El presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora de Abc Color, no se presentó ayer a la citación del Ministerio Público para la audiencia indagatoria, en el proceso por lavado de activos por el que está imputado, junto a otros miembros del Directorio del entidad bancaria, en la querella penal impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Al respecto, el abogado querellante, Claudio Lovera, señaló a La Tribuna que, a pesar de la no presentación de Zaldívar ante el Ministerio Público, la investigación fiscal debe continuar normalmente a fin de esclarecer los hechos señalados como presuntas operaciones dolosas previstas en el Art. 196 del Código Penal (lavado de dinero).
“Me imagino que el Ministerio Público lo volverá a citar”, expresó Lovera al tiempo de cuestionar los argumentos para la no comparecencia de Zaldívar ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía .”Ellos hace 5 meses ya fueron notificados de la admisión del acta de imputación, la investigación viene del año 2021, y cuando el Ministerio Público pidió a los EE.UU. la colaboración ya comunicó la sospechas de hechos que tenían y que ya eran conocidas por las defensas”, apuntó.
Explicó que la Fiscalía cumplió con el requisito de otorgar la oportunidad del imputado para defenderse. “Nadie está obligado a declarar. Y, declaren o no, las personas denunciadas, la investigación avanza. Esta es una oportunidad, cada uno tiene el derecho de hacer uso de esa oportunidad”, sostuvo Lovera.
Más adelante, comentó que existe un plazo para que los fiscales culminen con sus pesquisas y, por lo tanto, a pesar de que los imputados no realizan sus declaraciones, la tarea investigativa debe continuar. “El plazo que el Ministerio Público tiene para terminar la investigación es el 30 de abril del presente año, es el plazo ordinario”, mencionó.
Añadió que todas las defensas pidieron por motivos similares la suspensión de su declaración indagatoria. “Entiendo que el Ministerio Público fijará otra fecha. Es una oportunidad que la Fiscalía da a los denunciados, aunque ellos pueden hacer uso de eso o no. De todas maneras, si declaran o se abstienen de declarar, la investigación igual avanza”, recalcó.
Agregó que en este caso, los directivos de banco Atlas están imputados por lavado de activos como consecuencia de fideicomisos que realizaron respecto a certificados de depósitos de ahorro de Nicolás Leoz, que se conformaron con recursos ilícitos que obtuvo el dirigente a partir de conductas que perjudicaron el patrimonio de la Conmebol.
Conductas irregulares
“La Conmebol identificó conductas irregulares que realizó Nicolás Leoz entre el 2010 y el 2013 y que causó sendos perjuicios patrimoniales para la matriz del fútbol continental por un lado y por el otro obteniendo beneficios para Leoz. Esos beneficios, en una parte, claramente fueron lavados a través del banco Atlas por decisiones del directorio. Entonces, respecto a estos hechos, a eso se refiere tanto la denuncia como la querella por parte de la Conmebol”, sentenció Lovera.
Preguntado si las responsabilidades hoy recaen solo sobre las personas físicas o también podrían afectar la estructura del banco Atlas, el abogado de la Conmebol dijo que el Código Penal tiene ciertas disposiciones que deberán ser analizadas.
“Cuando una persona jurídica obtiene un beneficio a través de conductas realizadas por personas físicas, también puede ser alcanzada; en este caso, el banco obtuvo beneficios económicos y en consecuencia el banco puede ser alcanzado por el fideicomiso, por lavado de dinero”, enfatizó Claudio Lovera.
Es importante recordar que la Conmebol, a través de esta querella, busca recuperar unos 15 millones de dólares que asegura forman parte del patrimonio de los clubes sudamericanos.
Imposición de medidas
Lovera comentó igualmente que el juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó como fecha para la imposición de medidas al presidente de banco Atlas, Miguel “Miki” Zaldívar, el próximo 15 de abril. El magistrado deberá decidir si Zaldívar va litigar desde la prisión o fuera de ella, a través de medidas cautelares.
