El fiscal Néstor Coronel confirmó que la causa se sustenta en una importante cantidad de documentación proveniente de la Auditoría Interna del IPS, informes de la Contraloría General de la República y otros antecedentes que están siendo sometidos a evaluación técnica para reconstruir el recorrido de los fondos administrados mediante el fideicomiso.
“Tenemos la auditoría interna que se practicó en su momento, así también la información brindada por la Contraloría. Son documentos que estamos evaluando para poder extraer cómo se fue dando ese flujo de dinero entre la banca fiduciaria y el IPS”, explicó el agente fiscal.
Uno de los aspectos que mayor interés despierta en la investigación guarda relación con las obligaciones de control que, según Coronel, debía ejercer la entidad fiduciaria, es decir el banco Atlas SA, antes de autorizar los desembolsos.
“El ente que recibía la fiducia tenía la obligación de solicitar las documentaciones pertinentes que avalaran las obras cuyos pagos estaban siendo requeridos. Sin embargo, nada de eso existió; incluso había personas que ni siquiera tenían estudios vinculados a las obras que se estaban realizando”, afirmó el fiscal al referirse a observaciones contenidas tanto en la auditoría interna como en el informe de la Contraloría.
Las diligencias también buscan establecer cómo fueron incorporadas determinadas obras al fideicomiso y si dichas modificaciones contaban con el respaldo documental correspondiente. Según Coronel, hasta el momento no fue encontrada la documentación que justificaría uno de los cambios considerados centrales dentro del proceso.
“Hasta ahora no encontramos una documentación que surja del Consejo de Administración de aquel entonces que avale la inclusión del quinto punto (Otros centros de salud) que no estaba en la proforma original”, sostuvo.
Ese denominado “quinto punto” constituye uno de los ejes de la investigación, ya que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría permitido destinar recursos originalmente previstos para la construcción de hospitales al pago de otros conceptos.
“Tenemos que entender bien cómo nace ese quinto punto porque, a partir de ahí, se realizaron pagos que ya no fueron destinados precisamente a la construcción de hospitales, sino a otros conceptos, produciendo un destino diferente para los fondos y disminuyendo el patrimonio destinado a esas obras”, señaló.
Otro elemento bajo análisis corresponde a una cuenta bancaria abierta durante la ejecución del fideicomiso para administrar retenciones efectuadas a empresas contratistas.
El fiscal explicó que “notamos que se abrió una cuenta que inicialmente no estaba establecida en el contrato y donde fueron depositándose retenciones correspondientes a pagos realizados a contratistas”. Agregó que el origen y la utilización de esos recursos continúan siendo verificados dentro de la investigación.
Coronel indicó además que la causa todavía atraviesa una etapa de análisis integral de las evidencias y que existen hipótesis que continúan abiertas.
“Hay informaciones que descartan ciertas hipótesis y otras que abren nuevas líneas de investigación. Todo se va verificando correlativamente para construir información de vital importancia”, manifestó.
Respecto de una eventual imputación, el representante del Ministerio Público explicó que el primer objetivo consiste en cuantificar con precisión el daño económico.
“Lo primero que tenemos que determinar es el perjuicio. Si logramos establecer ese monto, podríamos estar hablando de una posible figura de lesión de confianza, entre otras que eventualmente correspondan”, expresó.
No obstante, Coronel aclaró que la investigación no se encuentra dirigida automáticamente contra una persona en particular, sino que busca individualizar a quienes eventualmente participaron en la administración de los fondos.
“Tenemos que determinar cuál fue el perjuicio ocasionado a las arcas del IPS y quiénes fueron los responsables que pudieron haber llevado adelante esas decisiones”, puntualizó.
La Fiscalía también analiza el rol desempeñado tanto por las sucesivas administraciones del IPS como por quienes intervinieron desde la estructura fiduciaria durante la ejecución del contrato.
La investigación permanece abierta y busca esclarecer si las presuntas irregularidades administrativas detectadas por las auditorías derivaron efectivamente en un perjuicio patrimonial para el Instituto de Previsión Social y, en consecuencia, si corresponde promover imputaciones contra los responsables.
El monto que administró el banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros) asciende a G. 828.800 millones (unos USD 150 millones) de los cuales solo un 24% fueron destinados a las obras originales y el 76%, alrededor de USD 115 millones, fueron a parar a obras como la Clínica 12 de Junio que, además de no estar dentro del contrato original del fideicomiso y de haberse invertido USD 8 millones de la fiducia, hoy el hospital adolece de graves problemas estructurales, según lo constató el mismo presidente del IPS, doctor Isaías Fretes.