La reunión se realizó en el mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y participaron, además de Lovera y los empresarios de la construcción, la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión.
Para el Ministro de Economía, lo que el Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, persigue es avanzar en el pago de la deuda en el corto plazo.
“Estamos comprometidos en construir soluciones responsables que nos permitan honrar los compromisos asumidos, sin descuidar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Este proceso de diálogo es clave para alcanzar consensos que brinden previsibilidad y fortalezcan la confianza”, expresó Lovera.
Añadió que se va trabajar junto con los gremios de la construcción en la elaboración de un calendario de pagos que permitirá ir reduciendo los montos pendientes y evitar así que las obras se paralicen.
Si bien no se brindaron detalles del origen de los fondos para saldar las deudas con las empresas constructoras, la propuesta concreta de la Cámara Vial del Paraguay (Cavialpa) es modificar el déficit fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), medida fuertemente ligada a los índices macroeconómicos que han permitido alcanzar, como país, reconocimientos internacionales como el doble grado de inversión.
Para la ministra Centurión, el pago de la deuda con las empresas constructoras es una prioridad para el Gobierno, razón por la que el nuevo ministro de Economía se ha puesto en campaña para buscar los mecanismos financieros más adecuados para cumplir con las obligaciones ya comprometidas.
Crisis del sector
Para el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, la crisis del sector es severa y requiere de medidas urgentes.
Según mencionó, la deuda total acumulada asciende a USD 360 millones. De este gran monto, USD 210 millones corresponden netamente al capital adeudado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mientras que otros USD 100 millones son originados en concepto de intereses moratorios.
Además, detalló que existen unos USD 50 millones pendientes con otros ministerios, lo que complica aún más la operatividad diaria de muchísimas de estas empresas. Este enorme y grave déficit obliga a frenar distintos trabajos de infraestructura.
Como alternativa para mitigar esta crítica situación, se había negociado una herramienta de factoraje. Las empresas constructoras y los bancos ya presentaron su propuesta formal y esperan el aval final del Estado para cubrir todos los intereses. Mientras tanto, el impacto social es preocupante, ya que el rubro de la construcción empleaba a unas 300.000 personas y hoy, apenas mantiene a 250.000 trabajadores, lo que significa la cruda pérdida de 50.000 empleos.
Esta reducción de personal se refleja en la notable ralentización de muchísimas construcciones a nivel nacional. Los campamentos lucen vacíos y una gran cantidad de maquinarias valiosas están paradas porque ya no existen los recursos básicos para comprar asfalto, cemento ni combustible. A todo este oscuro panorama se suma otro problema, el presupuesto estatal fijado para el próximo año es de apenas USD 570 millones, monto que resulta altamente insuficiente frente a las obligaciones acordadas que suman USD 750 millones en total.
A TENER EN CUENTA
1 - Deuda estatal crítica y parálisis operativa: El sector enfrenta una deuda acumulada de USD 360 millones (repartida entre capital del MOPC, intereses moratorios y otros ministerios). Esta falta de pago ha generado una paralización parcial de las obras, dejando maquinarias detenidas y campamentos vacíos por la imposibilidad de costear insumos básicos como asfalto y combustible.
2 - Impacto social y déficit presupuestario: La crisis financiera ha provocado la pérdida de 50.000 empleos, reduciendo la fuerza laboral del sector de 300.000 a 250.000 trabajadores. A esto se suma que el presupuesto estatal proyectado para el próximo año (USD 570 millones) es insuficiente para cubrir las obligaciones ya acordadas, que ascienden a USD 750 millones.
3 - El Gobierno opera ahora para una solución: El nuevo ministro de Economía, Óscar Lovera, convocó a los empresarios de la construcción para prometerles el avance en el pago de la deuda a través de un cronograma consensuado que permita al Estado honrar sus pagos sin comprometer a las finanzas públicas.