La Unión Industrial Paraguaya (UIP) expresó su preocupación ante la aplicación de la Resolución de la Corte Suprema de Justicia N° 12.299/2025, que introduce modificaciones en el esquema de matriculación de motocicletas y establece nuevas condiciones de pago al momento de la entrega de los vehículos. Según el gremio industrial, los cambios regulatorios impactan no solo en los usuarios, sino también en la actividad productiva y el empleo vinculados al sector automotor.
El pronunciamiento señala que los medios de movilidad individual cumplen un rol clave en la vida cotidiana de miles de personas, al facilitar el traslado hacia los lugares de trabajo y permitir el desarrollo de diversas actividades económicas. En ese contexto, cualquier incremento en los costos de acceso a motocicletas puede tener un efecto directo sobre la economía de los hogares, reduciendo su capacidad de generar ingresos y afectando la dinámica del consumo interno.
Desde la UIP advierten que la medida genera efectos que trascienden a un sector específico, impactando tanto a usuarios como a la industria y al empleo, particularmente en los segmentos vinculados a motocicletas y automotores. El gremio considera que la cadena económica asociada a este rubro incluye importadores, ensambladores, concesionarios, talleres, proveedores de repuestos y servicios financieros, por lo que los cambios pueden repercutir en múltiples niveles de la actividad productiva.
El comunicado también señala que los cambios abruptos en las reglas de juego introducen incertidumbre y afectan la planificación empresarial. Según la UIP, este escenario debilita el clima de inversión y puede tener un impacto directo en la actividad económica, especialmente en sectores que dependen del financiamiento y de la previsibilidad para sostener sus operaciones y proyectar crecimiento.
En esa línea, el gremio industrial recordó que Paraguay ha construido su competitividad sobre la base de la estabilidad macroeconómica y condiciones favorables para el desarrollo industrial. Desde esta perspectiva, sostener ese posicionamiento requiere resguardar un entorno adecuado, donde las medidas regulatorias acompañen la realidad económica y social del país y permitan mantener la confianza de los inversores.
La UIP también remarcó la importancia de que las decisiones que influyen en la economía sean abordadas en espacios de diálogo amplio. A su criterio, el intercambio entre los distintos actores permitiría alinear las medidas regulatorias con los objetivos de desarrollo, inclusión y generación de empleo, evitando impactos negativos en la actividad productiva.
Asimismo, el gremio indicó que acompaña la preocupación de los sectores afectados y considera necesario avanzar hacia instancias de trabajo conjunto. El objetivo, según el pronunciamiento, es evaluar alternativas que permitan alcanzar soluciones razonables y equilibradas, sin afectar la accesibilidad a la movilidad ni el desarrollo industrial.
El planteamiento se produce en un contexto en el que la movilidad individual, especialmente mediante motocicletas, cumple un rol relevante en el empleo formal e informal, así como en actividades de logística, servicios y comercio. Por ello, la UIP advierte que cualquier modificación que encarezca el acceso a estos medios puede generar efectos multiplicadores en la economía.
Desde el sector industrial sostienen que la previsibilidad normativa es un elemento clave para sostener la inversión y el crecimiento. En ese sentido, reiteraron la necesidad de analizar el impacto de la resolución y promover mecanismos de diálogo que permitan compatibilizar los objetivos regulatorios con la sostenibilidad económica y la generación de empleo.
A TENER EN CUENTA
1 - Impacto social y en la movilidad laboral: La UIP advierte que el aumento en los costos de acceso a motocicletas afectará directamente la economía de miles de hogares que dependen de este medio para trasladarse a sus trabajos y realizar actividades económicas.
2 - Afectación a la cadena productiva y el empleo: Los cambios regulatorios no solo perjudican a los usuarios, sino que impactan negativamente en toda la cadena económica del sector automotor (ensambladores, concesionarios, talleres, etc.), poniendo en riesgo la producción y las fuentes de trabajo.
3 - Incertidumbre jurídica y freno a la inversión: La gremial industrial señala que los cambios abruptos en las reglas de juego generan incertidumbre, debilitando el clima de inversión y la competitividad.