Para el sector privado, el Estado paraguayo suele ser el mejor de los clientes, especialmente cuando se trata de contratos que la ciudadanía no puede ver ni auditar a simple vista: la infraestructura informática.
Tras casi tres décadas de expansión silenciosa, Softshop SA ha dejado de ser una simple firma comercial para convertirse en un verdadero gigante de la dependencia pública, consolidando su crecimiento al amparo de las cajas más importantes del país.
Al revisar las planillas oficiales recopiladas en el informe documental, las cifras adquieren una dimensión patrimonial descomunal. Softshop SA ostenta un historial de adjudicaciones en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que supera la barrera de los G. 205.111 millones.
Los dueños de los sistemas críticos
Esta impresionante acumulación de dinero público no proviene de licitaciones menores. La estructura familiar de los Cazenave se ha incrustado en el corazón operativo de las instituciones civilmente más sensibles del Estado: el Instituto de Previsión Social (IPS) –blanco diario de reclamos ciudadanos por deficiencias administrativas–, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).
La firma es la encargada de proveer desde almacenamiento de datos hasta software de distribución eléctrica y servidores rackeables. Si bien ganar licitaciones de manera de sostener un negocio es legal, la magnitud de estas cifras en sectores que impactan sobre servicios esenciales enciende alertas: ¿Hasta qué punto el funcionamiento de estos entes clave es rehén de una sola corporación familiar?
La alergia a los controles públicos
Sin embargo, detrás del brillo de los G. 205.000 millones, la radiografía contable y judicial revela un comportamiento corporativo que despierta suspicacias.
Aunque el informe señala que la firma cuenta con Certificado de Cumplimiento Tributario vigente ante la DNIT, las preguntas se amplían: ¿qué pasaría con la continuidad de la Nube-Py o de los sistemas de recaudación del IPS si estas estructuras corporativas son sometidas a una fiscalización patrimonial independiente?
Cifras que no cierran en Aduanas
El perfil de la compañía suma otro elemento sugerente en sus registros de comercio exterior. El informe detalla que entre los años 2022 y 2024, la empresa registró un incremento en sus importaciones declaradas ante el fisco. Sin embargo, al contrastar esos reducidos montos en dólares (apenas USD 33.000 en el 2022 o USD 54.000 en el 2023) con contratos estatales individuales que superan los G. 43.000 millones, la desproporción salta a la vista.
Los hechos objetivos reconstruidos hasta este punto justifican una mirada mucho más profunda:
1. Una estructura familiar blindada con casi 30 años en el mercado.
2. Una facturación estatal millonaria concentrada en entes en crisis.
3. Una activa estrategia para repeler los mecanismos de control.
Esos elementos exigen pasar de la simple descripción corporativa al análisis directo de los expedientes. En la próxima entrega, desarmaremos contrato por contrato las adjudicaciones en sistemas críticos, analizando qué se prometió, qué se entregó y qué pasó con las auditorías técnicas de los proyectos.