El arranque del ejercicio fiscal actual no estuvo exento de retos. Según detalló el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, para el programa “Tribu nativa”, mencionando que, los primeros meses registraron un comportamiento atípico en los ingresos tributarios. Enero apenas logró empatar la recaudación nominal del mismo mes del año anterior, mientras que febrero experimentó una caída aproximada de USD 12 millones.
Esta merma encendió señales de alerta, considerando que el Presupuesto General de la Nación (PGN) había sido estructurado sobre una expectativa de crecimiento de los ingresos cercana al 8,5%. Este bache impactó directamente en la disponibilidad del Tesoro para cumplir con los proveedores del Estado, generando un atraso inicial.
El repunte recaudatorio y los primeros desembolsos
El ministró explicó para La Tribu 650 AM que, afortunadamente, el panorama se revirtió a partir de marzo, mes que cerró con un crecimiento del 10,6%. Esta tendencia alcista se consolidó en abril, con un incremento del 9,6%, impulsado principalmente por los vencimientos del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).
Ante esta inyección de liquidez, complementada con la exitosa colocación de bonos en el mercado internacional por USD 1.000 millones, el Gobierno estableció un plan de dos meses.
Al cierre de abril, ya se habían abonado USD 100 millones a las proveedoras de salud y USD 85 millones, a las de infraestructura vial. Mientras que para el mes en curso se previó la cancelación de otros USD 65 millones para obras públicas (alcanzando USD 150 millones) y USD 80 millones para salud (llegando a USD 180 millones).
Factoring: La nueva apuesta para cancelar pasivos
Si bien los abonos mencionados brindan un alivio temporal, el gran volumen de la deuda heredada (que asciende a casi USD 1.000 millones en Salud Pública y USD 200 millones en Obras Públicas) exige medidas más firmes. Por ello, el Ejecutivo ultima los detalles de un sistema de “factoring” o descuento de facturas, que estará operativo a partir de este mes de junio.
Mediante este esquema, las empresas que posean derechos de cobro podrán negociar sus facturas con el sistema financiero privado para obtener liquidez inmediata. El Estado, por su parte, asumirá el compromiso de realizar pagos periódicos a los bancos por un plazo que podría extenderse hasta los 36 meses. Esta herramienta busca satisfacer el reclamo genuino del sector privado sin generar un impacto abrupto sobre el déficit fiscal del presente año.
El ministro reconoció la complejidad. “Es un esfuerzo adicional. Tenemos que mantener la credibilidad estatal”. Se busca honrar pasivos anteriores y, en paralelo, garantizar la continuidad del suministro médico y obras sin volver a acumular nuevas deudas ahora. “El éxito dependerá de esto”, terminó diciendo.
A TENER EN CUENTA:
1- Déficit inicial y atraso en pagos: La caída atípica de la recaudación tributaria en enero y febrero generó un bache financiero que impidió al Gobierno cumplir puntualmente con los pagos a los proveedores del Estado.
2- Repunte económico y primeros abonos: A partir de marzo hubo un crecimiento en la recaudación que, sumado a la colocación de bonos internacionales (USD 1.000 millones), inyectó liquidez y permitió al Gobierno comenzar a pagar parte de la deuda a los sectores de salud y obras públicas.
3 - Implementación de “factoring” como solución a largo plazo: Para saldar la enorme deuda heredada (USD 1.200 millones) sin disparar el déficit fiscal, el Gobierno implementará un sistema en junio donde los proveedores cobrarán sus facturas a través de bancos privados, a los cuales el Estado les pagará en un plazo de hasta 36 meses.