El banco Atlas, cuyo presidente es el imputado por presunto “lavado de dinero” Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color), firmó en el 2017 un contrato de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS) para utilizar G. 828.000 millones de los fondos de salud de la previsional (proveniente del aporte diario de los asegurados) para la construcción de 4 establecimientos de salud (Hospital Ingavi/terminación, Policlínica, Hospital Buongermini y Hospital Hemato oncológico).
Un fideicomiso es un contrato legal donde una persona física o jurídica (fideicomitente) transfiere bienes o derechos a una entidad bancaria (fiduciario) para que los administre en beneficio de un tercero o de sí mismo (beneficiario). Este contrato es muy estricto y solo se puede usar para los objetivos detallados en las finalidades del fideicomiso.
En el contrato de fideicomiso IPS/Atlas, el mandato para la entidad bancaria era realizar pagos por cuenta y orden del IPS, verificando que los certificados de obras constituyeran una orden de pago válida.
El banco actuaba como fiduciario para gestionar fondos destinados al pago de certificados de obras de infraestructura. El mecanismo financiero se planteó como una solución para reactivar obras críticas y dotar de mayor y mejor infraestructura para los asegurados de la previsional.
El 5.º elemento
Sin embargo, una auditoría externa independiente, practicada por la firma Audicom al contrato de fideicomiso IPS/Atlas, encendió las alarmas y advirtió sobre graves irregularidades que se estaban cometiendo con dicho contrato.
Se encomendó entonces al Departamento de Auditoría Interna del IPS un trabajo especial sobre la “Correcta ejecución de los fondos del fideicomiso de titularización, administración y pago de Fondo de Salud”, en el marco de las observaciones emitidas por los consultores externos.
El informe final de auditoría interna, que consta de 390 fojas, es lapidario y señala, entre numerosos otros hechos irregulares, que los G. 828.000 millones (alrededor de USD 130 millones al cambio de hoy) fueron utilizados para cualquier otro fin menos para los 4 establecimientos sanitarios objeto del fideicomiso.
“Se evidencia la ineficacia del proyecto original del contrato de fideicomiso (con banco Atlas) de titularización y administración y pago…”. “Como causa principal de la ineficacia del contrato se señala principalmente la incorporación del Punto N.º 5 ‘Otros Centros de Salud’ al contrato suscripto”, dice textualmente el informe final de Auditoría Interna del IPS.
Y, lo que es peor, dice el informe que, si bien en el contrato firmado entre las partes (IPS/banco Atlas) se encontraba incluido en el inciso 2.4 d) de la Cláusula Segunda “Objetivo y Finalidad del Contrato”, el Punto 5 “Otros Centros de Salud”, la inclusión de este punto al contrato, según el análisis de los documentos remitidos a los auditores para su estudio, no fue solicitada por el Instituto de Previsión Social.
De acuerdo al documento de auditoría, el 5.º elemento fue incluido en la Proforma al retornar desde el banco Atlas, siendo este documento el que finalmente fue suscripto entre las partes, según el Expediente N.º 059113/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017.
Es decir, el punto clave, que abrió el multimillonario contrato al derroche y el despilfarro, se introdujo al fideicomiso desde el mismo banco Atlas, en vísperas de un día feriado.
La auditoría interna del IPS pudo verificar que, a raíz de la inclusión del 5.º elemento en el contrato de fideicomiso, del total de los pagos que efectuó el banco Atlas, con los G. 828.629 millones de los fondos de los asegurados, solo el 26% (G. 217.339 millones) fueron a los proyectos originales del contrato, mientras que el 74% (G. 611.290 millones) se destinaron a proyectos no presupuestados, obras fantasmas, sobrefacturaciones, pagos autorizados en forma indebida, entre otros, y todo gracias al Punto 5, agregado a última hora desde el banco Atlas (del grupo Azeta, propiedad de la familia Zuccolillo) sin el pedido expreso de las autoridades de la previsional.
La Fiscalía investiga actualmente estas y otras graves irregularidades en torno a este contrato que tiene vigencia de 30 años, es decir, que va hasta el 2047, pero que, hasta ahora, habría beneficiado más al fiduciario que al mismo fideicomitente.