La experiencia trasandina demuestra que la solvencia macroeconómica depende de mecanismos que desvíen la discrecionalidad política. Mediante comités técnicos y fondos de reserva, Chile consolidó un sistema resiliente que hoy puede servir de hoja de ruta para el blindaje paraguayo.
En esta cuarta entrega de la serie “Candados constitucionales para la estabilidad fiscal en Paraguay”, analizamos el Modelo Chileno de Responsabilidad Fiscal Pos-Pinochet. Aunque no está consagrado directamente en la Constitución, Chile implementó en 2001 una regla de balance estructural que fue institucionalizada en 2006 mediante la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Esta aproximación ha permitido mantener déficits controlados y una deuda bruta del Gobierno Central en torno al 41,7% del PIB al cierre de 2025, acompañada de fondos soberanos que actúan como amortiguadores ante shocks externos.
La estabilidad macroeconómica chilena demuestra cómo reglas fiscales estrictas, aplicadas con transparencia y credibilidad, generan confianza inversora y crecimiento sostenido en el largo plazo. El origen de esta regla se remonta a la necesidad de romper con la volatilidad fiscal heredada de décadas anteriores, marcada por ciclos impulsados por el precio del cobre y fluctuaciones económicas.
A partir de 2001, los presupuestos se elaboraron sobre la base del balance estructural o cíclicamente ajustado, que elimina el componente transitorio de los ingresos tributarios y de la minería. En lugar de gastar según los ingresos efectivos del año —que pueden inflarse por un boom del cobre o un ciclo expansivo—, el gasto público se fija según ingresos estructurales estimados por paneles independientes de expertos. Esto evita expansiones procíclicas en tiempos de bonanza y permite un manejo contracíclico responsable en períodos de contracción.
La mecánica técnica es rigurosa. El balance estructural se calcula ajustando los ingresos y el gasto observado por dos variables principales: la brecha del producto (diferencia entre PIB efectivo y PIB potencial) y la desviación del precio del cobre respecto a su tendencia de largo plazo. Estos parámetros son determinados por comités de expertos independientes, lo que reduce la discrecionalidad política y aumenta la credibilidad técnica del marco fiscal.
El resultado es una política que ahorra en tiempos buenos y permite gastar en tiempos malos sin comprometer la sostenibilidad de la deuda pública. En 2006, la Ley N°. 20.128 de Responsabilidad Fiscal elevó esta práctica a norma institucional obligatoria. Obligó a cada gobierno a definir metas explícitas de balance estructural al inicio de su mandato, a publicar informes anuales de ejecución y, lo más relevante, a crear dos fondos soberanos que hoy constituyen uno de los pilares más sólidos del modelo chileno.
El primero es el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), creado en marzo de 2007 con un aporte inicial de más de 2.580 millones de dólares. Su objetivo principal es financiar déficits fiscales temporales en períodos de bajo crecimiento, caída del precio del cobre u otros shocks externos, y también amortizar anticipadamente parte de la deuda pública.
Funciona como un verdadero colchón macroeconómico. Cuando hay superávit estructural, los recursos se depositan automáticamente; en crisis, se retiran para financiar gasto sin necesidad de emitir más deuda. Al cierre de 2025, el FEES alcanzaba aproximadamente 3.889 millones de dólares, y en los primeros meses de 2026 superaba los 3.940 millones, con rentabilidad impulsada por inversiones conservadoras en el exterior, principalmente bonos soberanos, títulos indexados y valores respaldados por hipotecas de agencias estadounidenses.
El segundo es el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), creado en diciembre de 2006. Su propósito es complementar el financiamiento de obligaciones previsionales futuras, especialmente pensiones solidarias y subsidios en un contexto de envejecimiento poblacional. Recibe aportes mínimos cuando hay superávit estructural y acumula recursos para reducir la presión fiscal de largo plazo. A fines de 2025, el FRP rondaba los 10.313 millones de dólares. Juntos, ambos fondos soberanos sumaban cerca de 14.200 millones de dólares, un respaldo significativo, aunque más modesto que en años anteriores debido a retiros en crisis pasadas.
Estos fondos no son cajas para gasto corriente, sino herramientas técnicas de estabilización y previsión. Se invierten con criterios profesionales, alta transparencia y adhesión a estándares internacionales, con reportes mensuales públicos del Ministerio de Hacienda. Su existencia ha permitido respuestas contracíclicas efectivas, ya que durante la crisis financiera de 2008-2009, el terremoto de 2010 y la pandemia de 2020, Chile pudo expandir el gasto temporalmente sin disparar la deuda de manera insostenible.
Los resultados cuantitativos son elocuentes. Desde la implementación de la regla, Chile ha mantenido su deuda bruta en niveles moderados. Al cierre de 2025, se estabilizó en 41,7% del PIB, frenando por primera vez en casi dos décadas su tendencia alcista. Esto contrasta con la volatilidad fiscal típica de la región y ha contribuido a mantener la calificación de grado de inversión, spreads soberanos bajos y atracción sostenida de inversión extranjera.
La menor volatilidad del gasto público ha permitido, además, una ejecución más predecible de inversiones en infraestructura, educación y salud. Es importante reconocer que la regla no es rígida. Ha sido perfeccionada en varias ocasiones mediante comités asesores que mejoran la estimación del PIB potencial y el precio de referencia del cobre.
En períodos recientes, como 2025, se registró un déficit estructural cercano al 3,6% del PIB, superior a la meta, lo que generó debates sobre la necesidad de ajustes metodológicos. Sin embargo, el marco institucional —con transparencia y rendición de cuentas— ha evitado una espiral de deuda y mantiene la credibilidad general del sistema.
Para nuestro país, el modelo chileno ofrece lecciones prácticas y adaptables. Muestra que una regla fiscal fuerte puede operar efectivamente mediante una ley que obligue para tener en cuenta con instituciones técnicas independientes, transparencia y consenso político. Incorporar fondos soberanos similares, adaptados a la volatilidad de la soja y otros commodities paraguayos podría generar un colchón que permita enfrentar sequías, caídas de precios internacionales o shocks externos sin recortes bruscos en programas sociales.
Un candado constitucional en Paraguay podría ir más allá, blindando la regla de balance estructural, estableciendo mecanismos de corrección automática y garantizando la independencia de los comités técnicos. De esta forma se evitaría el sesgo procíclico histórico y se construiría la misma confianza que ha permitido a Chile crecer con estabilidad por más de dos décadas.
En síntesis, el modelo chileno pos-Pinochet es ingeniería institucional aplicada con rigor técnico. Demuestra que reglas fiscales estrictas, transparentes y contracíclicas, respaldadas por fondos soberanos bien gestionados, no limitan el desarrollo; lo hacen sostenible, inclusivo y resiliente. Paraguay, en su búsqueda de anclar el modelo, tiene en Chile una hoja de ruta concreta: disciplina fiscal responsable hoy para garantizar prosperidad compartida mañana.
(*) Economista, analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador Nayib Bukele.