El Gobierno avanza con firmeza para consolidar el posicionamiento paraguayo en el tablero económico mundial. El presidente Santiago Peña rubricó hoy el esperado decreto que reglamenta la Ley de Maquila y de incentivos.
Dicho acto oficial, de profunda trascendencia para nuestra política económica, se desarrolló en las instalaciones de Blue Design América, pionera en el sector textil desde el año 1997.
La promulgación de la normativa se enmarca en un ambicioso plan del Poder Ejecutivo. El principal objetivo radica en modernizar, de manera integral, los regímenes de atracción de capitales. Esta actualización resulta imperativa para responder con eficacia a las demandas del mercado global. Así se logran simplificar los complejos procesos de ensamblaje tecnológico y agilizar las exportaciones.
El titular del Ejecutivo fue muy categórico al enfatizar que el interés primordial de su administración fiscal es hacer crecer con fuerza la inversión privada. Se trata del motor ineludible para asegurar la creación masiva de puestos de trabajo. Las modificaciones legales operarán como un gran estímulo para que las firmas extranjeras se instalen con total seguridad jurídica y previsibilidad tributaria.
Durante la ceremonia de firma, el mandatario destinó un espacio para agradecer a los directivos de la Cámara de Maquiladores del Paraguay por su enorme compromiso sostenido con el tejido industrial paraguayo. Las proyecciones económicas señalan que rubros estratégicos, como el de autopartes y el textil, experimentarán un salto totalmente exponencial en sus niveles de producción este mismo año.
Este optimismo institucional cuenta con sólidos fundamentos numéricos. El robusto entorno macroeconómico respalda esta etapa de captación de capitales. Durante el 2025, la pujante economía anotó un envidiable crecimiento del 6,6%, erigiéndose como el país de mayor dinamismo en Sudamérica. A su vez, la tasa de desempleo bajó a un piso histórico del 3,5%, mostrando una potente expansión del sector privado.
Respecto a las finanzas estatales, Peña defendió la innegable solvencia pública ante aquellos relatos que instalan infundadas dudas. El sector estatal significa hoy apenas el 10% de nuestra economía total, mientras que el 90% depende de la vitalidad privada. Aunque se nota cierta desaceleración tributaria, el Estado mantiene intacta su decisión de saldar por completo las deudas con constructoras y salud.
En dicho contexto, se subrayaron las modificaciones sustanciales introducidas por la nueva legislación, las cuales tienen el propósito de posicionar a la nación como un centro estratégico de competitividad regional. Como medidas para incentivar la inversión, la ley ahora consagra de forma expresa la figura de la maquila de servicios y establece un mecanismo de devolución del 0,5% del IVA crédito para las empresas de este rubro.
De igual manera, esta reforma contempla la digitalización y optimización de los procesos administrativos, garantizando mayor celeridad en la radicación de nuevas empresas. Por último, se robustece la gobernanza del régimen maquilador al integrar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dentro de la estructura del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME).
Para poder garantizar una anhelada sostenibilidad fiscal a futuro, el Poder Ejecutivo inició un importante ajuste en el gasto operativo del Estado desde el primer trimestre del año 2026.
A TENER EN CUENTA:
1 - Reglamentación de la Ley de Maquila: El presidente Santiago Peña firmó un decreto para modernizar la atracción de capitales extranjeros, brindando previsibilidad tributaria y agilizando las exportaciones.
2 - Impulso a la inversión privada como motor de empleo: El objetivo central de la medida es fomentar la inversión privada para crear empleos masivos, respaldado por un entorno macroeconómico sólido (crecimiento del 6,6% en el 2025 y desempleo histórico del 3,5%).
3 - Ajuste inteligente para la sostenibilidad fiscal: El Gobierno implementó recortes en el gasto operativo del Estado desde 2026 para equilibrar las finanzas, garantizar el pago de deudas públicas y sostener programas sociales prioritarios como “Hambre Cero”.
