La medida, que anula incentivos previos, busca priorizar la salud financiera de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
El presidente de la Ande, Félix Sosa, explicó que la decisión obedece a una orden del mandatario Santiago Peña para fortalecer a la institución. El conflicto central radicó en la exigencia de los inversionistas de mantener una tarifa inamovible durante 15 años. Sosa aclaró que la Ande debe aplicar una “tarifa técnica” base de USD 44,33 el megavatio, la cual está sujeta a variaciones en el tiempo, conforme a los costos productivos.
Pese a que la estatal propuso alternativas viables, como un reajuste anual por inflación de EE.UU., revisiones cada cinco años o compensaciones en obras eléctricas, los inversionistas las rechazaron. Ante esto, un equipo técnico interinstitucional recomendó revisar el escenario para no perjudicar al Estado paraguayo.
Sosa subrayó que es fundamental que los grandes clientes paguen la tarifa técnica real para poder sostener la “tarifa política” subsidiada de la ciudadanía. Además, recordó que la Ande requiere invertir unos USD 350 millones anuales durante la próxima década. El Gobierno seguirá dialogando con las firmas para buscar un acuerdo justo sin regalar la energía del país.
