En diálogo con La Tribu 650 AM, el abogado de la Conmebol, doctor Claudio Lovera, se refirió a los avances de la causa penal Nº 06/2021, caratulada “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”, que investiga las operaciones financieras realizadas por el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Nicolás Leoz y los contratos de fideicomiso suscritos con banco Atlas SA y también de estructuras vinculadas al negocio inmobiliario con Inmobiliaria del Este SA (IDESA), ambas del Grupo Zuccolillo.
La investigación fiscal, que ya cuenta con un acto conclusivo de acusación, analiza operaciones que habrían permitido ocultar o preservar bienes provenientes de actividades consideradas ilícitas. Según explicó Lovera, actualmente existen recursos pendientes (chicanas) planteados por las defensas que deben ser resueltos antes de la realización de la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si el caso es elevado a juicio oral.
“En este momento hay recursos pendientes fundamentalmente tramitados por las defensas que deben ser resueltos para realizar la audiencia preliminar, donde se discutirá la elevación a juicio”, explicó Lovera en el programa “Espresso informativo”.
El representante legal de la Conmebol recordó que la investigación fiscal reconstruyó una serie de hechos ocurridos entre los años 2000 y 2013, período en el que, según la acusación, Nicolás Leoz habría perjudicado el patrimonio de la entidad deportiva mediante distintas operaciones vinculadas a derechos comerciales y otros ingresos.
La conclusión fiscal estableció que esas maniobras habrían generado ganancias ilícitas estimadas en unos 44 millones de dólares.
“Además de reconstruirse ese aspecto, llegó información con respecto a otros fideicomisos realizados por Nicolás Leoz, no solamente relacionados a fondos económicos, sino también a inmuebles”, indicó Lovera.
Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a contratos firmados en el año 2016, cuando Leoz ya se encontraba privado de libertad en Paraguay a raíz de un pedido de extradición de Estados Unidos en el marco de una investigación por lavado de activos en el caso FIFAgate. Es decir, a pesar de esa situación procesal, el exdirigente deportivo continuó realizando operaciones contractuales.
Según Lovera, los contratos de fideicomiso habrían tenido como objetivo sacar determinados bienes del patrimonio directo de Leoz, transfiriéndolos a una estructura jurídica administrada por terceros, lo que dificultaría su afectación dentro de una eventual persecución penal.
“Con esos contratos de fideicomisos, Leoz blindó sus bienes porque a partir de su ingreso al fideicomiso esos bienes ya no son alcanzados por la persecución penal porque salen del patrimonio directo de Nicolás Leoz”, afirmó.
Lovera utilizó un ejemplo para graficar el mecanismo que, según la hipótesis investigativa, habría sido utilizado. “Una persona transfiere sus bienes a un tercero bajo determinadas condiciones, evitando que esos activos continúen apareciendo dentro de su patrimonio, mientras recibe posteriormente los beneficios económicos derivados de ellos”, explicó.
“Lo que estaba en mi patrimonio, yo lo saco, te lo entrego, vos lo recibís en esas condiciones y vos me vas devolviendo de a poco las ganancias sobre esos inmuebles. Y esas ganancias tampoco podían ser alcanzadas por la persecución penal”, comentó.
Según el representante jurídico de la Conmebol, para la firma de los contratos de fideicomiso Nicolás Leoz tuvo que ponerse de acuerdo con los directivos de las mencionadas empresas.
La causa actualmente investiga no solo las operaciones vinculadas al banco Atlas, sino también los contratos inmobiliarios con IDESA que podrían formar parte del mismo esquema.
Según Lovera, la obligación del Ministerio Público es investigar todos los hechos cuando existen elementos que generen sospechas de la comisión de un delito. “El Ministerio Público tiene la obligación de investigar cuando existen elementos de sospecha. No puede seleccionar qué casos investigar y cuáles no”, concluyó.