Como conclusión de esta serie, presenta en esta entrevista la visión global de lo que significaría para el país la aplicación de estos blindajes institucionales.
-Su saga propone cambios profundos, pero, ¿por qué la Ley de Responsabilidad Fiscal actual no basta y se necesita elevar estas reglas al rango constitucional?
-Porque la libertad económica genuina solo puede florecer cuando el Estado está sometido a reglas predecibles, estables y difíciles de manipular por el poder de turno. La Constitución de 1992 reconoce la propiedad privada y la libre concurrencia, pero guarda un silencio fiscal que delega toda la disciplina presupuestaria a leyes ordinarias que cualquier mayoría simple puede modificar o suspender. Eso genera incentivos al gasto muy poderosos. Los gobiernos, sabiendo que pueden endeudarse con recursos ajenos y postergar el ajuste, tienden a expandir el gasto corriente, acumular deuda flotante con proveedores como ahora sucede y crear déficits fiscales consecutivos como estamos arrastrando. El resultado es una vulnerabilidad estructural ante shocks externos y una erosión silenciosa de la fiscalidad. Elevar estos límites al rango constitucional corrige de raíz esos incentivos. Ya no se trata de la buena voluntad de un gobierno, sino de un marco institucional que obliga a todos los actores a actuar con responsabilidad. De esta manera se protege no solo la solvencia del Estado, sino —sobre todo— la libertad real de los ciudadanos: la libertad de emprender, de invertir a largo plazo, de planificar su futuro sin el temor constante a que el cambio de reglas o una crisis fiscal destruya sus esfuerzos. En última instancia, un candado constitucional es la forma más efectiva de defender el imperio de la ley frente a la arbitrariedad del poder, y de garantizar que la economía responda a las señales del mercado en lugar de a los planes políticos coyunturales.
-¿Cuáles serían los candados principales y cómo funcionarían?
-Tres elementos esenciales. Primero, un límite constitucional a la deuda pública bruta del 40% del PIB, con excepciones estrictas y calificadas para emergencias. Segundo, una regla de balance fiscal estructural cero, ajustada por el ciclo económico, que prohíba financiar gasto corriente con deuda y obligue a ahorrar en épocas de bonanza. Tercero, una protección reforzada de los derechos económicos: propiedad privada inviolable, intangibilidad de los contratos y mecanismos rápidos contra expropiaciones o regulaciones arbitrarias. Estos candados no restringen la democracia; la perfeccionan, porque limitan el poder discrecional del Estado y fortalecen el imperio de la ley, base indispensable de cualquier sociedad próspera.
-Usted elogia el modelo macroeconómico de Chile, pero ese país también enfrentó una severa crisis social por la desigualdad de su sistema. ¿No corremos el riesgo de blindar los números macro y descuidar la realidad social?
-Chile demostró que cuando se protegen con fuerza los derechos de propiedad y se establecen límites institucionales claros al poder estatal, se genera un círculo virtuoso de confianza, inversión y crecimiento sostenido. Su marco prioriza la estabilidad macroeconómica y evita la discrecionalidad que tanto daño causa. Mientras Paraguay depende de la voluntad política del momento, Chile construyó instituciones que resisten cambios de gobierno y ciclos externos. La diferencia no está en los recursos naturales, sino en la calidad de las reglas que gobiernan la interacción entre Estado y economía.
-Muchos argumentan que estos límites reducirían la capacidad del Estado para atender urgencias sociales. ¿Cómo responde a esas críticas?
-Esa crítica confunde medios con fines. Un Estado que gasta sin control genera inflación, devaluación y crisis que destruyen el poder adquisitivo de los más pobres. Las reglas constitucionales bien diseñadas incluyen cláusulas de escape para emergencias reales, pero exigen transparencia y rendición de cuentas. Lo importante es entender que la verdadera solidaridad no consiste en prometer gasto ilimitado con dinero prestado, sino en crear las condiciones para que la economía de mercado genere riqueza real, empleo productivo y movilidad social. El intervencionismo discrecional suele terminar favoreciendo intereses organizados en detrimento del ciudadano común.
-¿Cómo ayudarían estos candados constitucionales a que Paraguay capture el nearshoring (la relocalización de empresas extranjeras en la región)?
-Serían decisivos. Los inversionistas buscan ante todo predictibilidad y seguridad jurídica. Cuando la propiedad y los contratos están constitucionalmente blindados, se reduce drásticamente el riesgo político. Paraguay tiene ventajas competitivas enormes en energía confiable y producción agroindustrial; con estos candados podríamos capturar flujos de nearshoring que hoy van a países con mayor institucionalidad. Más capital significa más emprendimiento, innovación, empleo de calidad y salarios reales más altos. La libertad económica no es un lujo ideológico: es el mecanismo más poderoso que la humanidad ha descubierto para reducir la pobreza de forma sostenida.
-Para reformar la Constitución se requiere un proceso complejo y un referéndum obligatorio. Frente a la inevitable resistencia de la clase política que vive del gasto discrecional, ¿cómo le explica al ciudadano de a pie que este proyecto técnico le beneficia directamente en su bolsillo?
-El camino está previsto: iniciativa de un cuarto de legisladores, del Ejecutivo o de 30.000 ciudadanos; aprobación por mayoría absoluta en ambas cámaras y referéndum obligatorio. La resistencia vendrá de quienes se benefician del gasto discrecional y del clientelismo político. Dirán que los candados “atan las manos del Estado”, ignorando que en realidad atan las manos del populismo y protegen a la sociedad de sus propias tentaciones. Superar esa resistencia requiere una pedagogía honesta: mostrar que cada punto porcentual que se reduce en el costo de la deuda se transforma en más recursos reales para infraestructura, salud y educación. No es un proyecto partidario, sino un legado de madurez institucional.
-¿Qué mensaje tiene para el ciudadano común que quizá vea esto como algo lejano o técnico?
-Estos candados le pertenecen a usted. Protegen su salario del riesgo inflacionario, su ahorro de la inestabilidad monetaria y el futuro de sus hijos de una deuda impagable. En una economía libre, los precios, el ahorro y la inversión coordinan millones de decisiones individuales mucho mejor que cualquier planificador central. Cuando el Estado se limita a respetar reglas claras, florece la iniciativa privada, se premia el esfuerzo y se castiga menos al que quiere progresar. Eso es lo que genera prosperidad compartida.
-¿Cuál es su visión de Paraguay con estos candados en la Constitución?
-Veo un país donde la Constitución sea el escudo de la libertad económica. Con deuda controlada, derechos de propiedad reforzados y reglas que trasciendan gobiernos, atraeríamos capital productivo, generaríamos empleo de calidad y romperíamos el ciclo de déficits fiscales. No se trata de copiar modelos ajenos, sino de adoptar los principios universales que han permitido a naciones con menos recursos naturales superar la pobreza: respeto al individuo, imperio de la ley y limitación del poder arbitrario del Estado.