En las contrataciones públicas existen obras que se ven y otras que pasan completamente desapercibidas para la ciudadanía. Mientras una ruta, un puente o un hospital son visibles y pasibles de auditoría visual, los sistemas informáticos trabajan silenciosamente detrás de cada trámite, cada jubilación, cada corte de luz y cada consulta que realiza un ciudadano paraguayo.
Cuando esos sistemas pertenecen a instituciones estratégicas del Estado, el proveedor tecnológico adquiere un rol que trasciende la simple venta de equipos o software: se adueña de la continuidad operativa de la nación.
La documentación analizada sobre Softshop SA muestra que esta firma familiar no es un simple contratista; es el guardián invisible de los datos de millones de paraguayos. Con un historial de adjudicaciones acumuladas que supera los G. 205.111 millones, la empresa presidida por Juan Bautista Cazenave Cardús se ha incrustado en el corazón informático de las cajas más sensibles del país: el Instituto de Previsión Social (IPS), la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).
¿Proveedores o dueños de la gestión pública?
Delega la tecnología y delegarás el poder. Al revisar el alcance de los contratos otorgados a Softshop S.A. y su red de empresas relacionadas, queda claro que el funcionamiento diario del Estado paraguayo hoy depende de las soluciones privadas de este grupo económico. La firma interviene directamente en procesos neurálgicos:
- La administración de historias clínicas de los asegurados.
- El procesamiento de pagos y el respaldo de bases de datos financieras.
- La gestión de expedientes y la infraestructura crítica de servidores.
- El software de distribución de energía eléctrica.
En consecuencia, cuando el IPS o la Ande adjudican un proyecto tecnológico a este clan, no están comprando simples computadoras o licencias de uso. Están entregando las llaves de su capacidad operativa a una estructura corporativa cerrada. Si bien la firma goza de Certificado de Cumplimiento Tributario, la tremenda concentración de sistemas críticos bajo un mismo sello familiar enciende alarmas éticas inevitables.
Las preguntas que el poder digital debe responder
El informe de debida diligencia (“due diligence”) reconstruye una red de sociedades relacionadas que operan desde el mismo Edificio España, abarcando desde la tecnología hasta el negocio inmobiliario. Esta diversificación es legal, pero obliga al periodismo a mirar más allá de la superficie:
¿Qué auditorías técnicas independientes certifican que la soberanía de los datos del IPS o del BNF está a salvo?
¿Cómo se distribuyeron estos G. 205.000 millones a lo largo del tiempo?
¿Qué mecanismos de control acompañaron a licitaciones que sospechosamente terminan siempre en las mismas manos familiares?
Responder estas preguntas exige destripar expediente por expediente, licitación por licitación y contrato por contrato. Esa será la siguiente etapa de esta investigación.
En la próxima entrega iniciaremos la reconstrucción cronológica de este festín tecnológico. Analizaremos cómo se construyó este imperio digital a la sombra de los gobiernos de turno, contrastando los papeles oficiales con los resultados reales que sufren –o disfrutan– los ciudadanos en las ventanillas del Estado. Los documentos ya están sobre la mesa.