La proyección energética al 2050 sitúa al país ante un punto de inflexión. El crecimiento de la demanda y el potencial de generación obligan a redefinir la estructura del sistema eléctrico para sostener la expansión, garantizar suministro y aprovechar nuevas oportunidades económicas.
En esta entrega quiero que imaginemos el año 2050. Todos los hogares, escuelas, hospitales y fábricas del país cuentan con acceso universal a la electricidad, 24 horas al día, sin interrupciones ni excusas. La tarifa industrial se mantiene entre las más bajas del mundo, atrayendo inversiones a raudales. Contamos con 40.000 MW instalados entre hidroeléctricas y fuentes renovables. Exportamos energía por varios millones de dólares al año. El sector genera 500.000 empleos directos e indirectos. Y nuestra matriz energética es 100% renovable y diversificada: agua, sol, viento, biomasa e hidrógeno verde operando en perfecta sinergia. ¿Utopía? En absoluto.
Es lo que sucede cuando un país decide, con determinación y visión de largo plazo, dejar atrás la pobreza aprovechando la ventaja competitiva más poderosa que tiene: una de las energías más baratas del planeta.
Hoy ya avanzamos con pasos firmes. Nuestro país ostenta una de las tarifas industriales más competitivas de la región, alrededor de 36-40 dólares por MWh en media tensión, muy por debajo de Brasil (108), Argentina (110), Uruguay (134) o Chile (167). Esto no es casualidad: es el fruto de nuestra inmensa riqueza hídrica. Itaipú y Yacyretá nos entregan energía limpia y renovable que cubre el 99% de nuestra matriz eléctrica.
Imaginen el potencial si decidimos maximizarlo y multiplicarlo con inteligencia. El Plan Maestro de Generación de la Ande (2024-2043) y la Política Energética Nacional aprobada por el Decreto 2553/24 ya trazan el camino claro. Proyectan sumar miles de megavatios mediante pequeñas hidroeléctricas, parques solares de gran escala (con metas oficiales de 2 GW solo en solar hacia el 2050), baterías de almacenamiento y nuevos desarrollos binacionales como Corpus Christi (2.880 MW), Aña Cuá e Itacorá-Itatí.
El potencial hidroeléctrico total del país supera los 60.000 MW considerando los ríos Paraná, Paraguay y sus afluentes. A ello se suma el atlas solar y eólico del Parque Tecnológico Itaipú; el Chaco y la Región Oriental ofrecen radiación y vientos ideales para generar gigavatios a costos altamente competitivos.
Los 40.000 MW no son un número arbitrario. Es la proyección realista: partimos de casi 9.000 MW efectivos disponibles hoy, sumamos las nuevas binacionales, incorporamos 10.000-15.000 MW en solar y eólica, más almacenamiento y biomasa moderna. Diversificar no es lujo, es garantía de suministro.
Cuando las lluvias escasean o la demanda industrial crece explosivamente (como ya lo hace al 13-18% anual), el sol y el viento complementan la base hidroeléctrica.
El hidrógeno verde (con potencial de hasta 22,5 millones de toneladas anuales según estudios internacionales) abre una frontera inédita: exportar no solo kilowatts, sino combustible limpio de alto valor para el mundo. Pero para llegar a esa meta ambiciosa, debemos ir más allá del modelo actual.
La Ande ha sido un pilar fundamental, con un cuasi monopolio en generación (propia), transmisión y distribución que nos ha dado soberanía energética. Sin embargo, el crecimiento explosivo de la demanda (impulsado por la industrialización, data centers, siderurgia verde y electromovilidad) exige inversiones masivas que superan los 6.500 millones de dólares solo hasta el 2030 en transmisión, distribución y nueva generación.
El Estado solo no puede asumir todo el riesgo ni el financiamiento. Aquí entra el capital privado como aliado estratégico. La apertura ya está en marcha: el Gobierno impulsa normativas que permiten la participación privada en generación, especialmente en renovables no hidroeléctricas (solar, eólica, biomasa, gas natural para respaldo). Empresas privadas asumirán la inversión y el riesgo en nuevos proyectos, vendiendo energía a la Ande mediante licitaciones transparentes y contratos de largo plazo.
Esto libera recursos públicos para fortalecer la red de transmisión y distribución, donde la Ande debe seguir siendo el garante de la confiabilidad y la equidad, y acelera la diversificación sin perder control estatal sobre el sistema.
Dividir el sector en tres segmentos claros sería un paso lógico y probado en economías exitosas de la región: generación abierta a competencia privada (con reglas claras y regulación independiente), transmisión con concesiones reguladas para atraer capital, y distribución modernizada con incentivos para eficiencia y expansión rural.
Además, incorporar infraestructura gasífera (como el Gasoducto Bioceánico que conecte Vaca Muerta de Argentina con Paraguay y Brasil) permitiría usar gas natural como respaldo flexible y barato para plantas de ciclo combinado, complementando la hidro y renovables variables. Esto no solo diversifica, sino que posiciona al país como hub energético regional, atrayendo industrias electrointensivas y generando ingresos por peajes y exportaciones.
El impacto económico sería transformador. Con energía barata, confiable y abundante gracias a inversión privada masiva, llegan en oleadas maquiladoras avanzadas, data centers, siderurgia verde, agroindustria 4.0 y electromovilidad. Cada megawatt instalado genera empleo directo en construcción, operación y mantenimiento, y multiplica puestos indirectos en logística, servicios y formación técnica.
Los 500.000 empleos proyectados son el efecto multiplicador real: basta ver proyectos como Paracel (1.200 empleos directos en una sola planta) escalado por veinte. Exportar esos millones de dólares anuales en energía es viable y alcanzable.
Hoy recibimos cerca de 462 millones solo de Itaipú en royalties, compensación por cesión y pagos a Ande (datos del 2025). Si pasamos de exportar a vender energía firme, certificada como verde y, especialmente, a transformar esa energía en productos de alto valor agregado (aluminio, fertilizantes, hidrógeno, acero verde), el salto es exponencial.
Brasil, Argentina, Chile e incluso Europa pagarán premium por nuestra oferta limpia y competitiva. Dejaría de ser “el país con energía barata” para convertirse en “el exportador de prosperidad energética”. Por supuesto, requiere continuidad en las políticas públicas, acuerdos binacionales inteligentes, atracción masiva de inversión privada (nacional e internacional), modernización acelerada de la red de transmisión y, sobre todo, formación intensiva de capital humano: ingenieros, técnicos y emprendedores que comprendan que la energía no es mero servicio, es el motor del crecimiento. El camino está delineado.
Contamos con la materia prima más valiosa del siglo XXI: agua abundante, sol generoso y vientos constantes. Solo falta la decisión colectiva de apostar todo al futuro, abriendo puertas al capital privado y a las privatizaciones.
En el 2050 no queremos solo luces encendidas. Queremos fábricas a pleno rendimiento, queremos un Paraguay que exporte no solo commodities, sino desarrollo sostenido. Queremos el país que puede, y debe, ser. Y lo lograremos. Porque cuando un país decide dejar de ser pobre teniendo la energía más barata del planeta… simplemente deja de serlo.
(*) Economista, analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.