La apertura de un sumario investigativo por parte de la Comisión Nacional de la Competencia marca un punto de inflexión en el tema de las garantías al consumidor y al productor. Ricardo Gavilán, director de investigación de este organismo, anunció que la medida afecta a siete plantas frigoríficas de gran envergadura.
Según mencionó para La Tribu 650 AM, el objetivo principal es descubrir si estas entidades corporativas están llevando a cabo acuerdos colusivos o si, por el contrario, están ejerciendo un claro abuso de posición dominante para controlar el mercado. Aunque la institución no tiene la potestad de fijar o regular las tarifas de manera directa, sí posee el mandato legal para intervenir y sancionar a las empresas que intenten manipular el valor de compra y venta, indicó para el programa “Espresso Informativo”.
Esta acción responde a las quejas de diversos gremios productivos, quienes señalan que la libre competencia está siendo gravemente vulnerada, afectando así a la rentabilidad.
Al adentrarse en los aspectos técnicos de la investigación, es fundamental comprender la diferencia entre colusión y abuso de posición dominante. Durante una reciente intervención pública, el funcionario explicó que la primera figura implica un pacto ilícito entre varios competidores para fijar tarifas o repartirse cuotas de mercado.
La segunda hipótesis sugiere que algunos actores, debido a su inmenso peso, imponen unilateralmente condiciones asimétricas que distorsionan el comportamiento natural de la oferta y la demanda. Ambas prácticas son sumamente perjudiciales para el diseño económico del país y están terminantemente prohibidas por la legislación. Estas actitudes no solo asfixian a los ganaderos independientes, sino que generan un ecosistema ineficiente.
Desde una perspectiva macroeconómica, el entorno paraguayo evidencia una marcada estructura de oligopsonio (una estructura de mercado de competencia imperfecta caracterizada por la existencia de muy pocos demandantes, frente a una gran cantidad de oferentes). Este fenómeno ocurre cuando un número muy reducido de compradores tiene frente a sí a una inmensa cantidad de oferentes.
En este caso particular, la industria frigorífica aglutina un poder de adquisición gigantesco. Si dicho poder se ejerce de manera abusiva, los productores se ven obligados a aceptar márgenes de ganancia ínfimos. Para contrarrestar esta vulnerabilidad sistémica, el Estado debe mantener una vigilancia rigurosa.
El análisis no se limita únicamente al trato entre ganaderos e industrias, sino que abarca toda la cadena comercial. De hecho, la entidad reguladora mantiene pesquisas contra importantes cadenas minoristas para evitar que los sobrecostos impacten directamente en el bolsillo del consumidor final.
El cronograma del proceso está definido. La dirección actúa como fiscalía para recolectar pruebas y estructurar acusaciones. El equipo técnico tiene hasta los primeros días de octubre de 2026 para concluir la indagación. Si comprueban cartelización o abuso, se aplicarán severas sanciones. De lo contrario, el expediente será desestimado. Este procedimiento asegura que esta intervención se base en evidencias y leyes.
A TENER CUENTA:
1 - Investigación por prácticas anticompetitivas: La Comisión Nacional de la Competencia abrió un sumario contra siete grandes frigoríficos para investigar si están manipulando los precios mediante acuerdos colusivos (pactos ilícitos) o abusando de su posición dominante.
2 - Problema estructural de oligopsonio: La medida responde a las denuncias de los productores (ganaderos), quienes se ven asfixiados económicamente porque los frigoríficos, al ser muy pocos compradores frente a muchos vendedores, tienen el poder de imponer condiciones y reducir los márgenes de ganancia.
3 - Plazos y consecuencias legales: El proceso de recolección de pruebas tiene como límite principios de octubre de 2026. Si se comprueba la cartelización o el abuso de poder, se aplicarán severas sanciones; de lo contrario, el caso será desestimado.