Esta semana el Ejecutivo decretó un aumento del 5% del salario mínimo, que desde julio pasará a G. 3.044.000. La novedad no es el monto, sino el argumento.
La inflación interanual fue de apenas 2,4% —que habría dado unos 69 mil guaraníes—, pero el Gobierno decidió duplicar ese número alegando que el IPC es un piso, no un techo, y que el trabajador necesitaba recuperar poder de compra. El empresariado reaccionó pidiendo respetar la ley. Y en el medio quedó una pregunta que conviene ordenar: ¿quién tiene razón?
Empecemos por lo que muestran los datos, que es incómodo para la discusión fácil. Entre 2017 y 2025 la economía paraguaya creció con fuerza: el PIB real subió casi 25%, el consumo privado 28% y el PIB por habitante 17%. Pero el ingreso laboral promedio, descontada la inflación, mejoró apenas 1,6% en ocho años. Es decir: el país produce y consume mucho más, pero ese dinamismo casi no llegó al bolsillo del trabajador.
¿Por qué crece la economía y no el salario real? Por varias razones que conviene nombrar. El consumo no aumentó solo por mejores sueldos: también con la inclusión financiera mejoraron el acceso al crédito (tarjetas, préstamos, financiamiento, etc.), remesas y mayor participación laboral de las familias: más personas trabajando por hogar. Y buena parte del empleo que se creó es de baja productividad y alta informalidad, donde los ingresos son relativamente más bajos. El problema salarial paraguayo, entonces, no es principalmente de inflación: es de productividad, de informalidad y de estructura del mercado de trabajo.
Por eso ajustar solo por precios nunca va a alcanzar. La recuperación reciente lo confirma. Entre fines de 2023 y fines de 2025 el ingreso real promedio se recuperó 5%, pero de forma muy desigual: los empleadores ganaron 25% real, mientras los asalariados privados apenas 1,8% y los cuentapropistas retrocedieron.
Acá aparece el primer matiz sobre el salario mínimo. Para una porción importante de trabajadores no funciona como piso, sino casi como techo. El mínimo equivale hoy a cerca del 90% del salario promedio privado, y en comercio, servicios y construcción esa relación trepa al 95% e incluso al 100%. Cuando el piso legal está pegado al promedio del sector, significa que mucha gente nunca despega de ese valor: el mínimo es el punto de partida y, a la vez, el de llegada.
El segundo matiz es la cobertura. El ajuste obliga, por ley, a los asalariados en relación de dependencia; pero apenas cuatro de cada diez trabajadores están formalizados. Para el resto —cuentapropistas, domésticas, informales— el mínimo es una referencia que muchas veces no se cumple. Y, paradójicamente, en los rubros más informales —el primario, la construcción, el comercio— el ingreso promedio del trabajador informal está por debajo del mínimo legal. Allí el piso pesa más, pero protege menos.
Y quizás lo más importante: ¿alcanza? El mínimo equivale a poco más de tres veces la línea de pobreza individual urbana, lo que suena tranquilizador. Pero esa línea se mide por persona, y un salario sostiene a un hogar entero. Un mínimo cubre con holgura a una persona sola; a una familia de cuatro con un único ingreso, la deja al borde. Protege contra la pobreza monetaria de un individuo, no contra la vulnerabilidad de una familia. Y la cuenta de esa familia se va casi entera en alimentos, transporte, alquiler, servicios y deudas.
Y esa referencia es la clave técnica de todo el debate. El ajuste se calcula con el IPC general, que mide la canasta del hogar promedio. Pero la familia que vive del mínimo gasta la mayor parte en comer, y los alimentos subieron bastante más que el índice general en los últimos años. Cuando el trabajador siente que perdió poder de compra, no se equivoca; mira su canasta, no el promedio.
Por eso la decisión del Gobierno tuvo un acierto y un riesgo. El acierto: reconocer, implícitamente, que el IPC general no captura todo lo que el trabajador perdió. El riesgo: hacerlo de manera discrecional, anunciada en un discurso. Si cada año el porcentaje depende del criterio del Ejecutivo de turno, el empleador no puede planificar sus costos y la previsibilidad —que conviene a todos— se evapora. El instinto fue correcto; el método, debatible.
La salida no es elegir entre “IPC y punto” o “lo que decida el presidente”. Es construir una regla. La propuesta: revisar la metodología del cálculo en tres movimientos. Primero, cambiar el deflactor, ajustando con un índice de precios representativo de los hogares de menores ingresos —donde los alimentos pesen lo que realmente pesan—, que el INE con la Encuesta de Presupuestos de los Hogares bien podría establecer. Segundo, sumar un componente moderado de productividad, para que el trabajador participe del crecimiento sin desanclarse de la capacidad de pago de las empresas. Tercero, suavizar el resultado dentro de una banda, con cláusulas de revisión, de modo que no haya saltos bruscos en los años malos ni congelamientos en los buenos.
Eso vuelve previsible lo que hoy es discrecional, y justo lo que hoy es insuficiente. No hace falta fragmentar el mínimo en mil salarios sectoriales; alcanza con que la regla mire la canasta real y se acompañe con formalización y con apoyo a los sectores con menos margen para absorber subas. Subir el salario fue lo correcto. Hacerlo con un método claro sería, además, lo sensato.
Por lo menos, así lo veo yo.
(*) Economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario.