Paraguay cerró el ejercicio 2025 con un déficit fiscal oficial del 2,0% del PIB, según el Informe de Situación Financiera de la Administración Central (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se trata de G. 7.480 mil millones, equivalentes a USD 1.047 millones, el mejor resultado desde 2019 y una mejora respecto al 2,5% registrado en 2024.
El déficit primario se ubicó en 0,1% del PIB. El MEF lo presenta como avance en la convergencia hacia la regla fiscal. Sin embargo, esta cifra oficial no refleja la realidad completa. Excluye la deuda flotante no reconocida que el Estado mantiene con proveedores, principalmente farmacéuticas y empresas viales.
Según declaraciones recientes del propio nuevo ministro de Economía, Óscar Lovera, el pasivo total con proveedores ronda los USD 1.500 millones, concentrado en un 90% en salud y obras públicas. Solo con el sector farmacéutico, la deuda reconocida supera los USD 1.027 millones al corte de marzo de 2026.
Además, al asumir funciones se detectó una deuda flotante no registrada de aproximadamente USD 200 millones en el Ministerio de Salud. Esta práctica de postergar el reconocimiento contable del gasto no elimina el desequilibrio: simplemente lo traslada al futuro. Detrás de estas cifras persiste un problema estructural: los déficits fiscales crónicos.
No son hechos aislados, sino un patrón recurrente impulsado por el crecimiento sostenido del gasto corriente (salarios públicos, subsidios y funcionamiento del Estado) y por la respuesta a emergencias que, en nuestro contexto, se han vuelto casi cíclicas: sequías, inundaciones y choques externos. La Ley de Responsabilidad Fiscal (N° 5098/2013) establece un techo de déficit del 1,5% del PIB y límites al crecimiento del gasto corriente primario.
En teoría, es una norma razonable. En la práctica, adolece de un defecto grave: carece de blindaje constitucional. El Congreso puede modificarla, suspenderla o flexibilizarla mediante una simple ley ordinaria. Y eso es lo que ha ocurrido sistemáticamente. Cuando la regla fiscal incomoda, se la ajusta a la medida de la coyuntura política.
El resultado es previsible y preocupante: la deuda pública reconocida sigue en ascenso. Al cierre de diciembre de 2025, el stock total alcanzó exactamente USD 20.409 millones, equivalente al 41,2% del PIB, con un incremento interanual del 12,9% (USD 2.326 millones más que en 2024).
Si incorporamos la deuda flotante no reconocida, la exposición real del Estado es sensiblemente mayor. Cada año de déficit —visible o invisible— financiado con más endeudamiento eleva el servicio de intereses y reduce el espacio fiscal disponible para inversión productiva o para enfrentar la próxima crisis.
Esta dinámica nos deja altamente vulnerables a shocks externos. Como economía abierta y agroexportadora, Paraguay es sensible a caídas en los precios de las commodities, alzas en las tasas internacionales o depreciaciones del guaraní. Sin mecanismos automáticos de corrección —como ajustes obligatorios al gasto al superar determinados umbrales—, el ajuste siempre llega tarde, resulta más costoso y suele recaer sobre los sectores más vulnerables.
Países como Chile y Perú han consolidado reglas fiscales más robustas, con rango constitucional o supervisión técnica independiente. Eso les ha dado mayor credibilidad, menores costos de financiamiento y capacidad real para manejar los ciclos. En Paraguay seguimos dependiendo de la voluntad política del momento.
Eso no es sostenibilidad; es una apuesta riesgosa. La disciplina fiscal no es un tecnicismo. Es la base de la estabilidad macroeconómica y de la confianza. Cuando los mercados perciben que las reglas pueden alterarse con facilidad y que parte del déficit se oculta mediante deudas flotantes, sube la prima de riesgo, se desalienta la inversión privada y se genera incertidumbre que frena el crecimiento de largo plazo.
Nuestra deuda todavía se mantiene en niveles manejables en términos regionales, pero la tendencia al alza y las prácticas contables poco transparentes envían señales de alerta claras. Es urgente avanzar de la Ley de Responsabilidad Fiscal actual hacia un marco más sólido: límites al déficit estructural con rango constitucional, modificables solo con mayoría calificada de dos tercios y dictamen previo de un consejo fiscal técnico independiente.
No se trata de atar las manos a los gobiernos. Se trata de proteger a las futuras generaciones de la tentación recurrente de gastar más de lo que ingresa y de postergar el costo real de las decisiones fiscales. Los paraguayos hemos demostrado enorme capacidad de resiliencia y crecimiento.
Pero esa fortaleza se debilita si no construimos instituciones que obliguen a la prudencia en los tiempos buenos. El déficit crónico —maquillado o no— es un riesgo latente de inestabilidad que, tarde o temprano, impacta el empleo, los salarios reales y la calidad de vida de la ciudadanía.
La sostenibilidad fiscal no es un lujo. Es la base mínima para que nuestro país consolide su posición como la mejor economía de la región. El momento de reforzar los candados institucionales es ahora.
(*) Economista, analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador Nayib Bukele.
