El contrato de fideicomiso suscrito entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas SA continúa acumulando observaciones técnicas. Las auditorías internas del IPS y exámenes externos realizados en distintos momentos coinciden en señalar serias debilidades de control, deficiencias en la supervisión de los recursos y una serie de incumplimientos que colocan bajo escrutinio la actuación del banco Atlas SA en su calidad de ente fiduciario y como administrador de unos USD 150 millones provenientes de los aportes obrero-patronales.
Los informes revisados describen un escenario en el que las fallas no se limitarían únicamente a aspectos administrativos, sino que alcanzarían la propia estructura de gestión del fideicomiso, cuya finalidad era administrar recursos destinados al financiamiento de infraestructura hospitalaria y otras inversiones estratégicas del seguro social.
El punto más sensible de las auditorías radica en el cumplimiento de las obligaciones fiduciarias. En un contrato de fideicomiso, el fiduciario no actúa como un simple intermediario financiero, sino como el administrador profesional de un patrimonio autónomo. Esa condición le impone deberes de diligencia, control, custodia, verificación documental y resguardo permanente de los intereses del fideicomitente, en este caso el IPS.
Sin embargo, las observaciones de auditoría señalan que varios de esos mecanismos de control no habrían funcionado de manera adecuada.
Entre los hallazgos más relevantes aparecen cuestionamientos relacionados con la falta de documentación suficiente para respaldar determinadas operaciones, debilidades en los procesos de seguimiento de los desembolsos, insuficientes controles sobre el avance efectivo de las obras financiadas y deficiencias en la trazabilidad de los recursos administrados por el patrimonio fideicomitido.
El incumplimiento del contrato original con el supuesto desvío de los fondos hacia proyectos no programados ni presupuestados y los desembolsos para obras y/o servicios no establecidos contractualmente, algunas inconclusas, otras inexistentes y también sobrefacturadas, forman parte de los hallazgos que verificó la auditoría al contrato de fideicomiso con el banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros).
Las auditorías también advierten inconsistencias entre la ejecución financiera y el grado real de avance físico de algunos proyectos, situación que dificulta determinar si los desembolsos guardaban correspondencia con el cumplimiento efectivo de los hitos contractuales establecidos para cada obra.
Especialistas en derecho financiero consultados sobre este tipo de contratos explican que el fiduciario tiene la obligación de verificar que cada desembolso reúna las condiciones previstas en el contrato y que exista evidencia suficiente para justificar la liberación de los recursos. Cuando esos controles presentan deficiencias, la responsabilidad administrativa puede extenderse no solamente a quienes autorizaron los pagos desde la institución pública, sino también al administrador fiduciario encargado de ejecutar las instrucciones dentro del marco contractual.
Los especialistas sostienen que una administración fiduciaria eficiente debía generar mecanismos oportunos para advertir desvíos significativos en cronogramas, certificaciones o ejecución presupuestaria, permitiendo adoptar medidas correctivas antes de que los incumplimientos adquirieran mayor magnitud.
Uno de los cuestionamientos más reiterados apunta a la insuficiente gestión de riesgos. En operaciones fiduciarias que involucran recursos públicos o previsionales, la normativa y las mejores prácticas internacionales exigen procesos permanentes de identificación, evaluación y mitigación de riesgos financieros, operativos y contractuales. Las auditorías concluyen que varios de esos procedimientos resultaron insuficientes o carecieron de la profundidad necesaria para garantizar una administración plenamente segura de los fondos.
La responsabilidad del fiduciario adquiere particular relevancia considerando que el fideicomiso administró recursos provenientes del sistema jubilatorio, cuyo destino final debía responder exclusivamente a los intereses de los asegurados del IPS. Esa condición obliga a aplicar estándares de diligencia superiores a los de una operación bancaria convencional.
Los informes también ponen énfasis en la necesidad de fortalecer la coordinación entre el IPS, el fiduciario y los organismos de control, recomendando una revisión integral de los procedimientos de autorización, seguimiento y fiscalización de futuras operaciones fiduciarias.
Aunque las auditorías no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad civil o penal, sí representan evidencia técnica que puede servir de base para investigaciones administrativas, acciones de recuperación patrimonial o eventuales procesos judiciales si se comprobara la existencia de perjuicios económicos para la previsional.
El caso del fideicomiso IPS-banco Atlas se ha convertido así en uno de los ejemplos más relevantes sobre las presuntas irregularidades de la administración fiduciaria con fondos públicos en Paraguay. Los informes coinciden en que la transparencia no depende únicamente de la legalidad formal de los contratos, sino también del funcionamiento efectivo de los controles internos, de la trazabilidad permanente de los recursos y del estricto cumplimiento de las obligaciones fiduciarias.
Recordemos que todos estos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público que investiga los presuntos daños patrimoniales al IPS a través del cuestionado contrato.