El fiscal Néstor Coronel confirmó a La Tribuna que las auditorías internas del IPS y los informes elaborados por la Contraloría General de la República forman parte central de la investigación penal y constituyen elementos relevantes para reconstruir el recorrido de los millonarios fondos previsionales administrados por la fiduciaria, en este caso el banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado empresarial que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros).
Según explicó Coronel, uno de los principales hallazgos radica en la inexistencia de documentos que debieron respaldar los pagos efectuados a contratistas y las obras ejecutadas fuera del proyecto inicial.
“Las leyes establecían la obligación de exigir las documentaciones que avalaran las obras solicitadas. Sin embargo, nada de eso existió en varios casos”, señaló el agente fiscal, quien agregó que incluso aparecen personas sin formación técnica vinculadas a procesos de aprobación y ejecución de proyectos de infraestructura.
La investigación también se concentra en determinar si las irregularidades administrativas derivaron efectivamente en un daño económico para el patrimonio de los asegurados del IPS, aspecto indispensable para eventuales imputaciones por lesión de confianza u otras figuras penales.
“Lo primero que debemos determinar es el perjuicio real ocasionado. A partir de ese monto podremos identificar responsabilidades concretas”, explicó Coronel.
Uno de los puntos más controvertidos continúa siendo la incorporación del denominado “Punto Nº 5” al esquema original del fideicomiso. La propuesta remitida inicialmente contemplaba únicamente cuatro componentes vinculados a la construcción hospitalaria, pero posteriormente apareció un quinto apartado que permitió destinar recursos al pago de obligaciones que no formaban parte del proyecto primigenio.
Lo más llamativo, según admitió el propio fiscal, es que hasta el momento no existe documentación emanada del Consejo de Administración del IPS que avale formalmente esa modificación contractual.
“Tenemos que entender cómo nace ese quinto punto porque, finalmente, es el origen de los pagos que terminaron desviando recursos destinados a hospitales hacia otros conceptos”, afirmó.
La ausencia de actas, resoluciones o autorizaciones oficiales refuerza las sospechas sobre una posible alteración del objeto inicial del fideicomiso, cuyas consecuencias todavía afectan a la previsional.
A ello se suma la aparición de una cuenta paralela de retenciones que, según Coronel, no estaba prevista en el contrato original. En ella se depositaban montos retenidos a contratistas después de haberse efectuado los desembolsos principales, una situación que también está bajo análisis para determinar su legalidad y el tratamiento de los intereses generados por esos recursos.
El fiscal reconoció además que existen interrogantes sobre la devolución de determinados fondos realizada posteriormente por banco Atlas al IPS, operación que busca ser esclarecida para comprender el manejo financiero integral del contrato.
La investigación abarca varias administraciones de la previsional y no se limita exclusivamente a funcionarios del IPS. Coronel sostuvo que será necesario determinar el grado de participación de todas las personas físicas que intervinieron en la ejecución del fideicomiso, tanto desde la entidad previsional como desde la estructura fiduciaria; es decir, desde el mismo banco operante.
“Debemos identificar quiénes tuvieron autoridad y capacidad de decisión sobre el movimiento de los recursos y cuál fue la participación de cada uno”, indicó.
Aunque descartó adelantar posibles imputaciones concretas, el representante del Ministerio Público confirmó que la hipótesis de lesión de confianza permanece abierta, siempre condicionada a la determinación exacta del daño económico ocasionado.
Mientras tanto, la realidad es contundente, el cuantioso dinero comprometido ya no existe y varios de los hospitales que debían construirse continúan siendo apenas proyectos inconclusos.
Paradójicamente, el IPS enfrenta hoy la obligación de volver a financiar algunas de esas obras, como el Hemato-Oncológico y el Geriátrico Buongermini por unos G. 126.000 millones, generando una doble carga económica para los asegurados, cuyos aportes originalmente debían garantizar la infraestructura sanitaria prometida.
La investigación fiscal avanza ahora sobre la reconstrucción documental de decisiones tomadas hace más de una década, en un entramado que involucra múltiples administraciones, modificaciones contractuales sin respaldo visible y millonarios recursos públicos cuyo destino final sigue sin quedar completamente esclarecido y donde nuevamente aparece implicado el banco del Grupo Zuccolillo sobre el que ya pesa una acusación por presunto lavado de dinero en otra causa penal.