Durante una entrevista periodística en el Palacio de López, Santiago Peña fue categórico al señalar que el esquema merece una profunda revisión. “Hay enormes dudas sobre, realmente, si ese fideicomiso –con banco Atlas SA– fue justo para el Instituto de Previsión Social. Se hicieron inversiones por más de 800.000 millones de guaraníes, pero con unas condiciones que probablemente hoy, a la luz de lo que estamos mirando, deben ser revisadas”, expresó el mandatario.
Pero la afirmación más significativa llegó cuando el jefe de Estado describió uno de los aspectos centrales del contrato. “Hay un saldo de 160.000 millones de guaraníes que están a la vista. Eso genera un ingreso para el fideicomiso, pero ese ingreso no se traduce en un ingreso para el IPS. Creo que eso también tiene que ser revisado”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo.
La declaración presidencial coincide con uno de los cuestionamientos que especialistas y organismos de control vienen realizando desde hace tiempo, la enorme liquidez que retiene el banco Atlas SA mensualmente, de los aportes obrero-patronal, y que no genera beneficios financieros a la previsional, según lo señalado por la exjefa de Dictámenes y Contratos del IPS, Jorgelina Gómez.
El fideicomiso fue creado para administrar recursos destinados a financiar obras de infraestructura hospitalaria del IPS. Bajo ese esquema, el banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado empresarial que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros) asumió el rol de fiduciario, encargado de administrar cientos de miles de millones de guaraníes provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
Sin embargo, diversas auditorías practicadas sobre el contrato detectaron observaciones que van desde debilidades en los controles hasta cuestionamientos sobre la eficiencia financiera del modelo adoptado.
Entre las principales críticas aparece precisamente el manejo de los fondos líquidos. Mientras importantes sumas permanecen depositadas en cuentas administradas por el fiduciario, el IPS enfrenta periódicamente dificultades para financiar necesidades básicas como medicamentos, insumos médicos o equipamientos hospitalarios.
La paradoja resulta evidente, ya que existen recursos inmovilizados que generan rendimientos financieros dentro del fideicomiso, mientras la institución previsional atraviesa constantes restricciones presupuestarias para atender la creciente demanda asistencial.
¿Cumplió el fiduciario con defender los intereses del IPS?
Las declaraciones de Peña vuelven a colocar en el centro de la discusión una pregunta fundamental: ¿cumplió el fiduciario con la obligación de proteger el interés económico del fideicomitente?
En un contrato de fideicomiso, el fiduciario no actúa como un simple administrador de cuentas. Su responsabilidad legal implica gestionar los bienes fideicomitidos con la diligencia de un buen hombre de negocios, procurando maximizar los beneficios del patrimonio administrado y evitando perjuicios para el fideicomitente.
Si, como lo señaló el propio presidente, los recursos depositados generan ingresos que no terminan beneficiando al IPS, surge inevitablemente el interrogante sobre la conveniencia de la estructura financiera diseñada y sobre el cumplimiento efectivo de los deberes fiduciarios. Más aún cuando el IPS continúa enfrentando problemas de liquidez para cumplir con obligaciones esenciales del sistema de salud.
Auditorías contradicen defensa del fideicomiso
Las expresiones de Peña también contrastan con la defensa sostenida del expresidente de la institución Benigno López (quien firmó el contrato en 2017), que insiste en que el fideicomiso representaba una herramienta moderna y eficiente para ejecutar inversiones.
Sin embargo, los sucesivos informes de auditoría fueron acumulando observaciones sobre distintos aspectos del contrato, incluyendo procesos administrativos, controles internos y de administración financiera.
Lejos de disipar las dudas, esos informes terminaron fortaleciendo las críticas hacia un esquema que comprometió recursos por varios cientos de miles de millones de guaraníes durante un plazo de largo aliento.
Ahora es el propio jefe del Poder Ejecutivo quien asegura públicamente que existen razones suficientes para revisar el funcionamiento del fideicomiso. Las declaraciones de Santiago Peña representan el cuestionamiento político más importante realizado hasta ahora sobre el contrato de fideicomiso administrado por el banco Atlas SA. Más que una crítica aislada, constituyen el reconocimiento oficial de que existen aspectos estructurales que podrían haber perjudicado financieramente a la previsional en cientos de miles de millones.
Finalmente, el jefe de Estado alentó la celeridad de las investigaciones al citado contrato de fideicomiso, actualmente en manos de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público.