El sector vial paraguayo vuelve a mirar al Presupuesto General de la Nación como una pieza central para recuperar el dinamismo de las obras públicas. En un contexto marcado por atrasos en los pagos y dificultades financieras, el planteamiento apunta a que el documento para el 2026 incorpore mayor flexibilidad y previsibilidad para sostener la actividad.
El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, sostuvo que el gremio mantiene expectativas positivas ante los cambios recientes en el equipo económico del Gobierno. En particular, destacó que existen señales de priorización en el pago de las deudas acumuladas con las empresas constructoras, uno de los principales factores que hoy condicionan la ejecución de proyectos.
Según explicó, el diálogo entre autoridades y representantes del sector ya se encuentra en marcha, con reuniones técnicas orientadas a definir mecanismos que permitan destrabar los compromisos pendientes. Entre las alternativas en análisis se encuentra la cesión de certificados de obra para facilitar el cobro, así como la eventual implementación de normativas que contemplen el pago de intereses por los atrasos.
En ese escenario, el diseño del Presupuesto 2026 aparece como un punto clave. Sarubbi enfatizó que el objetivo es que el nuevo esquema permita generar condiciones más dinámicas para la ejecución de obras. “Buscamos que el Presupuesto 2026 sea lo más dinámico posible para generar previsibilidad y que las obras puedan recuperar su dinamismo”, afirmó.
La preocupación del sector no es menor. La continuidad de los proyectos depende directamente del flujo de recursos y del acceso a financiamiento, dos variables que se vieron afectadas en los últimos meses. La falta de pagos no solo impacta en las empresas constructoras, sino también en toda la cadena vinculada, incluyendo proveedores, subcontratistas y trabajadores.
En paralelo, el Gobierno analiza estrategias para ordenar las finanzas vinculadas a infraestructura. Entre ellas, se evalúan mecanismos como el factoring o la cesión de créditos, que permitirían a las empresas acceder a liquidez mientras se regularizan los pagos del Estado. Estas herramientas buscan evitar una paralización mayor del sector y sostener la ejecución de obras en curso.
A nivel macro, el desafío también está vinculado al tamaño del presupuesto y su capacidad de respuesta frente a las necesidades del país. En encuentros recientes entre autoridades y gremios, se reconoció que la deuda acumulada con constructoras supera los USD 360 millones, lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de soluciones estructurales.
Pese a este escenario, desde Cavialpa insisten en que existe margen para revertir la situación si se adoptan decisiones oportunas. La expectativa está puesta en que las próximas semanas permitan avanzar en acuerdos concretos con el Ministerio de Economía, tanto en materia de pagos como en la definición de lineamientos para el presupuesto del próximo año.
El sector considera que la infraestructura sigue siendo un eje estratégico para el desarrollo económico, no solo por su impacto directo en la conectividad, sino también por su efecto multiplicador en el empleo y la actividad productiva. En ese sentido, la capacidad del Estado para ordenar sus cuentas y garantizar previsibilidad será determinante para sostener el crecimiento.
Mientras tanto, las empresas aguardan definiciones. La posibilidad de reactivar obras dependerá, en gran medida, de que el Presupuesto 2026 logre equilibrar disciplina fiscal con impulso a la inversión pública, en un contexto donde cada decisión puede marcar el ritmo de uno de los sectores más sensibles de la economía.