Paraguay enfrenta una tensión cada vez más evidente: necesita invertir más en infraestructura para sostener su crecimiento, pero al mismo tiempo debe retomar el límite de déficit establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
No se trata de una discusión menor. Un país con rezagos en rutas, agua, saneamiento, energía y logística difícilmente podrá mejorar su productividad sin ampliar la inversión pública y privada. Pero un país que pierde el control de sus cuentas fiscales también termina pagando un costo alto. La cuestión de fondo, entonces, ya no es solo cuánto déficit puede tolerarse, sino qué tipo de regla fiscal necesita Paraguay para no verse obligado a elegir entre estabilidad e inversión.
En los últimos años, la política fiscal paraguaya siguió un camino bastante definido: reducir el déficit y recuperar credibilidad. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el déficit de la Administración Central fue de 2,5% del PIB en 2024 y de 2,0% en 2025, dentro de una trayectoria que apunta a volver al tope legal de 1,5% del PIB en 2026. Esa convergencia, además, ya quedó reflejada en el presupuesto vigente, aunque condicionada al cumplimiento de obligaciones pendientes con proveedores.
A primera vista, el panorama parece positivo. Paraguay construyó durante años una reputación de prudencia macroeconómica que no es un activo menor. Esa reputación mejora las condiciones de financiamiento, transmite previsibilidad y ayuda a evitar dinámicas fiscales desordenadas. Además, la deuda pública todavía se ubica en niveles manejables en comparación con parámetros que hoy suelen considerarse de riesgo. Desde esa perspectiva, ordenar las cuentas públicas sigue siendo un objetivo razonable y necesario.
Sin embargo, el problema aparece cuando el ajuste recae una vez más sobre la inversión. Ahí surge el verdadero dilema. Según el Informe de Finanzas Públicas 2025, en el Presupuesto General de la Nación 2026 la inversión de la Administración Central, medida como adquisición neta de activos no financieros, baja de 2,3% del PIB a 1,9% del PIB. En otras palabras, el retorno al tope del déficit viene acompañado por una reducción de la inversión presupuestada.
Ese dato importa mucho porque revela una dificultad estructural. En teoría, una regla fiscal busca evitar excesos y proteger la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero en la práctica, cuando el gasto rígido mantiene un peso elevado, los ingresos no crecen al ritmo esperado y la política necesita mostrar resultados inmediatos, el componente más fácil de recortar suele ser la inversión. Es la parte más flexible del presupuesto y, precisamente por eso, la primera en ajustarse. El riesgo es claro: una regla diseñada para ordenar puede terminar afectando el gasto que más contribuye al crecimiento futuro.
Y Paraguay no parte de una situación de abundancia en infraestructura, sino de carencias persistentes. La brecha sigue siendo amplia y limita la competitividad del país. No se trata de un lujo ni de una agenda secundaria: la infraestructura es una condición básica para producir más, exportar mejor y reducir costos logísticos. En ese contexto, postergar obras o reducir inversión no es una decisión neutra. Tiene consecuencias económicas concretas y también costos sociales.
Por eso resulta inevitable preguntarse si la actual Ley de Responsabilidad Fiscal responde adecuadamente a las necesidades de inversión del país. La respuesta más equilibrada es que ayuda, pero no alcanza. Ayuda porque impone un ancla, disciplina la política fiscal y reduce el riesgo de un endeudamiento descontrolado. Pero no alcanza porque un buen marco fiscal no solo debe poner límites al déficit: también debe cuidar la calidad del ajuste. Si la regla permite cumplir la meta sacrificando infraestructura, puede ser útil en el corto plazo, pero costosa para el desarrollo en el mediano y largo plazo.
También conviene preguntarse si la regla termina siendo procíclica. En los hechos, puede serlo, no necesariamente por su redacción, sino por la forma en que se aplica. Si frente a una desaceleración económica o a menores ingresos el Estado responde frenando inversión pública, el efecto puede ser contractivo y profundizar el problema. En un país con brechas todavía tan marcadas, esa lógica resulta especialmente delicada.
Reconocer este límite no implica abandonar la prudencia fiscal. La discusión seria no pasa por optar entre déficit elevado o ajuste permanente. Pasa por diseñar una regla mejor. Paraguay necesita un marco que preserve la sostenibilidad de la deuda, pero que al mismo tiempo otorgue espacio para proteger inversión prioritaria, incorporar cláusulas de escape bien definidas y fortalecer mecanismos institucionales que den credibilidad al cumplimiento.
Dicho de otro modo, Paraguay no necesita menos responsabilidad fiscal. Necesita una responsabilidad fiscal mejor diseñada. Una que cuide la deuda, sí, pero que también entienda que relegar inversión en un país con grandes brechas de infraestructura puede frenar su desarrollo. El desafío no es desarmar la regla, sino actualizarla para que estabilidad y crecimiento dejen de presentarse como objetivos enfrentados, cuando en realidad deberían avanzar juntos.
(*) Economista y director de DCR Consultora. Profesor universitario.