El escenario plantea una interrogante de enorme trascendencia institucional: ¿cómo es posible que el IPS deba volver a pagar G. 98.000 millones por el Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones por el Hospital Buongermini si ambas infraestructuras integraban el paquete de inversiones financiadas mediante el fideicomiso, administrado por el banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros)?
La suma de ambas obligaciones alcanza los G. 126.000 millones, monto que, en términos preliminares y sujeto a las determinaciones judiciales correspondientes, podría configurar un perjuicio patrimonial de magnitud para los fondos previsionales administrados por la institución. De hecho, como mínimo, constituyen un multimillonario desvío de los fondos jubilatorios asignados a la fiducia.
Recordemos que el contrato de fideicomiso entre el IPS y el banco Atlas SA fue concebido originalmente como un mecanismo destinado a financiar obras de infraestructura sanitaria mediante la administración de recursos provenientes del aporte obrero-patronal. En total, la previsional comprometió G. 800.800 millones (más de USD 145 millones con la cotización al momento de la firma del contrato), una cifra histórica cuyo manejo continúa siendo objeto de auditorías, investigaciones fiscales y severos cuestionamientos públicos.
La controversia se profundiza porque el Hospital Hemato-Oncológico y el Hospital Buongermini no constituyen proyectos ajenos al contrato inicial, sino componentes esenciales de la planificación original presentada a las autoridades y a los asegurados. Si el IPS debe asumir nuevamente obligaciones por G. 126.000 millones para culminar o regularizar dichas inversiones, surge inevitablemente la sospecha de una duplicación de costos que afecta directamente al patrimonio de los trabajadores.
Especialistas consultados sostienen que, de confirmarse que los recursos del fideicomiso ya contemplaban íntegramente ambas obras, el sistema previsional estaría soportando una carga económica adicional injustificada. En otras palabras, los asegurados terminarían pagando dos veces por hospitales que debieron estar cubiertos por los desembolsos originalmente ejecutados.
Las preguntas también alcanzan al fiduciario. Banco Atlas SA, como administrador de los fondos, tenía la responsabilidad contractual de garantizar la correcta aplicación de los recursos conforme a los fines establecidos en el instrumento jurídico. La ausencia de resultados concretos equivalentes al volumen de dinero movilizado obliga a revisar los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas implementados en el acuerdo.
A ello se suman los informes de auditoría interna y externa que, según trascendidos y denuncias públicas, no habrían encontrado documentación suficiente para respaldar determinadas decisiones administrativas vinculadas a la ampliación o modificación del destino de los fondos fiduciarios. Particularmente, persisten dudas respecto de la existencia de aprobaciones formales por parte del Consejo de Administración para ciertos proyectos incorporados posteriormente al esquema original, fundamentalmente el “Punto 5: Otros centros de salud” que, según las auditorías, fue el detonante del descalabro financiero del fideicomiso.
La Fiscalía, por su parte, mantiene abiertas diversas líneas de investigación orientadas a determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales. No obstante, el debate trasciende el ámbito judicial y se instala en el terreno de los sectores de los trabajadores ya que los recursos comprometidos en el fideicomiso no pertenecen al Estado en abstracto sino al aporte obrero-patronal. Corresponden a décadas de aportes realizados por trabajadores y empleadores con el propósito exclusivo de sostener prestaciones médicas y jubilatorias. Cualquier utilización ineficiente, irregular o carente de respaldo documental afecta directamente la sostenibilidad futura del sistema previsional paraguayo.
La obligación actual de desembolsar G. 126.000 millones adicionales para dos hospitales incluidos originalmente en el fideicomiso constituye, cuanto menos, un indicador alarmante sobre la ejecución del contrato. Si las investigaciones confirman que dichos montos, que ya debían ser cubiertos mediante los G. 800.800 millones, administrados por el fiduciario, fueron desviados para otros menesteres fuera del contrato, el país podría encontrarse ante uno de los episodios más graves de afectación patrimonial a fondos previsionales de los últimos años.
Mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos, miles de asegurados observan con preocupación cómo recursos destinados a garantizar atención médica y seguridad social continúan envueltos en cuestionamientos que, lejos de disiparse, se profundizan con cada nueva obligación financiera que emerge sobre obras que, en teoría, ya debían haber sido pagadas.
Es importante mencionar que el banco Atlas SA, además de los serios cuestionamientos en este contrato, soporta otro proceso judicial por presunto “lavado de dinero” en el que están acusados el mismo presidente de la entidad, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color) y los miembros del Directorio, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Páez Corvalán.