Benigno López defendió el fideicomiso de G. 828.800 millones, unos USD 150 millones, constituido durante su gestión al frente del Instituto de Previsión Social (IPS), y afirmó que el contrato fue aprobado por el Consejo de Administración, ajustado a la ley y diseñado para proteger los recursos de los asegurados. Sin embargo, sus explicaciones no lograron despejar las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna del IPS y el Ministerio Público, que mantienen abiertas dudas sobre la transparencia de la ejecución, el control de los fondos y el destino de una parte sustancial del dinero.
El principal cuestionamiento gira en torno al denominado “quinto punto” incorporado al contrato fiduciario. Según los auditores, esa cláusula no figuraba en el proyecto inicialmente aprobado y permitió ampliar el destino de los recursos hacia “otros centros de salud”, concentrando cerca del 76% de las inversiones previstas para infraestructura. López sostiene que el cambio fue autorizado por una resolución del Consejo, pero ese documento sigue sin aparecer entre los antecedentes examinados por los organismos de control.
Las auditorías también mantienen bajo revisión el circuito financiero del fideicomiso y las cuentas de caución utilizadas durante su ejecución. La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público tiene la responsabilidad de hallar los documentos verificables sobre el destino de los USD 150 millones administrados mediante el fideicomiso, con el deber de imputar y acusar a los culpables que podrían haber perjudicado a asegurados y jubilados.