cerró enero del 2026 en 2,7% –por debajo del centro de la banda– y el Banco Central del Paraguay redujo su meta de 4,0% a 3,5% para este año, ¿por qué los hogares, especialmente los de menores ingresos, no perciben alivio tangible en la canasta básica?
Para responder con rigor, primero reconocemos la crítica más sólida: las cifras agregadas del IPC ocultan una heterogeneidad real. Los deciles 1 al 4 destinan entre 55% y 65% de su gasto a alimentos, vivienda, transporte y servicios básicos, rubros donde las rigideces de precios son mucho más fuertes. Mientras el índice general baja gracias a una política monetaria responsable, el subíndice de alimentos y bebidas no alcohólicas se ajusta con mayor lentitud.
La apreciación del guaraní y los términos de intercambio favorables mejoran las cuentas macro, pero el beneficio no llega completo al consumidor final. Esa sensación de que “la inflación no baja” refleja un problema concreto: las distorsiones microeconómicas impiden que los frutos de la estabilidad monetaria lleguen a las familias. En la Nueva Arquitectura –Economía con Rostro– todo análisis combina el 60% de impacto humano con el 40% de rigor técnico.
Por eso partimos de una historia concreta. María, vendedora informal en un mercado de Asunción, sostiene a su familia con un ingreso equivalente a 1,8 salarios mínimos. Su presupuesto se divide así: 48% en alimentos, 22% en vivienda y servicios, 15% en transporte. En los últimos doce meses el pollo subió 9%, el arroz 7% y el gas de cocina 11%. Aunque el IPC general marca 2,7%, su gasto real en la canasta que realmente consume supera el 4,5%. Esta realidad se repite en miles de hogares.
No es mera percepción: la estructura de consumo de los más vulnerables difiere radicalmente de la canasta promedio y revela cómo las rigideces bloquean el beneficio de una moneda estable. Los datos macro confirman que la disciplina monetaria funciona. La inflación cerró el 2025 en 3,8% y bajó a 2,7% interanual en enero del 2026. El BCP ajustó la meta a 3,5%, señal clara de credibilidad, y mantiene la Tasa de Política Monetaria en 5,75% (marzo del 2026).
El tipo de cambio proyectado para diciembre del 2026 ronda los 6.687 guaraníes por dólar. Esta apreciación, junto a términos de intercambio favorables, reduce la presión inflacionaria importada.
El gobierno del presidente Santiago Peña ha hecho bien en respetar la independencia del Banco Central y respaldar una política monetaria responsable y predecible. Esta decisión de no presionar por una política expansiva artificial ha sido clave para recuperar la credibilidad y lograr la convergencia hacia una inflación baja y estable.
Sin embargo, la tabla de inflación por decil de ingreso del INE EPHC 2025 muestra la brecha: los hogares más pobres enfrentan tasas efectivas más altas en los rubros que más pesan en su presupuesto. Aquí se ve la diferencia entre una política monetaria sana y las fricciones que impiden que sus beneficios se transmitan plenamente. El mecanismo es claro.
Una política monetaria predecible y de bajo crecimiento de la oferta monetaria ancla las expectativas y genera estabilidad. Esa es la parte técnica (40%). Pero el passthrough (traslado de costo) del tipo de cambio es asimétrico porque los mercados locales no son lo suficientemente libres. Cuando el guaraní se fortalece, los costos de importación bajan para los operadores formales, pero en las cadenas de distribución de alimentos y bienes básicos –a menudo protegidas por barreras regulatorias, licencias restrictivas y baja competencia– esa reducción no se traslada al precio final.
Mi propuesta concreta es liberar completamente los mercados de alimentos y distribución: eliminar la mayoría de las licencias, permisos y trámites burocráticos que hoy limitan la importación y el comercio interno de productos de la canasta básica, abrir la competencia a pequeños importadores y distribuidores, y reducir al mínimo la intervención estatal en precios y cadenas de suministro.
Solo con mercados verdaderamente abiertos y competitivos los precios bajarán de forma natural y rápida. Esta idea no es nueva: funcionó con excelentes resultados en Perú durante los años 90. Tras décadas de controles y proteccionismo, la liberalización del comercio y la eliminación de barreras burocráticas en el sector agroalimentario generaron una fuerte caída en los precios reales de los alimentos, mayor oferta y una reducción significativa de la pobreza urbana.
Los consumidores peruanos accedieron a más variedad y precios más bajos sin necesidad de subsidios ni controles artificiales. Paraguay puede replicar ese camino con aún mejores condiciones, gracias a nuestra ubicación y a la estabilidad monetaria que ya estamos logrando. La solución sigue el principio de siempre: más libertad económica, no menos. No se trata de relajar la disciplina monetaria –esa ancla es indispensable para el crecimiento sostenido–, sino de eliminar las rigideces que la bloquean. Cuando los mercados son libres, los precios se ajustan con mayor rapidez tanto al alza como a la baja, y los beneficios de una moneda estable llegan directamente al bolsillo de las familias.
Cuando estas reformas avancen, el resultado será visible en la vida diaria: menor brecha entre la inflación general y la que sienten los hogares pobres, mayor poder adquisitivo real, presupuestos familiares más predecibles y mayores oportunidades de progreso individual. El 60% de impacto en ciudadanos, territorios y vida cotidiana dejará de ser una aspiración y se convertirá en realidad concreta.
La familia de María podrá gastar menos en lo esencial y destinar más recursos a educación, salud o su propio emprendimiento. La estabilidad de precios no es un objetivo técnico aislado; es la base para que las personas puedan planificar, invertir y prosperar. Cuando se combina una política monetaria responsable –como la que ha respaldado el gobierno del presidente Peña– con mercados verdaderamente competitivos y libres de distorsiones estatales excesivas, la economía deja de ser un conjunto de cifras y adquiere un rostro humano. La convergencia a la meta del 3,5% dejará entonces de ser solo una buena estadística y se convertirá en un alivio real para quienes más lo necesitan.
(*) https://cesaraddario.com/ Economista, analista económico de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.