Cuando Benigno López aceptó responder públicamente sobre el fideicomiso de G. 828.800 millones, aproximadamente USD 150 millones, constituido durante su administración al frente del IPS, buscó transmitir un mensaje de tranquilidad, el contrato –afirmó– fue estructurado conforme a la ley, aprobado por el Consejo de Administración y concebido para proteger los recursos de los asegurados.
Sin embargo, la entrevista concedida al programa “Tribu nativa” dejó una sensación distinta. Más que disipar los cuestionamientos acumulados durante casi una década de vigencia del contrato, volvió a poner sobre la mesa las mismas interrogantes que la Contraloría, la Auditoría Interna del IPS y el Ministerio Público aún intentan esclarecer.
El problema ya no gira únicamente en torno a la legalidad formal del fideicomiso. El verdadero debate se centra en la transparencia de su ejecución, la trazabilidad del dinero y la existencia de controles suficientes para garantizar que los recursos previsionales fueran utilizados exactamente para los fines autorizados. El contrato de fideicomiso con el banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado empresarial que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros), sigue teniendo grandes interrogantes.
El documento que nadie encuentra
La principal contradicción aparece alrededor del denominado “quinto punto” incorporado al contrato fiduciario.
Los auditores sostienen que el proyecto inicialmente aprobado no contemplaba una cláusula que permitiera financiar “otros centros de salud”. Sin embargo, esa disposición apareció posteriormente dentro del contrato definitivo y terminó concentrando alrededor del 76% de los recursos destinados a infraestructura, alterando significativamente el alcance original de las inversiones.
López aseguró a La Tribu 650 AM que esa modificación fue autorizada mediante una resolución del Consejo de Administración firmada por todos sus integrantes.
Pero allí surge el principal problema. Ese documento continúa sin aparecer entre los antecedentes examinados por la Auditoría Interna y tampoco forma parte, hasta donde se conoce, de la documentación incorporada por la Fiscalía en la investigación.
La ausencia de ese respaldo documental no constituye una simple formalidad administrativa. Si efectivamente existió una modificación que cambió el destino de decenas de millones de dólares, la resolución que la autorizó representa una pieza fundamental para reconstruir la legalidad del procedimiento. Mientras ese documento permanezca ausente, la explicación ofrecida por el expresidente del IPS descansa más en una afirmación que en una evidencia verificable.
La gran pregunta que sigue sin respuesta
Durante la entrevista, López insistió en que el fideicomiso fue diseñado precisamente para evitar que los recursos previsionales terminaran utilizándose como ocurrió en administraciones anteriores.
Paradójicamente, esa explicación conduce a una pregunta todavía más incómoda.
Si el objetivo era blindar el patrimonio de los asegurados, ¿cómo fue posible que años después parte de esos recursos terminaran siendo utilizados para gastos corrientes, salarios y otros compromisos distintos de las inversiones originalmente anunciadas?
El extitular del IPS trasladó esa responsabilidad a las administraciones posteriores. Sin embargo, las auditorías no solamente analizan quién ejecutó esos desembolsos. También examinan si el propio diseño del contrato incorporó mecanismos de control suficientemente robustos para impedir precisamente ese tipo de utilización. Hasta ahora, esa interrogante permanece abierta.
Flexibilidad o pérdida de control
Uno de los argumentos centrales de López fue que ampliar el objeto del fideicomiso permitió responder con rapidez a necesidades sanitarias surgidas en distintos hospitales del país.
La explicación resulta razonable desde una perspectiva administrativa.
Pero exactamente esa amplitud es la que preocupa a los organismos de control.
Los auditores sostienen que cuanto más genérica se vuelve la autorización para utilizar recursos públicos, mayor es la dificultad para verificar posteriormente si cada desembolso respetó el objetivo aprobado originalmente.
En otras palabras, la flexibilidad que el expresidente presenta como una virtud del contrato aparece en las auditorías como uno de sus principales factores de riesgo.
Las cuentas de caución
Otro capítulo pendiente corresponde a las cuentas de caución utilizadas durante la ejecución del fideicomiso.
López afirmó que dichas cuentas se encuentran reguladas por la Ley 2051 y que, por definición, no generan intereses a favor del patrimonio fideicomitido ni beneficios extraordinarios para la entidad fiduciaria. Sin embargo, esa explicación tampoco clausura las observaciones.
Las auditorías no se limitan a discutir si existieron o no intereses financieros. Lo que buscan reconstruir es el recorrido completo del dinero, identificar quién administró efectivamente los recursos en cada etapa y verificar si el circuito financiero respetó todos los controles previstos por la normativa.
La defensa política frente a la evidencia técnica
Las declaraciones del expresidente del IPS muestran una defensa política y jurídica consistente del fideicomiso. Sin embargo, los informes técnicos siguen marcando una distancia significativa entre esa narrativa y las preguntas que permanecen sin respuesta.
Mientras las observaciones no sean plenamente aclaradas con documentación verificable y las investigaciones concluyan, el debate sobre el fideicomiso del IPS difícilmente dejará de ser motivo de sospechas.