El exgerente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Fabián Cáceres, en conversación con el programa “Espresso Informativo”, advirtió sobre el profundo déficit económico que atraviesa la empresa estatal, situación que pone en grave riesgo la provisión de energía eléctrica para todos los ciudadanos en el año 2030.
Actualmente, la demanda de energía del país experimenta un crecimiento muy acelerado de más de 500 megavatios anuales, una cifra que se acerca peligrosamente a la capacidad total máxima disponible del sistema, la cual se ubica en el límite crítico de 7.760 puntos.
Para enfrentar esta inminente crisis, el país requiere de enormes y urgentes inversiones económicas, explicó para La Tribu 650 AM. Sin embargo, la institución se encuentra atada de manos por la falta de recursos financieros, impidiendo así el desarrollo de obras vitales para la expansión en áreas de transmisión eléctrica. Actualmente, la única obra que avanza es la maquinización del brazo Aña Cuá, cuyo inicio está pautado para el año 2029, pero que aportará una cantidad de energía totalmente insuficiente. A esto se le suman diversos proyectos totalmente frenados por complejas barreras burocráticas.
El ingeniero resaltó además una contradicción enorme en la política económica vigente, ya que la estatal carece de tarifas adecuadas para costear mejoras, pero el Gobierno nacional decide otorgar energía sumamente barata a unas cuantas compañías que se dedican exclusivamente a la minería de bitcoins.
Este esquema de negocios representa un claro subsidio económico que terminará siendo costeado por la población. Vender grandes bloques de energía durante 15 años a empresas extranjeras agravará la próxima crisis, limitando los recursos para los usuarios residenciales en muy breve plazo.
A esta grave coyuntura de carácter interno se suma la cuestionable estrategia diplomática del Estado. Durante la revisión del fundamental “Anexo C” del tratado de Itaipú, las altas autoridades decidieron ignorar y excluir completamente de las negociaciones a todo el personal técnico de la ANDE, según mencionó el profesional. El principal objetivo gubernamental en esta mesa de diálogo ha sido prolongar los gastos sociales hasta el año 2027.
Este enfoque, eminentemente político, repite los graves peligros del acta bilateral del pasado, priorizando fondos discrecionales sobre la estabilidad nacional.
“Resulta fundamental comprender que toda la generación de energía futura será significativamente más cara que la actual. Si el Ejecutivo no aborda con rapidez esta emergencia de las cuentas, los ciudadanos tendrán que abonar un sobrecosto altísimo cuando empiece el déficit de manera definitiva”, indicó.
La paralización del sistema económico debido a posibles apagones significará pérdidas invaluables para industrias y comercios locales. “Urge conformar una firme mesa institucional, tal como lo logró Uruguay con gran éxito, para sincerar estas tarifas y así salvar a este suelo de la oscuridad”, terminó diciendo.
