La decisión del Poder Ejecutivo de elevar en un 5% el salario mínimo legal abrió nuevamente una discusión que trasciende el porcentaje anunciado. Para los trabajadores organizados, el problema ya no pasa únicamente por cuánto aumenta el ingreso cada año, sino por la metodología utilizada para determinar si ese ajuste realmente acompaña el costo de vida de las familias paraguayas.
José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), sostuvo en conversación con La Tribu 650 AM que el incremento decretado por el Gobierno representa un alivio limitado frente al encarecimiento acumulado que vienen enfrentando los hogares durante la última década.
“Nosotros creemos que es absolutamente insuficiente la suba del 5% que decretó el presidente de la República”, afirmó en el programa Espresso Informativo.
El dirigente sindical considera que existe una brecha cada vez mayor entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de quienes dependen de un salario. Según explicó, los alimentos registraron aumentos muy superiores a los ajustes salariales observados en los últimos años.
“El costo de alimentos ha tenido un aumento del 90% en los últimos diez años y la carne un 100% en los últimos cinco años”, señaló.
Para la CUT-A, uno de los principales problemas radica en que el mecanismo de reajuste continúa basado en indicadores que, a criterio de los trabajadores, no reflejan adecuadamente la estructura real de gastos de las familias.
Pineda cuestionó particularmente la composición utilizada para medir la inflación y afirmó que los hogares de menores ingresos destinan una proporción mucho mayor de sus recursos a la alimentación que la contemplada en las mediciones oficiales.
“El trabajador gasta entre el 50% y el 70% de su salario en alimentos”, sostuvo.
La discusión no es nueva. Desde hace varios años los sindicatos vienen planteando la necesidad de actualizar la canasta básica familiar utilizada como referencia para evaluar el poder adquisitivo de los salarios. El reclamo cobró nueva fuerza luego de que diversas autoridades económicas reconocieran públicamente que los índices inflacionarios cumplen principalmente funciones de política monetaria y no necesariamente reflejan el costo real de vida de los sectores asalariados.
En ese contexto, la CUT-A sostiene que Paraguay necesita revisar estructuralmente el sistema de reajuste salarial.
“Hoy se impone un nuevo estudio de la canasta básica familiar”, afirmó el dirigente.
Los sindicatos argumentan además que la pérdida de poder adquisitivo se produce en un escenario donde varios indicadores económicos muestran crecimiento. Según Pineda, existe una contradicción entre los buenos resultados macroeconómicos y la situación que experimentan miles de trabajadores.
“Mientras la economía crece, los ingresos reales de la clase trabajadora siguen perdiendo terreno”, expresó.
La preocupación también alcanza al alcance social de la medida. De acuerdo con estimaciones manejadas por organizaciones sindicales, cientos de miles de trabajadores reciben ingresos vinculados directamente al salario mínimo, a lo que se suman beneficiarios de programas sociales y jubilaciones referenciadas sobre ese parámetro.
Desde el sector empresarial, en tanto, persiste la posición de que cualquier modificación del sistema debe realizarse dentro de un marco de diálogo y previsibilidad. Los gremios advierten que aumentos por encima de determinados parámetros pueden trasladarse a costos operativos, afectar la competitividad y generar nuevas presiones sobre los precios.
Sin embargo, para los trabajadores el debate no puede agotarse en las variables empresariales. La CUT-A considera que existen problemas estructurales que inciden directamente en el bolsillo de la población, desde el comportamiento de los precios de los alimentos hasta las debilidades del transporte público, la salud y los mecanismos de control del mercado.
“Necesitamos un Estado más presente para cuidar lo básico que consume la gente”, sostuvo Pineda.
Ante la falta de avances legislativos, las centrales sindicales resolvieron impulsar una iniciativa popular orientada a promover cambios legales en el sistema de reajuste salarial y abrir una discusión más amplia sobre la relación entre salarios, inflación y costo de vida.
Más allá del aumento del 5%, el debate que se instala es otro: si los indicadores económicos muestran crecimiento, la pregunta que comienza a resonar con fuerza entre los trabajadores es cuánto de ese crecimiento llega efectivamente a los hogares paraguayos.